Desahucios y amenazas a la banca

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Publicado en Público el 15 de julio de 2013

La reacción de las autoridades europeas y del gobierno español contra el decreto de la Junta de Andalucía que pretende limitar el drama social de los desahucios es una de las más miserables y vergonzosas que hemos vivido a lo largo de la crisis. Y eso que hay muchas de este tipo para elegir.
A mi juicio es una reacción miserable y vergonzosa de Europa y del Gobierno de Rajoy justo porque llevan razón en lo que dicen.

¡Claro que ese decreto amenaza a la banca y supone un peligro para la inversión inmobiliaria que predomina hoy día!

Es evidente que -en la situación actual de la banca- si de un día para otro se generalizase la dación de pago o se permitiese que las personas más humildes que han perdido su puesto de trabajo y sus ingresos no tuvieran que hacer frente a sus deudas bancarias en las condiciones pactadas, los balances bancarios se resentirían y que incluso podría provocarse un auténtico caos en el sector.

Tampoco hace falta ser un gran experto en negocios inmobiliarios para entender que la inversión cortoplacista que mueve el dinero buscando simplemente ganancias especulativas se sentiría igualmente amenazada si se obliga a que los derechos de propiedad que lleva consigo respeten una función social de elemental satisfacción humana. Por supuesto que todo es así y que las autoridades que combaten el decreto tratando de que el Tribunal Constitucional lo anule llevan toda la razón: es una amenaza. Pero lo que ocurre es que ese no es el verdadero problema que se debe resolver.

El decreto de la Junta de Andalucía es una amenaza para la banca porque la actividad que ésta lleva a cabo últimamente es materialmente incompatible con la justicia más básica, con la función económica de financiación a empresas y consumidores que se supone debe desempeñar y con el equilibrio económico elemental que se debe guardar en toda sociedad para que el conflicto no estalle y todo se venga abajo.

Es verdad, como digo, que tratar en estos momentos de evitar que las familias pierdan sus viviendas porque dejan de pagar unos cuantos cientos de euros al mes a los bancos es una amenaza para estos. Pero si eso es así no es porque la pretensión del decreto sea desmesurada sino porque la banca se ha situado por decisión propia, buscando niveles de beneficio desorbitados a través de una multiplicación compulsiva y artificial de la deuda, en una situación de mínimos en cuanto a solvencia y seguridad. Porque ha querido situarse durante demasiado tiempo en el filo de la navaja para obtener ganancias y poder extraordinarios a costa de su propio equilibrio financiero y patrimonial y de la estabilidad de todos y del sistema económico en su conjunto.

La cuestión, pues, no puede consistir en limitarse a constatar, como hacen los dirigentes europeos y los del Partido Popular español que trabajan para la banca, que frenar los desahucios tan injustos que se vienen produciendo es una amenaza. Lo que hay que hacer es determinar por qué la justicia amenaza a la banca y por qué ésta es incompatible con una reivindicación ciudadana tan ampliamente apoyada.

Por el contrario, imponer unilateralmente el principio de que el interés de los banqueros ha de prevalecer sobre la justicia y las preferencias sociales mayoritarias no solo es dictatorial sino algo muy perjudicial para la vida de las empresas y del conjunto de la economía.

Las consecuencias de que los bancos actúen con plena libertad, sin apenas restricción legal o moral alguna, ya las estamos viendo: no solo llevan a situaciones límites a las personas físicas y a las empresas sino que paralizan a las economías porque dedican los recursos a la especulación y a lograr tasas desproporcionadas de beneficio que, para colmo, conllevan un poder político excesivo que tiende a desmantelar las democracias. La banca actual, cuya actividad principal consiste en alimentar la inversión especulativa recurriendo para ello a todo tipo de fraudes, a los paraísos fiscales y a la utilización opaca y delictiva del dinero, es el principal obstáculo para salir de las crisis permanentes y para generar empleo y estabilidad económica. Esa es la verdadera amenaza que hay que evitar.

Por eso, cuando se detecta que un decreto justo, ampliamente deseado por la población (ni siquiera el grupo parlamentario del Partido Popular votó en su contra en el Parlamento andaluz) y que resuelve un grave problema social, amenaza a la actividad bancaria lo que hay que hacer es conseguir que la banca sea compatible con él y no al revés. Es decir, corregir los defectos en la actividad de la banca y no obligar a la sociedad a tener que sufrirlos.

La banca de nuestros días es la que ha provocado las crisis financieras en las que nos encontramos. Es la culpable de que miles de empresas cierren y de que tantas familias pierdan injustamente sus viviendas. Ella misma es la responsable de que los bancos estén quebrados, de que sean auténticos zombis que no hacen nada más que absorber sin descanso miles de millones de euros que entonces no pueden destinarse a crear empleo y bienestar social. Y todo eso lo ha provocado sin necesidad. O mejor dicho, porque gracias al poder político acumulado por los banqueros se ha conseguido convertir en sacrosanta necesidad social lo que simplemente es el interés particular de unos pocos.

Eso es lo que hace que el decreto de la Junta de Andalucía sea una amenaza y, por tanto, la respuesta no puede ser paralizar su aplicación para dejar tranquila a una banca que no funciona y cuya actividad irresponsable paraliza la economía y cada día nos cuesta más dinero.

Si la banca española estuviera funcionando bien, si se dedicase a financiar a las empresas y consumidores ayudando a crear empleos, si estuviera actuando al servicio de la creación de riqueza sostenible, entonces quizá alguien podría criticar que un decreto fuese excesivamente socializante (que ni siquiera lo es) o que una sensibilidad social exagerada del gobierno andaluz pusiera en peligro ese funcionamiento.

Pero lo que sucede es justamente lo contrario: lo que se busca con este decreto es que la banca cumpla con su función económica y social genuina y que sirva para que la economía funcione como un sistema de satisfacción de las necesidades humanas y no como un cataclismo constante en aras de beneficiar a una proporción ínfima de la población.

Yo sé que se trata de una expresión fuerte, desacostumbrada y que hace que algunos me califiquen de radical o exagerado. Pero es que creo firmemente que lo que sucede es que la banca, además de actuar de forma claramente anti social, anti empresarial y anti económica, se ha convertido en una actividad criminal porque atenta ya contra el bienestar, el patrimonio, la seguridad e incluso la vida misma de millones de personas, de la inmensa mayoría de los seres humanos. Solo eso puede explicar que se sienta amenazada por medidas como las que trata de poner en marcha la Junta de Andalucía. Por tanto, lo que hay que corregir es la naturaleza de su negocio, y no los intentos de paliar el daño que hacen los banqueros.

Finalmente no quiero terminar este artículo sin mencionar que el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse próximamente sobre el decreto puesto que éste ha sido recurrido por el gobierno central.

Conociendo cómo se ha elegido a sus miembros y cuáles son su militancia y servidumbres no tengo muchas dudas sobre el veredicto. Quisiera equivocarme, pero me atrevería a aventurar que estamos a la puerta de otro escándalo vergonzoso que supeditará la justicia y la voluntad social a las imposiciones de los banqueros. Hay que esperar a su sentencia pero si finalmente el Constitucional sacrifica el decreto, es decir, si supedita la justicia social al beneficio bancario, tal y como ha pedido la Troika, no quedarán más dudas de que la corrupción se ha adueñado de todas las instituciones y de que es imposible convivir con este régimen institucional y con el sistema financiero que tenemos, en manos de auténticos irresponsables.

8 pensamientos en “Desahucios y amenazas a la banca

  1. Completamente de acuerdo. Se trata de una cuestión de enfoque.

    Un saludo.

  2. Ni radical, ni exagerado, certero siempre. Lo que resulta radical y exagerado es el empeño en que la banca continúe aumentando sus beneficios al margen de la economía real y de la vida de la gente real, eso sólo sirve a aquellos que intentan mantener el sistema neoliberal, al resto los hunde. Gracias por sus artículos y libros. Cristina.

  3. Es una vergüenza ,el apoyo manifiesto del mundo entero,al sistema bancario, muy bien dicho,es el causante de todo el desastre mundial producido por la gran avaricia bancaria, sumado al mundo especulativo de la inversión.

  4. Aunque se reitere, gracias por la reiteracion. Ya lo ha escrito ud previamente y tambien J. E. Stiglitz en su libro sobre la desigualdad y otros muchos mas.No hay que caer en el desanimo.
    Son los que mandan.
    Puede que mas pronto que tarde esto cambie.
    Un saludo

  5. De radical, nada de nada, amigo. Verdades como puños dices siempre. Y, al parecer, va a ser verdad la incompatibilidad de vida con estas instituciones que nos desgobiernan y el sistema bancario que nos asfixia con permiso de las primeras.
    Enhorabuena por el espléndido análisis y el equilibrio con que expones todas las verdades.

  6. Estamos en manos de los sinvergüenzas, y la justicia vendida a la pero calaña social. Los opresores de la ciudadanía.
    Mal camino llevamos si continúan los abusos, y la mano dura. El pueblo acabará por explotar.

  7. ¡caramba!…ni me cuenta me di de que hay otra Cristina. Yo soy la de Buenos Aires y no escribiría si hubiera pensado igual a mi tocaya de más arriba. Pienso que Juan Torres está atravesando un proceso de radicalización. No se nace radical, te hacen…y de a poquito. Si después de explicar y explicar y explicar a gobernantes y banqueros apelando a su buena fe, la respuesta es primero hacerse el sordo, y después censurarte y después reprimirte y después encarcelarte, pues lo más natural es que te radicalices. Ellos lo saben, por eso recortan presupuestos en todo menos en seguridad interior.

  8. Buenas.
    De acuerdo como casi siempre.
    Estos falsarios es muy posible que acaben declarando inconstitucional el decreto. Al fin y al cabo no son más que los mastines del poder.
    Pero se van a quedar con el culo al aire, porque todas las alegaciones contra el decreto es por “atacar la sacrosanta propiedad privada y el derecho que la ampara” y si no lo he entendido mal, el tal decreto NO PRIVA DE LA PROPIEDAD de los inmuebles al banco. Únicamente plantea la obligación durante un tiempo limitado de dejarlo en alquiler ¡que la propia Junta pagaría! y pasado ese tiempo, el banco ( o labrón, que es lo mismo) recuperaría el pleno dominio sobre su propiedad.
    Si me equivoco en el planteamiento, que álguien me corrija, no he leído el decreto completo, pero no se habla en ningún sitio de “expropiación” o incautación del inmueble, si no de una limitación de derecho sobre él.
    Si los del constitucional, tienen los santos cojones de plegarse a Bruselas y sus mariachis, después deberán:

    a) Declarar inconstitucional la “Ley de Expropiación Forzosa” ¡franquista hasta la médula y que NADIE pone en duda. Y esa SÍ te manga las propiedades a las que tú no quieres renunciar y a precios miserables “en-aras-de-un-interés-mayor” Otrosi digo: ¿Qué pasa cuando un (pogamos gaseoducto u otra conducción) te atropella un terreno? PRIMERO: te ocupan durante el tiempo que duran las obras y te pagan por ello una miseria. SEGUNDO: Tus derechos de USO quedan afectados !a perpetuidad! Supongo que con el mismo argumento con el que declararán inconstitucional el decreto de la Junta de Andalucía, siquiera sea por un mínimo principio de equidad, declararán incunstitucionales estas leyes malignas, de las que usan y abusan para privarnos de nuestras propiedades. El argumento es sencillo: Si para los bancos lo que importa es SU PROPIEDAD y la vida y la dignidad de las pesonas les importan una mierda; ¿por qué yo tengo que sacrificar MI PROPIEDAD en aras del “bien común” que supone una carretera o un oleoducto?
    Señores del Constitucional: o todos o ninguno. Por cierto: miren un artículo de la Constitución que (más o menos dice) que -en un momento dado- TODA LA RIQUEZA NACIONAL PÚBLICA O PRIVADA puede ser puesta a disposición de los poderes públicos en aras del bien común. A ver si por una vez tienen un adarme de dignidad.

    b) de no ser así, pueden cortarse las venas…¡o dejárselas crecer!

    Un abrazo a todos.

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