Demagogia fiscal

Escuchar

El inicio de la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, muy pocodespués del anuncio de una nueva reforma del mismo, permite comprobar el tipo de intereses a los que sirve la política fiscal del gobierno de Aznar así como la retórica falsa con la que se encubre.

 

Una vez más, estas fechas sirven para lanzar a los cuatro vientos la idea de que España va bien y que, precisamente por eso, disminuyen progresivamente los impuestos que pagan los
ciudadanos.

 

Gracias a la influencia que tienen los medios de comunicación que apoyan estas ideas se puede confundir tan cínicamente a la opinión pública en cuestiones fiscales. Bastaría con echar una elemental mirada a nuestro entorno más cercano para comprobar claramente que los países más prósperos de la Tierra no son aquellos donde los impuestos son bajos sino justamente lo contrario. Nos guste o no, las mayores tasas impositivas son la manifestación de que hay más riqueza y de que ésta, al mismo tiempo, se distribuye mejor. Solamente aquellos que se oponen a la distribución más equitativa de los recursos pueden desear que bajen los impuestos, sabiendo como se sabe que los resultados distributivos de los mercados son generalmente indeseables desde el punto de vista de la equidad y la justicia más elementales.

 

En una sociedad como la española, donde aún se produce una distribución de la renta y la riqueza muy desigual, que se manifiesta en el acceso muy asimétrico a bienes colectivos como los servicios personales o los niveles más cualificados de la enseñanza, por citar sólo dos ejemplos elementales, la idea de que bajar los impuestos es una manifestación del progreso resulta, cuando menos, sencillamente cínica. No sólo equivale a renunciar a distribuir mejor los resultados de la actividad económica o a generalizar el acceso a los bienes colectivos de los que disfrutan los países más avanzados, sino que incluso implica la imposibilidad de sufragar inversiones imprescindibles para hacer sostenible el modelo de crecimiento en el que ahora es tan fácil obtener beneficios a corto plazo.

 

Pero lo que resulta verdaderamente surrealista es que el Gobierno de Aznar se presenta como el adalid de la bajada de impuestos y de sus bondades cuando, en realidad, la presión fiscal no ha hecho sino aumentar bajo su mandato. Maestros como son en la manipulación y el ocultamiento, callan que entre 1995 y 2000 la presión fiscal pasó de representar el 33,3% del PIB al 35,7%.

 

No es verdad, pues, que Aznar haya bajado los impuestos de los españoles. Lo que ha hecho su Gobierno ha sido aliviar, principalmente, la carga fiscal directa de las rentas más altas, es decir, el impuesto sobre la renta, pero aumentando, al mismo tiempo la imposición indirecta. La recaudación por este último concepto ha pasado de ser el 45,3% del total en 1995 al 49,9% en 2000.

 

La estrategia fiscal del Gobierno no ha sido otra que disminuir la carga que soportan las rentas más altas.

 

Los cambios que se llevaron a cabo o que se van a introducir para reducir los tramos impositivos, el tipo marginal, el tratamiento fiscal de las plusvalías, de los dividendos, de los fondos de pensiones o de la transparencia fiscal, son las vías de escape que permiten a las rentas más elevadas eludir la imposición más progresiva. Paralelamente, la pérdida de ingresos fiscales que ello conlleva, de polémica estimación pero que se puede cifrar como mínimo en 400.000 millones de pesetas (unos 2.400 millones de euros), se conjuga con el incremento en la imposición indirecta, mucho más injusta e incluso con efectos mucho más negativos desde el punto de vista de la competencia, la competitividad y la eficiencia presente y futura de la economía española.

 

La política fiscal del Gobierno de Aznar resulta, en consecuencia, doblemente gravosa, perjudicial e injusta. Por un lado, no es coherente con el propio objetivo que se marca, es una política falsa y que implica un sistema de incentivos perverso para la actividad económica: se propone aparentemente bajar los impuestos, pero a la postre eleva la presión fiscal, aunque al hacerlo por una vía espuria e ineficiente, ni siquiera puede tratar de aprovechar todo lo que en términos de recaudación fiscal no problemática puede dar de sí la economía española (cuya presión fiscal está seis puntos por debajo de la europea).

 

Por otro lado, el encorsetamiento fiscal al que lleva un sistema impositivo que cada vez se concibe más para aliviar la carga de las rentas altas, debe acompañarse de una reducción del gasto público, que ha pasado de representar el 45% del PIN en 1995 al 39,8% en 2000 y del destinado a protección social, en concreto, que ha bajado del 22% al 19,9% en el mismo periodo. Esta evolución del gasto público es especialmente gravosa y dañina en el caso español puesto que nuestro nivel de dotación de capital y bienes colectivos es mucho menor que el del entorno con el que hemos de competir, y una de las falacias más incosistentes que se pueden sostener hoy día consiste en pensar que la competitividad es sólo una cuestión costes y no vinculada a la condición global de la oferta de recursos.

 

Como ha ocurrido siempre, la política fiscal es la expresión más fiel de los intereses que protege la acción gubernamental y el Gobierno de Aznar no puede ocultar de ninguna manera su
verdadera función y su propósito de favorecer a los privilegiados de siempre.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.