Publicado en Nueva Tribuna el 13 de octubre de 2010
Aunque no se conoce en toda su concreción, sabemos ya que el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco para aprobar los Presupuestos Generales del Estado comporta como gran novedad la transferencia al País Vasco de la política de empleo basada en subvenciones a empresas que suponen una reducción en su cotización a la Seguridad Social. Una transferencia que, a diferencias de las otras en materia de contratación o de formación, puede ser jurídica y políticamente bastante problemática y controvertida.
Por una parte puede ser lógico que esta nueva competencia también la tengan las comunidades autónomas porque forma parte de las políticas de empleo, cuya componente instrumental pueden transferirse según la doctrina del Tribunal Constitucional.
El problema radica en determinar si eso supone una ruptura de la «caja» de la Seguridad Social, es decir si ésta va a perder recursos o si los que se vayan a generar de modo desigual y desconcentrado no van a ir a parar a ella.
En mi opinión, esta transferencia no tiene por qué afectar a la caja de la Seguridad Social en su sentido económico y financiero porque parece que se va a asegurar que cada euro que el gobierno vasco dedique a subvencionar a una empresa y que suponga un recorte en su cotización a la seguridad social va a ser luego repuesto a la caja única.
Otra cosa sería que la valoración que se haga de esos recursos no sea correcta y se proporcione financiación privilegiada para el País Vasco o al revés, que es lo más posible, porque ya ha dicho el PNV que lo que busca es el fuero, no el huevo. Aunque esto, que quizá no tendría por qué ocurrir si se cierra bien la «letra pequeña» del acuerdo, no tendría que ver con la caja de la seguridad social.
Sin embargo, el acuerdo puede ser preocupante desde otro punto de vista.
El Tribunal Constitucional ha sentenciado en varias ocasiones que se debe impedir que haya diversas políticas territoriales de Seguridad Social. Y lo que puede que no esté tan claro es si el ejercicio que haga de esta transferencia la comunidad autónoma que la reciba, de momento solo el País Vasco a partir de este acuerdo, no implica necesariamente hacer una política distinta a la del Estado en una materia nuclear del sistema de la seguridad social.
Efectivamente, podría argumentarse que no es igual gestionar mejor o peor la colocación a través de los servicios de empleo u optimizar más o menos los servicios de formación, por ejemplo, que conceder más o menos subvenciones a las empresas, porque esto último sería una posibilidad que derivaría de la riqueza de cada comunidad y que, en consecuencia, podría convertirse en factor multiplicador de la desigualdad y de los desequilibrios existentes, anulando así el efecto equilibrador que debiera tener el sistema de la seguridad social.
Por tanto, habría que determinar si este acuerdo choca o no con los criterios de diversas sentencias del Tribunal Constitucional. Este ha mantenido en varias de ellas que las políticas de empleo son transferible pero no las políticas de bonificaciones de la cuota de las empresas a la Seguridad Social que afectaran a los recursos o ingresos de la caja de la Seguridad Social, de modo que lo que habría que establecer taxativamente es que eso no ocurre si se garantiza el reintegro de las que pudiera establecer el País Vasco.
Pero la cuestión política sustantiva (que en el fondo igualmente habrá de considerar el Tribunal Constitucional) se centra en otras dos cuestiones: si es formalmente compatible con el marco constitucional de nuestra seguridad social el que haya diversas políticas de subvenciones (con independencia de que mantenga la unidad de caja), es decir, si éstas son algo más que meros instrumentos de una política activa de empleo y, además, la de cómo va a afectar este acuerdo a las políticas de solidaridad interterritorial y de igualdad en todo el Estado.
En mi opinión, con lo que se sabe del pacto entre PNV y PSOE, es verdad que se puede garantizar que los ingresos de la caja sigan siendo iguales que antes del acuerdo, siempre que eso se garantice en la letra pequeña del acuerdo que no conocemos. Además, no habría que temer por ello. Si implicaran otra cosa, como dice el Partido Popular que implican, el Tribunal Constitucional lo impediría. Conviene, pues, tener la cabeza fría y recordar una vez más que los dirigentes de la derecha, aunque siempre se pronuncien como tales, no son los guardianes o intérpretes supremos de la Constitución.
Sin embargo, con este pacto quizá sí se esté dando lugar a que nazcan políticas de empleo diferentes en aspectos bastantes más determinantes de la igualdad y la solidaridad que los que tienen que ver con la gestión de las contrataciones o la formación hasta ahora transferidos en algunas otras comunidades. Y, por tanto, a que se rompa la hasta ahora política única del Estado en una materia tan importante que precisamente por ello se ha mantenido como tal y no se ha transferido. Algo quizá más sutil que la simple discusión económico-financiera de la unidad de caja y que por ello debería haber sido objeto de un debate más general y no solo limitado al acuerdo coyuntural con un partido minoritario de una sola comunidad autónoma.
Lo que me parece, pues, auténticamente lamentable es que el gobierno no haya planteado el asunto de la política general de la seguridad social (que equivale a decir el de la solidaridad y equilibrio entre nuestros territorios y personas) en el espacio político más amplio, plural, transparente y democrático que se merece por su trascendencia social. Y que asuntos vitales para el mantenimiento de la cohesión y la vertebración solidaria del Estado quede al albur de una negociación que al fin y al cabo solo busca disponer de puñado de votos más para salvar una votación parlamentaria, aunque ésta sea tan trascendente como la de unos Presupuestos Generales del Estado.