La liebre de la moneda frente a la tortuga de los derechos sociales

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El explícito rechazo que los grandes centros de poder económico y financiero mostraron en su día frente al concepto de Espacio Social Europeo formulado hace veinte años anticipaba el futuro que tendría en Europa la consolidación de un auténtico sistema de políticas sociales.

 No solamente se rechazaba teóricamente la posibilidad de avanzar en la línea de armonizarlas y consolidar un auténtico cuerpo de derechos sociales. Desde principios de los ochenta, los diferentes gobiernos, con escasísima excepciones entre las que, a pesar de todo, destacó España que después de la dictadura comenzaba a consolidar su estado de bienestar, iniciaron políticas de desregulación y control del gasto público que supusieron el paulatino debilitamiento de las políticas sociales en toda Europa. 

Las políticas deflacionistas provocaron el alza espectacular del desempleo, lo que permitió disciplinar a los trabajadores y abaratar los costes salariales y, como se decía cáusticamente en los
informes oficiales, que “declinara el incremento” del gasto público social, lo que en periodos de paro más elevado significaba menos protección y menos derecho sociales.

 

Desde este punto de vista la década de los años ochenta fue una década verdaderamente negativa y a la que no se hizo frente sino con mayor dosis de retórica y con formulaciones vacías de
contenido.

 

El Informe sobre Políticas Sociales de 1989 preveía la creación de 6,5 millones de empleo entre 1990 y 1995, pero la realidad fue que el paro aumentó en 6 millones de personas en ese periodo. Y la definición de trece derechos sociales fundamentales se resolvió sin establecer concreciones legislativas y con exigencias de unanimidad, salvo en el relativo a la salud laboral, que los hacían verdaderamente inoperantes a la hora de ser ejercidos como tales por la ciudadanos europeos.

 

Por el contrario, el Acta Única y posteriormente el Tratado de Maastricht consolidaron el enfoque liberal dominante y la doctrina que el ECOFIN había expresado claramente al señalar como “ineludible” la desregulación y la flexibilización de los mercados de trabajo, lo que en román paladino significaba deshacerse de las ataduras que implica el ejercicio de los derechos y las políticas sociales.

 

Más adelante, un nuevo elemento vino a complicar aún más su existencia: la demonización del gasto público. En 1996, el Instituto Monetario Europeo señalaba que “el enemigo principal es el déficit público” y eso significaría un paso de tuerca más en el debilitamiento de los sistemas de protección social.

 

Y aunque es cierto que en las cumbres como la de Luxemburgo y en las declaraciones oficiales se mantiene la doctrina indiscutible de que “una Europa de los ciudadanos no puede basarse en el desempleo y en la exclusión”, lo cierto es que no se logra pasar de la simple retórica, como muestra el hecho innegable de que en las últimas dos décadas haya aumentado la pobreza, el trabajo precario y la exclusión social en casi todos los países europeos.

 

Desde este punto de vista, es decir, desde la contrastación de la realidad en la que viven cada vez más ciudadanos, la desgraciada conclusión es que, sin negar avances significativos en aspectos parciales, los resultados globales de la integración europea han sido claramente frustrantes desde el punto de vista de la cohesión y de las políticas sociales.

 

Y esto es aún más relevante si se tiene en cuenta que ha sido justamente en este periodo cuando más ha avanzado la integración y cuando más impulso político y recursos de todo tipo se han dedicado a ella. Al comparar lo ocurrido en política social con la evolución de las medidas financieras y monetarias no se puede concluir sino que éstas últimas han gozado de un extraordinario privilegio. Privilegio necesariamente derivado de la opción política dominante en Europa; o dicho al revés, que la cohesión y las políticas sociales se han sacrificado en aras de alcanzar la unión monetaria.

 

Sin embargo, el problema de todo esto es que las políticas sociales no son un simple apéndice estético para el mejor lucimiento de las políticas económicas, sino un recurso inevitable cuando la dinámica de los mercados genera su consustancial exceso de asimetrías y de desequilibrios, como puede empezar a ocurrir con gran crudeza con la entrada en vigor del euro.

 

Aunque la propaganda oficial se ocupa adecuadamente de ocultarlo, lo cierto es que la moneda única europea va a traer consigo un incremento muy notable de los desequilibrios territoriales, de las desigualdades de renta, de las asimetrías productivas, de los procesos de desajuste y de la inestabilidad macroeconómica en general, por mucho que pueda mejorar la posición financiera global de Europa frente a Estados Unidos, lo que tampoco está tan claro como venimos comprobando.

 

Esto es así porque el espacio económico en el que se va a aplicar no es ni mucho menos homogéneo. Lo que viene a conseguir la moneda única en un territorio es que éste se comporte como un único y completo espacio económico. Cuanto más abierta es una economía respecto a otras, cuanto más integrada está, más interdependiente es y más se dejan sentir mutuamente sus fortalezas y debilidades respectivas: se es más proclive a influir en lo que ocurre en los demás y también a ser influido por lo que ocurre en ellos. Pero para que todo eso no provoque desajustes añadidos a los que ya de por sí genera siempre la actividad económica es preciso que los diferentes territorios que se unifican tengan la posibilidad de ser muy intercambiables entre ellos, que haya gran movilidad, que los recursos se desplacen entre ellos con facilidad y sin trabas. Si, por ejemplo, una región está creciendo más que otra, o a costa de ella, debe ser posible que los parados de ésta última puedan desplazarse a la primera, o que los capitales que se acumulan en la más dinámica encuentren semejantes atractivos en la más atrasada. Y si se produce un hecho que desestabilice a una (desde un terremoto a una crisis industrial local) es necesario que haya mecanismos supraterritoriales de compensación. Sólo de esa forma los mercados únicos podrían equilibrar y producir un crecimiento y una actividad que no den lugar a escalones, a diferencias al final insuperables entre los diferentes territorios.

 

En esas condiciones, además, los desajustes que siempre lleva consigo la actividad económica se tienen que afrontar igualmente a la escala global de ese espacio integrado o único. De hecho, como ya viene ocurriendo lógicamente en la Unión Europea, los gobiernos nacionales cada vez disponen de menos capacidades para hacer frente a esos desajustes porque el origen de las posibles turbulencias y, en consecuencia, la fuente de sus posibles respuestas está más arriba de ellos.

 

Como es muy bien sabido, aunque se suele ocultar, Europa no goza de la suficiente homogeneidad entre sus territorios para optimizar el efecto de una moneda única, ni de los resortes institucionales, políticos y financieros compensatorios capaces de evitar los desajustes que en consecuencia van a producirse de forma acumulada y agravada.

 

Y precisamente por ello la ausencia de un sistema armonizado de políticas sociales va a dejarse notar mucho más acusadamente en los años venideros. En primer lugar, porque aumentarán los territorios y las personas que van a necesitar de protección, de seguridad y en general de recursos para paliar el deterioro que se producirá en sus niveles de bienestar, lo que haría necesarias más políticas públicas para paliar el malestar social. Y, en segundo lugar, porque esos desajustes se traducen también en desequilibrios macroeconómicos que precisan de estabilizadores adecuados. El gasto público, como ahora mismo está demostrando Estados Unidos donde el liberalismo intervencionista recurre al gasto militar, es un estabilizador insustituible, le guste o no a los fundamentalistas de la estabilidad presupuestaria. Aunque es verdad que se puede optar por la solución reaccionaria del militarismo norteamericano, o por la ampliación de los derechos sociales que debería ser la apuesta de quien verdaderamente se empeña en construir una sociedad cuyos auténticos dueños sean todos los ciudadanos (para colmo de males la Unión Europea elige el autismo y renuncia a las dos alternativas, presa como está del Pacto de Estabilidad).

 La tragedia de la ausencia de una verdadera política social europea es, por lo tanto, que no sólo se está renunciando a la consolidación de una ciudadanía definida y fortalecida como tal por el ejercicio efectivo de los derechos sociales más amplios, sino que además no se va a disponer de un instrumento imprescindible para hacer frente a los desequilibrios que va a traer consigo la entrada del euro. La nueva moneda europea va a dejar a los europeos menos privilegiados mucho más desnudos y desprotegidos frente a los mercados. El único aspecto positivo del horizonte es que sin más políticas de equilibrio de alto contenido social la desestabilización y la deslegitimación serán tan obvias que no cabrá más remedio que actuar si no se quiere echar por tierra el propio proyecto europeo. Salvo que, en el peor de los casos, también Europa decida seguir el camino de Bush y optar por estabilizar los desaguisados que pueda traer el euro por la vía del militarismo.

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