La financiación de las universidades

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Todas las universidades públicas españolas, prácticamente sin excepción, han soportado en los últimos años problemas financieros más o menos graves. En muchos casos han provocado una importante acumulación de deudas y siempre una menor capacidad efectiva a la hora de impartir el servicio público de la enseñanza universitaria en las deseables condiciones de calidad.

 

A esa situación han contribuido primordialmente dos factores: el incremento de las necesidades que han tenido que atender las universidades, bien en forma de más alumnos, de costes más elevados o de mayores exigencias del entorno social y científico, y la disminución, contención o insuficiente incremento, según los casos, del gasto público destinado al fortalecimiento de las estructuras educativas, en particular, y de bienestar social en general.

 

Las Comunidades Autónomas, a quienes corresponde la financiación de alrededor de un ochenta por ciento de los recursos de las universidades públicas, han hecho frente a todo ello como han podido, según su particular situación financiera y en función de sus compromisos de gobierno, y en un contexto realmente difícil puesto que mientras que la Administración Central legislaba en materia universitaria sin luego financiar lo legislado, no movía un dedo para garantizar que la financiación autonómica proporcionase cobertura progresiva a los mayores costes asociados a la provisión del servicio público universitario.

 

Pero los problemas financieros de las universidades no sólo han estado provocados por la insuficiencia derivada de lo que acabo de señalar. A ello se añadía que la financiación pública que casi todas las comunidades autónomas han realizado hasta hace bien poco ha sido una financiación basada en transferencias recibidas sin más por las universidades. Es decir, ajenas a cualquier modelo que determinase parámetros objetivos de financiación y que, en consecuencia, implicase la existencia de incentivos adecuados a la hora de ejecutar el gasto universitario. Esto ha dado lugar a que se haya generalizado en nuestras universidades una política a veces muy irresponsable por parte de los rectores que han generado una especie de “ciclo político” causante, sobre todo en los momentos previos a la reelección, de incrementos de gasto demasiadas veces completamente injustificados y muy negativos desde el punto de vista de la rentabilidad social del gasto universitario.

 

Por ello, si bien es necesario reconocer que no ha habido financiación suficiente por parte de las administraciones públicas, es igualmente obligado plantear el problema que conlleva la irresponsabilidad financiera con que habitualmente se mueve la gestión rectoral en las universidades, generalmente derivada del sistema corporativo de elección actualmente existente que incentiva los pactos espurios entre el gobierno universitario y los sindicatos o los grupos de presión internos, normalmente constituidos ad hoc.

 

En consecuencia, parece evidente que había llegado el momento de abordar con universalidad la problemática financiera de las universidades públicas no sólo desde las comunidades autónomas, como ya ha venido ocurriendo en los últimos años, sino desde el propio gobierno central, para establecer así coordenadas suficientemente generales y que permitiesen el fortalecimiento de un verdadero sistema de universidades en España.

 Sin embargo, el proyecto de Ley de Universidades desaprovecha completamente la oportunidad de hacer frente a todos estos problemas, renuncia a plantear con la mínima profundidad las condiciones generales de partida que permitirían solucionarlos para fortalecer al sistema público universitario español y, lo que es peor, provocará por su inacción que este mismo sistema termine por resentirse e incluso llegue a dejar de serlo. 

El proyecto de ley apenas si hace mención de pasada a tres cuestiones: el reconocimiento de la autonomía financiera (que no puede ser sino meramente retórico pues no va acompañado de garantías de financiación de suficiencia), la posibilidad de que se puedan hacer programas de financiación plurianual y bajo la forma de contratos-programa, y la previsión de que el Consejo de Coordinación Universitaria (el actual Consejo de Universidades) pueda proponer una especie de modelo de financiación modélico para que sirva de referencia a las comunidades autónomas a la hora de aplicar sus transferencias a las universidades.

 

La parquedad con que se plantean estas cuestiones y, sobre todo, la ausencia de las cuestiones de fondo permiten afirmar, por tanto, que el proyecto se destaca más por lo que no dice que por lo que contiene. Es una verdadera oportunidad perdida que deja sin solucionar los tres grandes asuntos pendientes de la financiación universitaria en nuestro país:

 

– La garantía de una financiación suficiente de todo el sistema público de universidades para que no esté al albur de la riqueza o de los objetivos estratégicos de cada comunidad autónoma, sino que constituya, como tal, un objetivo central del Estado. Mientras no sea así, se derivará hacia una situación que llegará a ser un verdadero no-sistema estatal de universidades, con desequilibrios internos progresivos y con universidades o grupos de ellas cada vez más alejadas de los niveles de recursos y calidad de las más privilegiadas. En estas condiciones ni podrá darse la deseada movilidad ni las políticas de calidad servirán para fortalecer el sistema como un todo, sino para consolidar la brecha entre las mejor y peor dotadas, lo que repercutirá en una peor provisión general del servicio universitario.

 

– Un modelo de relaciones entre la administración central y las comunidades autónomas. Es verdad que hoy día las competencias en materia universitaria están transferidas pero, ¿puede y debe entenderse eso como que el gobierno central renuncie a modelar un sistema estatal de universidades, o a corresponsabilizarse con las autonomías para lograr que se fortalezca un conjunto de universidades con sinergias y complementariedades? Una vez más en este caso, y como viene sucediendo en otros ámbitos, ha sido un partido de derecha como el Popular el que renuncia de hecho a la idea de España como sistema, como conjunto de intereses que pueden entenderse y coordinarse. Lavándose las manos en el ámbito financiero, como cuando cede a las comunidades autónomas la posibilidad de crear cada una de ellas cuerpos de profesorado desestructurados y deshomologados, el Gobierno de Aznar muestra una vez más que su idea de España es sólo una idea cuartelera y retórica.

 

El proyecto de ley incluso desacierta en lo poco que afirma en positivo, como al adelantar la posibilidad de que se elabore un modelo de financiación de referencia porque, sin haber establecido principios generales de actuación, coordenadas en las que establecer las relaciones gobierno central-autonomías o prerrequisitos de financiación, lo que puede terminar por ocurrir es que esa vía abierta sólo sirva para tratar de imponer las ideas economicistas y mercantilistas que dominan la concepción dominante de la política universitaria.

 

Hubiera sido deseable, en fin, que la nueva ley de universidades sirviera para garantizar no sólo la necesariamente más abundante financiación de las universidades públicas, sino también las condiciones que permitan alcanzar la transparencia, el control y la rentabilidad social de las mismas. Pues si bien es cierto que todo ello, en sus diferentes perfiles, es competencia de las autonomías, no cabe pensar en un Estado moderno que renuncie a establecerlas y a hacerlas cumplir.

 Con independencia de todo ello, o quizá en perfecta armonía con lo que acabo de señalar, el proyecto de ley del gobierno parece respirar con incoherencia el espíritu liberal del que se quiere hacer gala. En realidad, se quiere dejar a las universidades de la mano de la financiación mayor o menor que adquieran en virtud de su calidad (como así lo dijo en alguna ocasión la propia Ministra), pero a la postre, y en la medida en que no se hayan establecido condiciones financieras de partida suficientes e igualadoras, la política de calidad se convierte en un rasero desigual y discriminatorio que debilita al sistema. Y eso es especialmente preocupante porque, por mucho que cueste entenderlo, no puede pensarse que habrá magníficas universidades, allí donde no haya un sistema universitario fuerte y de excelencia en su conjunto.

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