El AGCS: la muerte anunciada de los servicios públicos

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A finales de marzo se cierra una fase fundamental para el llamado Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Este último es uno de los acuerdosesenciales de la Organización Mundial de Comercio y de gran trascendenciaeconómica y social pero que apenas si es conocido por la población.

 

De hecho, las negociaciones se llevan a cabo con gran secretismo y ocultando deliberadamente las consecuencias que su puesta en marcha va aocasionar sobre el bienestar y el progreso de las naciones.

 

El AGCS pretende en resumidas cuentas alcanzar un gran acuerdo entregobiernos para reducir o eliminar todas las trabas gubernamentales que puedan impedir que los servicios se puedan suministrar libremente por encima de lasfronteras nacionales.

 

Dicho así, parece que se trata de adoptar medidas simplemente favorecedoras del comercio que pudieran repercutir favorablemente en elabaratamiento o en el mayor acceso a los servicios. Ese es el discurso oficial perodetrás de él se pueden descubrir fácilmente las verdaderas pretensiones del Acuerdo.

 

A pesar de que es muy detallado y de que está redactado con un sin fin decautelas, se puede decir que, entre otras cosas, el AGCS incorpora normas y compromisos sobre dos grandes cuestiones.

 

En primer lugar, sobre los modos en que puede darse la provisión de losservicios. En este campo se refiere, por ejemplo, a la problemática de las transferencias de servicios que no implican presencia material en diferentes paísescomo ocurre con las emisiones televisivas, o a los servicios que se prestan en elexterior a residentes de otros países.

 

Pero lo más significativo es que se contempla el principio de que la inversiónen el exterior se pueda llevar a cabo sin tener que regirse por las reglas del paísdonde se realice; o que debe permitirse que una empresa pueda producir en un país con mano de obra desplazada allí sólo temporalmente y sujeta no por las normaslaborales del país donde efectivamente trabaja sino por las de su país de origen.

 

Significa esto que de aprobarse el AGCS se permitirá que la inversiónmultinacional sea un verdadero territorio de nadie (como había querido establecer elabortado Acuerdo Multilateral de Inversiones) y que las grandes empresas multinacionales eludan la leyes laborales más protectoras creando un ejército detrabajadores desplazados por todo el planeta y contratados según las condiciones,muchas veces de cuasi esclavitud, imperantes en los países con legislación laboralmás permisiva.

 

La segunda cuestión sobre la que actúa el AGCS es sobre las llamadas normas limitativas del comercio.

 

Se entiende en el Acuerdo que hay una serie de actuaciones de los gobiernosque limitan el libre intercambio de los servicios y que, por lo tanto, deben ir desapareciendo. Actuaciones de ese tipo serían, por ejemplo, las siguientes.- Establecer normas para garantizar que los servicios se presten respetandodeterminados niveles de calidad.

 

– Exigir determinados niveles de cualificación o normas técnicas específicas a
la hora de prestar los servicios.
– Fijación por los gobiernos de objetivos generales de política económica y
social que limiten el libre comercio.
– Concesión de subvenciones o ayudas a quienes prestan servicios públicos.

 

Todas estas posibles actuaciones gubernamentales se consideran quepueden limitar el libre comercio de servicios y, en consecuencia, se establece quedeben desaparecer o, según el caso, aplicarse en igualdad de condiciones a los proveedores privados de servicios.

 

Muchos gobiernos habían empezado ya hace ańos a privatizar muchosservicios. Se trataba de servicios como las telecomunicaciones, el correo o la electricidad, entre otros, que empezaban a ser rentables para el capital privadogracias a las nuevas tecnologías y siempre y cuando se permitiera que se prestasenen condiciones de provisión restringida, es decir, con precio libre y sin la obligaciónde tener que abarcar a todo el mercado, tal y como había sido tradicional cuando seprestaban en condición de servicios públicos.

 

En los últimos ańos hemos podido comprobar las consecuencias de estosprocesos de privatizaciones. En la mayoría de los casos se han generado mercadosoligopolistas donde predomina la colusión entre las empresas y que termina por elevar los precios; ha aumentado la inseguridad y disminuido la calidad de losservicios, como en el caso de los transportes; ha disminuido la garantía de provisióncomo en el caso de la electricidad; se ha contribuido a degradar el medio ambiente;
ha disminuido o degenerado el empleo y se han dilapidado recursos públicos en procesos de privatización muy opacos y de los que se han beneficiado, gracias a lasdecisiones de los propios gobiernos, los grupos económicos más privilegiados.

 

Pero lo que ahora implica el AGCS es mucho más. No se trata sólo de fortalecer los procesos de privatización y de crear condiciones de plena libertad paralas empresas privadas. Ahora se quiere impedir que los gobiernos regulen laprestación de los servicios y al limitar su capacidad de financiación, se pretende que incluso los servicios esenciales para la comunidad, como la educación, la sanidad oel suministro de agua, pasen a ser suministrados por empresas privadas. Es decir,se quiere llevar al límite la privatización y hacer que ese proceso sea irreversible.

 

En principio, el Acuerdo seńala que quedarían excluidos del Acuerdo los servicios que son provistos en el ejercicio del poder gubernamental, lo que excluiríaefectivamente a los que acabo de seńalar, a la policía, el ejército y la banca central.Pero más adelante se dice que para poder excluir a un servicio público del Acuerdo se necesita que no se realicen sobre una base comercial (es decir, financiadosmediante algún tipo de tarifa) ni en competencia con cualquier tipo de proveedorprivado, lo que claramente implica que la educación, la salud o el agua no quedaránexcluidos cuando haya oferta privada como ya suele ocurrir.

 

La clave del asunto estriba en que el Acuerdo establece que cuando existan empresas privadas dispuestas a suministrar el servicio público los gobiernos nopodrán conceder ayudas o subvenciones a los oferentes públicos. O, si lasmantiene, como sería necesario para poder garantizar el acceso universal a estosservicios esenciales, debe concederlas también a las empresas privadas.¿Puede imaginar el lector qué nación podría financiar en igualdad decondiciones que al público a un sector sanitario o educativo privado? Y si deja definanciar a esos servicios públicos,

 

¿Puede imaginar la situación en la que quedarían?

 

En definitiva, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios pretendealgo muy simple. Hoy día, y a diferencia de lo que ocurría hace unos ańos, la provisión de servicios públicos puede ser muy rentable cuando se haga en condiciones de mercado (es decir, fijando precios libres). En consecuencia, lasgrandes empresas quieren hacerse con ese gran bocado y el AGCS les hace elfavor de establecer las condiciones que les permitan actuar con plena libertad entodos los países sin tener que competir con un servicio público que hasta ahora sesubvenciona para poder estar al alcance de toda la población.

 

Las consecuencias serán fatales. Por un lado, desaparecerán las normas gubernamentales que establezcan estándares de calidad y seguridad cuando seandemasiado costosas para el capital privado. Por otro, los suministradores privadoscoparán cada vez más mercado (el mercado de aquellos con medios propios para poder financiar el servicio) mientras que se irán desmantelando los serviciospúblicos, dejando sin provisión a los sectores sociales sin recursos para pagarlos aprecio de mercado.

 

No es casualidad que la Organización Mundial de Comercio, a pesar de los recursos ingentes con los que cuenta, se haya negado a realizar una evaluaciónprevia de los efectos del AGCS. Como tampoco es casualidad que los gobiernosestén llevando a cabo las negociaciones en secreto. O mejor dicho, ocultándolassólo a la opinión pública, porque las empresas multinacionales si que están permanentemente al tanto de las mismas. Es lógico que así suceda porque medidasde esta naturaleza tan claramente anti social sólo pueden concebirse, diseńarse yllevarse a cabo desde la opacidad, desde el oscurantismo, desde las sombras.

 Muestran precisamente por eso la cara vergonzante del neoliberalismo. Ysobre todo que el capitalismo de nuestros días es cada vez más incompatible nosólo con los derechos sociales sino con las normas democráticas más elementales.

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