Muchas leyes sociales pero sin suficiente presupuesto

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Publicado en Rebelión el 25 de junio de 2007  

Según Amnistía Internacional, la ley española contra la Violencia de Género no es eficaz por carecer de medios suficicientes.

 

Promulgar leyes de gran calado social sin proporcionar los recursos financieros necesarios para ponerla en marcha ¿no es como hacer castillos en el aire… o, simplemente, engañar a los ciudadanos?.

 

 

Una de las leyes sociales más importantes aprobadas por iniciativa del gobierno de Rodríguez Zapatero fue la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que dos años más tarde, en diciembre de 2006, fue acompañada con un Plan de Medidas Urgentes para fortalecer la prevención y la atención a las víctimas.

Muchos fuimos los que confiamos en que gracias a ese planteamiento integral fuese posible combatir con eficacia el drama que supone la violencia machista contra las mujeres. Pero, transcurridos dos años y medio, comenzamos a comprobar que la ley no evita, como debiera ser, que disminuyan las muertes. Hasta el pasado 4 de junio ya ha habido 32 mujeres asesinadas y en 2006 69, frente a las 61 de 2005.

El Defensor del Pueblo ha hablado de “frustración de las expectativas de lucha contra la violencia de género” y Amnistía Internacional acaba de publicar un informe en el que se dice textualmente lo siguiente:
«Dos años después de la plena entrada en vigor de la Ley Integral las mujeres, siguen encontrando obstáculos a la hora de ser protegidas, atendidas y obtener reparación frente a la violencia de género. Algunos derechos de las mujeres siguen estando solamente en el papel y no en la realidad.
Esta situación significa, por ejemplo, que no siempre las mujeres disponen de asistencia letrada en el momento de interponer la denuncia; que hay Comunidades Autónomas en las que no tienen un centro de atención integral al que dirigirse; que las mujeres inmigrantes en situación irregular siguen siendo discriminadas en el acceso a las ayudas y corren el riesgo de ser expulsadas cuando presentan una denuncia por malos tratos»
(Amnistía Internacional. Pongan todos los medios a su alcance, por favor. Dos años de Ley Integral contra la Violencia de Género. Junio de 2007, pág. 5).

Amnistía denuncia la “falta de medios materiales” (pág. 7)para poner en marcha los preceptos de la Ley y sobre el Plan de Medidas Urgentes de finales de 2006 dice que se trata de un “catálogo de intenciones sin concretar” (pág. 9) que ofrece de “avances sobre el papel” (pág. 9) porque siendo urgentes no van acompañadas de presupuesto ni de calendario (pág. 9). Aunque se afirma que todos los Ministerios han evaluado el esfuerzo económico que habrían de hacer para ponerlas en práctica lo cierto, dice Amnistía, es que esa evaluación no está en el informe (pág.10).

Se trata, por tanto, de una situación extraordinariamente grave que debería llevarnos a preguntar para qué sirve promulgar leyes sociales muy avanzadas si luego no se ponen a su disposición todos los recursos que se necesitan para que generen todo los efectos previstos en sus disposiciones.

Y se trata de una pregunta especialmente pertinente porque no afecta sólo a la Ley contra la Violencia de Género.

Es muy posible que ocurra lo mismo y en mucha mayor medida con la ley social estrella del gobierno de Zapatero, la de Dependencia, que en principio estaría llamada a constituir el cuarto pilar esencial de un Estado de Bienestar moderno.

Este ley debería implicar en 2015, cuando se alcance su completa implantación, un gasto de unos 9.000 millones de euros, de los cuales, alrededor de la tercera  parte deberán ser sufragados por los beneficiarios. Sin embargo, la memoria económica de la ley es muy ópaca y no se han establecido con claridad ni proyecciones financieras rigurosas ni la distribución concreta entre la financiación pública y el copago.

Por lo tanto, no se puede saber con seguridad si se dispondrá de todos los recursos necesarios. Aunque, en todo caso, sí es ya un hecho que el gobierno ha optado por una vía que expresamente implica la renuncia a considerar al derecho a la atención a la dependencia como un derecho universal efectivo, para lo cual hubiera sido necesario disponer de más recursos económicos, además de asegurar, lógicamente, los que están comprometidos.

Estos dos casos muestran que los propósitos sociales del gobierno se quedan a mitad de camino porque no cuentan con el esfuerzo financiero suficiente.

El avance en la letra de las leyes sociales no va a acompañado de un imprescindible avance paralelo en el gasto social. Es más, lo que de hecho se está produciendo lamentablemente es incluso lo contrario: que nuestro esfuerzo en gasto social disminuye, según expresan los últimos datos disponibles.

Como es bien sabido, el gasto social per capita español respecto a la media europea de los 15 (alrededor del 63%) es mucho más bajo que el porcentaje del PIB per capita español respecto al europeo (97%), lo que evidentemente quiere decir que en nuestro país se hace un esfuerzo mucho menor que en el entorno europeo para financiar los gastos vinculados al bienestar social. Y de ahí se deduce que si realmente queremos que se produzca una convergencia efectiva con Europa lo que hemos de hacer es aumentar la proporción del PIB que se dedica a gasto social.

Pero como he apuntado arriba, lo que viene ocurriendo es lo contrario. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el porcentaje de los gastos sociales sobre el PIB en 2005 (19,56%) fue más bajo que en 2004 (20,06)  que en 2003 (19,94%) y que en 2002 (19,77%). Más concretamente, en “Vejez” se viene produciendo también una disminución del esfuerzo financiero al ir bajando el porcentaje de gasto sobre el PIB del 8,04% en 2002 al 7,98% en 2003, al 7,96% en 2004 y al 7,84% en 2005.

Es verdad que el gasto social español está aumentando en términos absolutos en estos años de bonanza económica y de elevado ritmo de crecimiento del PIB pero lo que indican los datos anteriores es que son otros conceptos los que se benefician privilegiadamente de la mayor actividad económica. O dicho, de otro modo, que se produce un evidente divorcio en cuanto a las prioridades reales del gobierno: sobre el papel, se privilegian los discursos sociales que atienden a una mejor redistribución de la renta; pero, al hacer números, lo que ocurre es que termina siendo beneficiados otros conceptos, como los gatos militares (que alcanzan niveles históricos) y, sobre todo, las rentas de los propietarios de capital(un reciente informe de la OCDE muestra que España es el único país de los treinta de la organización en el que los salarios han perdido poder adquisitivo de 1995 a 2005).

Lógicamente, no basta con decir que es necesario más gasto (que es necesario, para converger realmente con la Europa más avanzada), sino que para ello se precisa disponer de más recursos. Y el problema es que el gobierno de Rodríguez Zapatero ha renunciado a tres principios fundamentales para poder lograrlos.

En primer lugar, que son necesarios más impuestos, más recaudación y, al mismo tiempo y de forma inseparable, más justicia fiscal. La defensa que en ocasiones ha hecho Zapatero de las reducciones de impuestos es materialmente incompatibles con las aspiraciones de reforma social que dice tener e incluso con la puesta en plena ejecución de las leyes que se aprueban por iniciativa de su propio gobierno, como ha ocurrido con la Ley contra la Violencia de Género.

En segundo lugar, que es preciso renunciar a la fundamentalista filosofía del superávit presupuestario cuando estamos tan lejos de los estándares europeos en materia de protección social. Esta última, y en general la disposición de las infraestructuras imprescindibles para garantizar estándares adecuados de bienestar a todos los ciudadanos, deben considerarse una inversión de la que no puede prescindir la economía española para modernizarse auténtica y  definitivamente y para que pueda competir por vías distintas a los bajos costes salariales. Y, en consecuencia, debería estar plenamente justificado que el Estado mantuviera, si fuese preciso, niveles moderados de déficit para financiar esa inversión que necesita plazos largos para consolidarse.

En tercer lugar, que todo lo que signifique renunciar a la universalización para recurrir a fórmulas privatizadoras o de seguro (como ya está pasando en la enseñanza y en la sanidad y como pasará en la atención a la dependencia) implica irremisiblemente un ejercicio discriminatorio de los derechos y, por tanto, graves pérdidas netas de bienestar para los más desfavorecidos.

Se equivoca, en definitiva, el gobierno de Zapatero queriendo conducir a dos manos la economía y la sociedad española: con el perfil socialdemócrta de los ministerios de gasto y con la contundencia neoliberal del vicepresidente económico o de sus asesores. Se equivoca, o se engaña y nos engaña a los ciudadanos, y no se sabe cuál de las dos cosas es peor.

 

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