Adelante Andalucía debe rectificar inmediatamente si no quiere escupir en la cara de docenas de economistas andaluzas

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En el Parlamento Andalucía se está negociando estos dias la renovación de la Cámara de Cuentas y de otros órganos de extracción parlamentaria, es decir, cuyos componentes son nombrados por la presidencia de la Junta a propuesta del Parlamento. Y esto último se hace en proporción a la representación de cada grupo político.

La composición partidista de estos órganos de control es uno de los grandes defectos de nuestra democracia porque, tal y como son elegidos, resulta que los controlados son los que terminan controlando. Sus efectos perversos los hemos visto incluso en muchas sentencias del Tribunal Constitucional, o en estos últimos días, cuando el Tribunal de Cuentas ha revocado la condena a Ana Botella por la venta masiva de pisos protegidos a “fondos buitre” gracias al voto de los dos consejeros directamente vinculados con el Partido Popular.

Muchos creímos que los nuevos partidos que se han incorporado a la vida política española, y en especial Podemos que fustigó a los demás por este tipo de vicios, traerían consigo nuevas prácticas a la hora de elegir para esos órganos a quienes en virtud de su representatividad les pudiera corresponder. Pero no es así.

Adelante Andalucía acaba de dar otra muestra de que es inútil confiar en esa formación para esperar regeneración y para que luche con coherencia contra los vicios de la vieja política.

No voy a poner en duda que el elegido por Adelante Andalucía para formar parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía, un licenciado en Economía y doctor en Sociología, sea adecuado para desempeñar las funciones que le corresponden a los consejeros de la Cámara. Imagino que se ve con capacidad para ejercer esa actividad tan especializada si ha aceptado el puesto, a pesar de que la auditoría de cuentas sea algo tan completamente ajeno a las actividades académicas y profesionales que ha desarrollado hasta ahora. Pero el asunto grave ni siquiera es ese.

Puede que esta persona esté preparada para ser consejero del órgano encargado de fiscalizar la gestión financiera, contable y económica de los fondos públicos en Andalucía pero lo que me parece escandaloso es que haya que traer a un hombre de fuera de Andalucía para ese cometido.  Aquí hay docenas de mujeres economistas y auditoras de todas las sensibilidades políticas y por supuesto también progresistas, de izquierdas e incluso simpatizantes o afiliadas a Podemos e Izquierda Unida, que con toda seguridad se puede afirmar que están mejor preparadas que la persona de fuera de Andalucía que ha sido propuesta por Adelante Andalucía para formar parte de nuestra Cámara de Cuentas.

Decía Adelante Andalucía en su programa electoral:

– “Necesitamos la voluntad política y el poder propio suficientes para construir una nueva estructura económica sobre una base (…) feminista….”,

– “Es preciso revisar el mecanismo de selección de sus integrantes (de la Cámara de Cuentas), reforzando su independencia”.

– “El carácter andalucista de Adelante Andalucía es un elemento vertebrador de nuestros objetivos de gobierno” y “queremos abrir una senda alternativa y ambiciosa basada en (…) el empoderamiento de Andalucía”.

Si es cierto que Adelante Andalucía está por la transparencia y por impulsar un nuevo tipo de hacer política y si quiere ser consecuente con su programa electoral está obligada a renunciar a la propuesta que ha hecho para la Cámara de Cuentas, que sólo puede explicarse por razones de amiguismo político, y proponer en su lugar a una mujer andaluza economista o auditora para ese puesto.

Que un partido consulte a las bases no es más democrático si simplifica lo que es complejo y pone en blanco y negro lo que está lleno de matices

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Yo soy partidario de que las decisiones que afectan a mucha gente se tomen con la mayor participación posible, con amplios debates, con deliberaciones profundas en las que se disponga de información abundante, contrastada y sistemática.

Defiendo y he defendido siempre que se hagan consultas a la gente cuantas veces haga falta. Pero combato la idea de que una decisión tomada como resultado de una consulta realizada de cualquier forma, en cualquier momento o sobre cualquier tipo de asunto sea por sí misma más democrática que la decisión adoptada a través de un mecanismo representativo. A mi juicio, la democracia no se amplía ni se fortalece sino que más bien se prostituye si la consulta simplifica los términos del debate, si hace que desaparezcan los matices o, si ante los problemas complejos planteados, sólo ofrece alternativas bipolares y de brocha gorda. Y eso es lo que creo que ocurre con la que está proponiendo la dirección de Podemos a sus afiliados en relación con la formación del próximo gobierno de Pedro Sánchez.

Vaya también por delante que en el debate que se está planteando entre el PSOE y Unidas Podemos no me siento cómodo con ninguna de las dos posturas que se defienden. Por un lado, creo que el PSOE no está expresando las razones auténticas por las que no desea que haya dirigentes de Unidas Podemos en su gobierno. Intuyo que más bien busca evitar una compañía indeseada por los grandes poderes e impopular por el desgaste de Podemos, y también poder desembarazarse lo más cómodamente posible de sus promesas electorales en un momento dado, si tuviera que asumir compromisos “de Estado” o ante Europa. Pero, por otro lado, me parece que Podemos se está equivocando al no ser consciente de la aversión que ha provocado en la sociedad el sectarismo e incoherencia de algunos de sus dirigentes, de lo justificado que puede estar que el PSOE desconfíe de una organización política que ha mostrado tantas veces su inmadurez e irresponsabilidad, de lo mal que se percibe que haya antepuesto “los sillones” a los programas y, lo que para mí es más importante, del coste político tan grande que tendría ligar su futuro a un partido con quien no para de señalar a cada instante que tiene diferencias de todo tipo .

La última prueba de la tremenda inmadurez política y de la irresponsabilidad de los actuales dirigentes de Podemos es la consulta que han planteado a sus bases.

Cualquier persona que haya tenido una mínima experiencia manejando asuntos colectivos a lo largo de su vida (en el trabajo, en la comunidad de vecinos, en el barrio, en asociaciones… en cualquier sitio) sabe que a los acuerdos se llega siempre a través de negociaciones, de tiras y aflojas, de concesiones mutuas, de tensiones y rifirrafes que en algunos momentos parecen irresolubles pero que de pronto se superan. Se sabe que todo eso se lleva a cabo con lenguajes sutiles, con guiños, con matices, con miradas, con mediadores. Y es evidente que nada de eso cabe en el planteamiento bipolar que se hace en la consulta propuesta a los afiliados de Podemos.

Dado su planteamiento, lo único que se puede conseguir con ella es un escudo protector como el que Pablo Iglesias e Irene Montero lograron con la consulta que supuestamente “legitimó” la compra de su chalé. Porque la que propone ahora la dirección de Podemos ni siquiera puede servir para avalar las posiciones alternativas extremas que ofrece pues, a poco que se hable, resultará con toda seguridad inevitable que aparezcan otras más matizadas que es imposible que encajen en un planteamiento de blanco y negro tan maniqueo y simplista.

Reducir las alternativas existentes a las que plantea la consulta es, como bien ha dicho Teresa Rodríguez, un insulto a la inteligencia, porque hay más opciones y mejor planteadas. Hay que abordar los problemas que plantea poner en marcha un gobierno como lo que son, problemas complejos, con matices, susceptibles de abordarse desde perspectivas diferentes y problemas, en fin, que no son estáticos como da a entender la consulta de Podemos, sino que van cambiando a lo largo de la negociación.

Podemos ha aportado muchas cosas positivas a la política en España pero sus dirigentes cometen una gran irresponsabilidad en esta ocasión. No pueden escurrir el bulto ni parapetarse en las bases para sacar adelante el apriorismo que defienden.

Lo secundario no puede ser lo primero: que discutan qué hacer y luego con qué ministros hacerlo

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Cuando en diciembre de 2015 se celebraron elecciones generales en nuestro país, los dos grandes partidos sobre los que había descansado la gobernabilidad del Estado desde los años 80, PP y PSOE, estaban mucho más que tocados del ala. Hicieron frent a la crisis con decisiones claramente impopulares sin apenas tomarse la molestia de justificarlas seriamente ante la población y ambos, aunque sobre todo el PP, aparecían claramente como los responsables de la corrupción generalizada y vergonzosa que se extendía por todos los rincones de España. Gritando «no hay pan para tanto chorizo» o «no nos representan», quizá la expresión más penosa y clara de la degeneración de una democracia, millones de españoles proclamaban su indignación y su firme deseo de que las cosas cambiaran.

Como se esperaba, en aquellas elecciones se produjo una debacle de esos dos grandes partidos y emergieron con fuerza otros dos (Podemos que ya había tenido una exitosa irrupción en las europeas de 2014 y Ciudadanos), implícitamente llamados por el electorado para liderar la regeneración de nuestra vida política.

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Huawei y las bolsas de valores: Trump juega con fuego

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En el capitalismo de nuestros días germinan crisis de muy diferente naturaleza que aparecen de forma recurrente. Unas son sistémicas porque cuando aparecen “contaminan” inevitablemente a todo el sistema. Así son las financieras porque afectan al dinero o crédito, sin el cual no puede funcionar la economía. Otras son estructurales, porque provienen de la naturaleza intrínseca del sistema capitalista. Por ejemplo, las que producen la desigualdad derivada de la mercantilización del trabajo (que periódicamente produce crisis de demanda por la caída de la masa salarial), o la ambiental, como consecuencia de mercantilizar también el uso de los recursos naturales, sometiendo la naturaleza al afán de lucro. Otras son de escala y características diferentes, producidas por una sola causa o por una conjunción de ellas, y pueden alcanzar una envergadura mayor o menor según que afecten a variables más o menos determinantes del funcionamiento o del equilibrio del sistema en su conjunto. Eso ocurrió con la de los años 70 del siglo pasado.

Como traté de demostrar en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas, estos últimos, cuando se basan en el saber convencional, en la ortodoxia dominante, no suelen ser capaces de anticipar las crisis y de darles solución adecuada. Es así porque parten de premisas falsas y porque no utilizan métodos de análisis adecuados para poder entender lo que en realidad es la economía: un sistema complejo cuyo funcionamiento no se puede explicar con las herramientas simplistas de la teoría económica dominante .

En mi opinión, esta falta de acierto se está produciendo de nuevo en estos momentos: los economistas convencionales y las autoridades que se basan en sus opiniones intuyen que se aproxima una crisis importante pero están apuntando, otra vez, al lado equivocado. Creen que vendrá por la desaceleración de la actividad que se viene produciendo en los últimos meses o como resultado de otro zarpazo de volatilidad financiera, como el que provocó la de 2007-2008. Pero se equivocan.

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Todo el crecimiento de la deuda pública en la UE desde 1995 corresponde a intereses

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La oficina estadística europea, Eurostat, publicó el mes pasado los últimos datos oficiales sobre la deuda pública en la Unión Europea.

A finales de 2018, la deuda total acumulada por los gobiernos de los 28 país miembros sumaba 12,7 billones de euros y el de los países de la UE(19) 9,86 billones. En el primer caso, fueron 136.000 millones más que en 2017 y en el segundo 99.000 millones, es decir, que creció más o menos un 1% anual (datos aquí).

Por otro lado, la cantidad pagada por los gobiernos en concepto de intereses en 2018 fue de 293.983,2 millones de euros en la UE(28) y de 213.177,5 millones en la UE(19). datos aquí.

Pero lo más interesante es comparar el aumento de la deuda pública europea con la suma pagada por intereses a lo largo del tiempo.

Según los datos históricos de Eurostat, desde 1995 -año en que comienzan a proporcionarse datos para la UE(19)- hasta 2018, la deuda total aumentó en 5,79 billones de euros y durante esos años se pagaron 6,4 billones de euros en intereses. Es decir, el 110,6%. Lo que significa que no sólo la totalidad del crecimiento que ha tenido la deuda pública europea en los últimos 18 años, sino incluso un poco más, corresponde al pago de intereses. Sigue leyendo

Una gran oportunidad

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La coyuntura internacional y la situación interna podrían proporcionar en los próximos cuatro años condiciones bastante favorables para que el nuevo gobierno de España pusiera las bases de un cambio histórico del modelo económico, social y político que nos ha convertido en un país destructor de empleo productivo y cada día más desigual, en lo económico, y sometido en lo político por el poder de los grupos oligárquicos que llevan decenios gobernando realmente en nuestro país.

No es fácil en nuestro tiempo que los gobiernos nacionales dispongan de suficiente capacidad de maniobra como para avanzar contra corriente, pero la coyuntura en la que nos encontramos quizá pueda ofrecernos una inusitada oportunidad para cambiar, siempre que no se hagan tonterías sino que se actúe con inteligencia, pensando en los intereses y prioridades de la inmensa mayoría de población y con un buen manejo de las formas y los tiempos, sin alardes ni palabras vacías.

En el exterior, me parece que hay dos circunstancias que abren una ventana de oportunidad quizá sin precedentes en los últimos 20 o 30 años.

Es cierto que se avecina una desaceleración económica muy fuerte y que lo más probable es que en poco tiempo se produzca una nueva crisis pero en esta ocasión, aunque pudiera ser de considerable envergadura o incluso espectacular por sus manifestaciones, no tendrá el carácter sistémico de la que estalló en 2007. Sigue leyendo

¿Quién quiere privatizar las pensiones públicas aunque diga lo contrario?

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En las últimas horas se ha levantado revuelo en los medios de comunicación porque el presidente Pedro Sánchez ha acusado al Partido Popular de querer privatizar las pensiones. Enseguida, desde el Partido Popular lo han negado, concretamente a través de mi amigo Daniel Lacalle (la noticia aquí).

Como siempre, el debate (si a estos rifirrafes se le puede llamar debates) tiende a generar confusión por los términos en que se plantea.

Es cierto que en España, salvando a algún ultraliberal sin responsabilidades políticas, casi nadie aboga por la sustitución completa del actual sistema público de pensiones (basado en el reparto, es decir, en que los cotizantes actuales financien con sus salarios las pensiones actuales) por otro de capitalización (basado en que cada persona ahorre lo que pueda, que ese ahorro lo gestionen fondos de inversión y que el ahorrador “rescata” ese ahorro más los intereses como pensión).

Las razones de por qué no se defiende abiertamente la privatización de las pensiones públicas son tres. La primera, que la inmensa mayoría de los votantes de todos los partidos prefiere y defiende que se mantengan como tales. La segunda, que es muy difícil de vender lo que la experiencia de los fondos de pensiones de capitalización privada han demostrado: que son muy inseguros, poco rentables y que terminan por dejar tirados a los ahorradores si no son rescatados con dinero público, bien a través de ayudas fiscales o directas del gobierno. Y la tercera, porque es muy comprometido decirle a los votantes que lo que en realidad se está proponiendo es un sistema que sólo va a proporcionar pensiones de jubilación a quienes a lo largo de la vida laboral hayan podido ahorrar, algo que con los salarios actuales no puede hacer todo el mundo.

Es por esas tres razones por lo que ni los propios liberales ni los bancos y demás entidades financieras que son quienes más están interesados en que haya un sistema de capitalización que les permitiría manejar una suma inmensa de ahorro, defienden un cambio radical. Y es por eso que desde hace años han optado por plantear una estrategia más sutil para llegar a la privatización: dejar que el sistema de pensiones públicas se vaya debilitando sin que se note mucho (básicamente reduciendo la pensión por diferentes métodos), al mismo tiempo que fomentan que la gente vaya recurriendo cada vez más al ahorro privado mediante incentivos, publicidad, ayudas fiscales y, sobre todo, con un discurso catastrofista y machacón orientado a convencer a la gente de que en el futuro no será posible que haya pensiones públicas (sobre todo, por un argumento falso pero muy convincente de crecimiento demográfico).

Pero es evidente que quien propone que una parte de las pensiones se financie a través de un sistema de capitalización está defendiendo que se privaticen las pensiones públicas, en todo o en parte. Y es evidente también que, en un sistema de vasos comunicantes, es decir, de recursos limitados, más recursos en el lado privado supone menos en el público y, por tanto, su muerte a cámara lenta. Sigue leyendo

Las mentiras y burradas económicas de Pablo Casado son incompatibles con la democracia

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En un artículo anterior mencioné algunas de las mentiras recientes del secretario general del Partido Popular y, en concreto, las que tenían que ver con su propuesta de bajar o eliminar impuestos (aquí). Y otros economistas han hecho más o menos lo mismo.

Pero no sirve de nada. Casado es un mentiroso compulsivo, alguien a quien no le importa inventarse datos para tratar de descalificar a sus adversarios, a veces, llegando a decir auténticas burradas, como la que voy a comentar enseguida.

Hace unos días, hizo en Vitoria una serie de afirmaciones (tal y como puede verse en un video pinchando aquí) que son completamente falsas, sin relación alguna con la realidad.

– Dijo Casado: “La inversión ha caído un tercio en España, 13.000 millones menos de inversión internacional”. Y Casado miente:

Esos 13.000 millones son la diferencia entre el segundo y el tercer trimestre de este año pero esa cifra se debe a que en el segundo trimestre de 2018 se registró una entrada extraordinaria de inversión extranjera de más de 20.000 millones de euros, pues una sola empresa recibió más de 14.000 millones ella sola.

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¿Quién debería pedir perdón a quién y por qué?

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Yo soy una persona con muchos defectos como saben bien las personas que me conocen. Pero hay uno que no tengo: pido perdón sin ninguna dificultad e incluso lo he hecho muchas veces en mi vida siendo consciente de que no había muchas razones para hacerlo, pero convencido de que así reconfortaba a otra persona o la dejaba más tranquila.

Por eso no me siento ofendido ni molesto cuando el presidente mexicano López Obrador nos ha reclamado a los españoles que pidamos perdón ahora a su pueblo «por los agravios» de la conquista.

No me parece mal que se pida perdón a quienes sufrieron los inconvenientes y el daño de todo tipo que pudiera haberse producido a lo largo del tiempo como consecuencia de la conquista por los españoles de aquellos territorios. Una conquista, por cierto, que no culminó en colonización, como ocurrió con las de otras potencias en otros lugares y momentos de la historia, sino con la consideración como españoles de quienes allí vivían por entonces.

Pero me pregunto si, al igual que habría que pedir perdón por el agravio y los daños de la conquista, también habría que dar las gracias por el progreso que proporcionó la presencia en aquellas tierras de miles de personas más cultas y preparadas que ayudaron a crear los hospitales o los centros educativos más avanzados de entonces allí donde antes de su llegada no había más que retraso y en muchas ocasiones barbarie y sufrimiento. Sigue leyendo

Las grandes empresas no son lo que nos dicen

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Uno de los errores más habituales en cuestiones economicas (inducido por la literatura mayoritaria) consiste en creer que las grandes empresas son las más avanzadas, las que gestionan mejor, las más productivas, las que se encuentran en la vanguardia de la innovación, las que más empleo crean y las que mejor resuelven los problemas de las personas, de las demás empresas y de la economía general. De ahí a que sus intereses se confundan con los de la sociedad en su conjunto, o a que su marca se identifique con la nacional (Marca España), no hay nada más que un paso

La realidad es otra.

Aunque los defensores del capitalismo achacan sus virtudes a que promueve la competencia y el buen funcionamiento de los mercados, lo cierto es justamente todo lo contrario. La historia de la economía capitalista es la de la lucha de las empresas para acabar con la competencia, aumentando su poder de mercado y concentrando cada vez más el capital.

Los datos no dejan lugar a dudas.

Según informe reciente (aquí), el 65% de las ganancias mundiales antes de impuestos corresponde a las empresas que ganan más de 1.000 millones de dólares. Y el 10% que más gana de ellas, captura el 80 % de todos los beneficios que generan.

En Estados Unidos, cinco bancos controlan el 80% de los activos, cuatro compañías todo el tráfico aéreo, dos grandes empresas el 90% de toda la cerveza que se bebe allí, un solo proveedor el acceso a internet del 75% de los hogares. Y esa concentración no ha parado de crecer: hace 30 años, por ejemplo, el 90% de la industria de los medios de comunicación de Estados Unidos se concentraba en 50 empresas, hoy día en sólo 6; y en los últimos 20 años, 4 grandes bancos han pasado a ocupar el lugar que antes correspondía a 37.

Una investigación publicada en 2011 (aquí) reveló que el 80% del valor de las 43.000 compañías multinacionales más grandes del planeta estaba controlado por 737 accionistas y el 40% por sólo 146. Hoy día, la situación sería peor porque se ha demostrado que en las últimas dos décadas, el 75% de las empresas estadounidenses han aumentado sus niveles de concentración de capital (aquí).

Pues bien, a diferencia de lo que se quiere hacer creer (normalmente por parte de las propias grandes empresas que contratan a economistas, políticos o periodistas y compran medios de comunicación o centros académicos para ello) esta concentración orientada a incrementar el poder de mercado de las empresas no las hace más productivas e innovadoras, sino justamente lo contrario.

Hace unos días se publicó una investigación de Germán Gutiérrez y Thomas Philippon (aquí) que demuestra que en los últimos 60 años las grandes empresas han disminuido en un 40% su contribución al aumento de la productividad en la economía de Estados Unidos y que hoy día su contribución es cero. Tampoco ahora emplean a más trabajadores, a pesar de su mayor tamaño y presencia en el mercado, ni es mayor el porcentaje de sus ventas sobre el PIB.

Esos mismos autores han demostrado que la razón de la cada vez más baja contribución de las grandes empresas a tirar del carro de la economía se debe a que la concentración y el creciente poder de mercado es un desincentivo para la inversión, entre otras cosas, porque ahora obtienen más beneficios que las de hace 60 años simplemente porque pagan muchos menos impuestos.

Ya lo saben. Cuando les pongan como ejemplo a empresas como Amazon, Facebook, Google, Apple… o en España a Telefónica, Repsol, Endesa… y otras de ese tipo, cuando les quieran convencer de que hay que satisfacer sus intereses porque ellas son las que tiran de la productividad y, en general, de todas nuestras economías, no hagan caso. El inmenso poder de esas grandes empresas es directamente proporcional a su ineficiencia. Más vale controlarlas y someterlas que dejarlas hacer porque son ellas las que destruyen la competencia y los mercados y las que traen consigo las crisis y las pérdidas de empleo y bienestar.