El pacto de la izquierda

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La firma del acuerdo entre el Partido Socialista e Izquierda Unida ha provocado una justificada conmoción en la vida política. Como corresponde a una sociedad en donde los medios de comunicación son capaces de borrar la historia en cuestión de pocos días, de repente han cambiado los discursos, su tono, el talante personal y hasta la cultura de desencuentro no sólo entre los dirigentes sino también entre los afiliados e incluso entre los propios ciudadanos. El pacto ha sembrado el país de ilusiones renovadas y es fácil advertir que ha despertado a muchos de quienes se habían abandonado al abstencionismo o a la automarginación de la política. En la misma medida, o más, ha provocado el nerviosismo del Partido Popular, cuyos dirigentes más relevantes no supieron sino responder con simplezas del tipo «España saldrá del euro» o con la amenaza del comunismo que sólo indica el primitivismo ideológico de la derecha española.

 

El impacto tan positivo que el acuerdo ha generado en los ciudadanos progresistas, el horizonte de cambio al que aspira y el hecho de que obligue a los políticos de izquierda a moverse con mucha mayor cintura y con menos rigideces dialécticas permiten valorarlo muy positivamente, si bien es evidente que ha llegado demasiado tarde, que electoralmente es insuficiente y que programáticamente es tímido e incluso ambiguo, quizá por apresurado.

 

Merece la pena, pues, analizar sus limitaciones y sus posibilidades en el terreno económico.

 

El contexto

 

Sus mayores restricciones en este campo derivan de la situación en la que se encuentra la Unión Europea de la que formamos parte. Es cierto que la mayoría de los gobiernos son de corte socialdemócrata, pero no lo es menos que las políticas que vienen defendiendo, y en particular sobre el perfil global de la Unión, están claramente impregnadas del neoliberalismo dominante en nuestra época, por muy edulcorado que se presente en términos de terceras vías o por continuos llamamientos a la cohesión social que no se aplican luego con semejante intensidad en la práctica diaria de la política económica. El Pacto de Estabilidad ha sido y es el marco de referencia de la política del Partido Popular y sus restricciones sobre el gasto público y sobre la capacidad de decisión autónoma de cada gobierno seguirán siendo una pesada losa y un estrechísimo corsé para un eventual gobierno de izquierda en España, tal y como ocurre en el resto de los países de la Unión. La ausencia de contrapesos políticos de envergadura y la insuficiente e imperfecta estructura de poder democrático en la Unión dan demasiado juego a otros poderes económicos fácticos a la hora de bloquear iniciativas de gobierno que vayan más allá de los perfiles neoliberales establecidos, como se demostró con la dimisión de Lafontaine en Alemania. No está claro, en fin, que los gobiernos europeos estén suficientemente decididos a emprender un camino distinto al de la flexibilidad y el predominio del mercado que con el ejemplo de Estados Unidos se quiere trasladar a todo el globo como la única vía económica posible.

 

Desde este punto de vista no cabe pensar que un gobierno de izquierda pueda llevar a cabo muy grandes transformaciones en las condiciones estructurales en las que se desenvuelven hoy día las relaciones económicas en España. Sin embargo, esta restricción constituye a su vez uno de los grandes retos de ese hipotético gobierno, pues su propia constitución podría ser un elemento más de presión para poder imprimir un sesgo diferente a la integración, lo que no podría conseguirse nunca si no se fortalecen desde aquí y en todos los países las posiciones más preocupadas por la igualdad, por el bienestar y por el desarrollo colectivo que cabe esperar represente nuestra izquierda si llega a ganar las próximas elecciones.

 

La coyuntura

 

En cualquier caso, el acuerdo electoral no puede analizarse aislado de la coyuntura concreta en la que se produce. El Partido Popular se presenta a las elecciones mostrando una situación económica realmente favorable si se contemplan las grandes magnitudes que hoy día se utilizan como reflejo del éxito de la política económica, aunque nunca mejores, por ejemplo, que las logradas en Francia por el gobierno de izquierda.

 

Una buena racha de crecimiento ha permitido que las políticas deflacionistas no hayan tenido los efectos negativos sobre la actividad y el empleo de otras etapas, la flexibilización acentuada de las relaciones laborales y la confianza que el gobierno ha dado continuamente a las empresas se han traducido en un incremento espectacular de sus excedentes, en una notable creación de empleo, que aunque es muy precario y ni siquiera ha alcanzado la magnitud de otros momentos anteriores de expansión, sirve para que la situación económica pueda presentarse a la opinión pública como saneada y muy positiva. Y a eso ha coadyuvado el que los ingresos por privatizaciones, el incremento de recaudación fiscal y la contabilidad creativa utilizada permanentemente hayan permitido mantener prácticamente sin apenas modificación en esta legislatura algunos estándares anteriores de la política social, como en el caso de las pensiones, que muchos pensaban que disminuirían bajo un gobierno de derechas.

 

Lo que ocurre, sin embargo, es que los estragos de la política económica del Partido Popular no se aprecian en las grandes cifras, en la simples macromagnitudes nominales, sino en la iniciación de procesos que tardarán algunos años en manifestar con toda nitidez sus altísimos costes sociales.

 

El gobierno de Aznar ha desmantelado vertiginosamente el sector público, no sólo empresarial, provocando así una indefensión muy relevante a la hora de disponer de contrapesos cuando la coyuntura económica no sea tan favorable como ahora y la pérdida de los resortes que entonces necesitaría el propio sector privado. Suben menos los precios pero el gobierno no ha resuelto las tensiones inflacionistas estructurales sino que ha fomentado la concentración de capitales que trae menos competencia real en los mercados, sobre todo, porque las privatizaciones, además de enriquecer ilegítimamente a quienes las han planificado, no se han resuelto sino en términos de más poder de mercado (como en el sector eléctrico) o de oligopolios que tienden a largo plazo a la coalición. El gobierno no ha hecho nada para evitar el debilitamiento progresivo de la capacidad productiva nacional, de lo que pueden ser ejemplos bien significativos el gran incremento del déficit exterior, la anunciada deslocalización de empresas como Seat o el más que sólo amenazado desplazamiento de Telefónica a Estados Unidos. La reforma fiscal emprendida, con una sobredosis de demagogia en sus aspectos más populares pero menos relevantes desde el punto de la recaudación, supone una regresión de gran calado si se atiende, por ejemplo, a la política de gastos fiscales que se lleva a cabo, al fortalecimiento del peso de los impuestos indirectos o a la disminución de los que recaen sobre los beneficios o, muy especialmente, sobre las ganancias especulativas. Aznar ha iniciado la profunda reforma de los soportes del bienestar colectivo en el ámbito de la educación, de la sanidad y en general de todas las infraestructuras públicas que a medio y largo plazo terminan por socabar definitivamente las bases sobre las que únicamente puede sostenerse el bienestar al alcance de toda la población. Y no puede olvidarse, para cerrar este rápido recorrido, que ha sido la derecha capitaneada por Aznar la que ha puesto en peligro la propia integridad territorial del Estado a base de ceder ante los partidos nacionalistas para mantenerse en el poder, lo que se ha traducido en una mayor y más insolidaria asimetría financiera y productiva entre las comunidades autónomas.

 

A todo ello debe añadirse la política de control de medios de comunicación, el fortalecimiento de la oligarquía empresarial y financiera (cuyas expresiones palpables sean los tres mil millones de pesetas que ganará sólo el Presidente de Telefónica y los ingentes beneficios que obtiene la gran banca) o incluso la estrategia soterrada de ocupación de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles de todo tipo, silente y generosamente financiadas desde el ejecutivo.

 

Cuatro años de gobierno de la derecha han puesto de relieve que Aznar no sólo representa un momento de alternancia política en España, sino una radical apuesta de los grandes grupos económicos oligárquicos para hacerse de nuevo con los resortes de poder que han visto peligrar en una sociedad democrática. Sólo por frenar este proceso de refortalecimiento oligárquico, en las finanzas, en las grandes empresas y en los medios de comunicación, vale la pena un gobierno de izquierda, por muy limitadas que sean sus posibilidades a la hora de realizar transformaciones profundas en nuestra sociedad, que bien las necesita.

 

El acuerdo que han firmado el Partido Socialista e Izquierda Unida permite adoptar las medidas que pueden conducir a frenar estos procesos, a democratizar la vida económica y a impedir que los beneficiarios del crecimiento sólo sean los que ya son los más privilegiados si se reorienta la política fiscal, si se refortalece la política social y si la iniciativa pública se pone al servicio de la producción sostenible y la creación de riqueza.

 

Precisamente por ello, no me parece que lo relevante ahora sea plantear que el acuerdo electoral se queda demasiado corto sino que el gobierno de Aznar ha llegado ya demasiado lejos.

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