Publicado en Temas para el Debate, nº 137, abril de 2006.
La Opa de Gas natural sobre Endesa primero y más tarde la aparición de E.On mejorando la oferta puede que haya conmocionado al mundo empresarial pero a los ciudadanos más o menos normales les abre los ojos sobre las falacias con las que se quiere justificar lo injustificable, si bien es verdad que cualquiera se queda aturdido ante las contradicciones en que se mueven los discursos de los más poderosos.
El gobierno de Rodríguez Zapatero no ocultó desde el primer momento su simpatía por una operación que permitía consolidar en España un grupo energético fuerte, de la misma manera que había venido ocurriendo en los últimos años en los países europeos más potentes.
Sin embargo, el Partido Popular comenzó criticando la operación con los argumentos más ridículos que se pudieran haber utilizado, vinculando la OPA a pagos por favores políticos, en la línea injuriosa en la que se han instalado sus dirigentes y sin que se les haya caído la cara de vergüenza cuando primero defendían la «españolidad» de Endesa frente a una catalana y luego callaban cuando una alemana se ofrecía parea quedarse con ella.
El Partido Popular acusaba al gobierno de Rodríguez Zapatero por entrometerse innecesariamente, según decían, en la vida empresarial, por «hacer política», cuando parece lógico intuir que eso es lo que queremos los ciudadanos que hagan nuestros gobiernos para poner coto a los desmanes que puedan producirse en el mundo de los negocios, y, en suma, por querer influir en los designios que solo deben salir del mercado.
Lo paradójico es que esa crítica viene del Partido que ha gobernado con la mayor intromisión política en la economía de los últimos treinta años y que, además, lo ha hecho con la mayor desfachatez, en concreto, en el caso de las privatizaciones. No es casualidad, precisamente, que la actual Endesa sea hoy día uno de los principales resultados de la política privatizadora del Partido Popular que fue denunciada por el Tribunal de Cuentas. En su fiscalización sobre la actuación entre 1996 y 2002 de la SEPI, la sociedad encargada de llevar a cabo la privatización de la red eléctrica española, el Tribunal indicó que la privatización fue realizada con «falta de claridad y transparencia», y «en beneficio exclusivo de las compañías del sector y de espaldas al interés general» (CINCO DÍAS, 13-07-2005).
En esa línea ha ido también especialmente lanzado el ex presidente Aznar que ha acusado al ejecutivo actual de «nacionalismo cateto», convirtiéndose así en abanderado de quienes quieren hacer creer que la defensa que hace el Gobierno de la estrategia conducente a crear un grupo energético español fuerte es una especie de resabio carpetovetónico cuando, en realidad, es eso lo que han hecho todos los gobiernos europeos que han podido hacerlo. La propia E.On es el resultado de una fusión que las autoridades de defensa de la competencia alemanas desaprobaron pero que fue impuesta por el gobierno. También el gobierno francés ha actuado con contundencia cuando ha querido salvaguardar empresas francesas de OPA´s procedentes del exterior. Y, por supuesto, así actúa así habitualmente el gobierno de Estados Unidos, el país más proteccionista del mundo: ahora trata de evitar que una empresa de los Emiratos se haga con otra ingles que a su vez controla varios puertos estadounidenses. Sintomática percepción selectiva la de José María Aznar.
También ha sido curioso en todo este asunto el papel de la Comisión Europea. Diversos comisarios había venido señalado lo que es una evidencia clamorosa, la progresiva pérdida de competencia en el interior de los países como resultado de las sucesivas fusiones (casi todas ellas, como he dicho, facilitadas o impulsadas por los respectivos gobiernos) y, solían coincidir al afirmar que la única forma de hacer frente a ese proceso era la de impulsar, al menos, la competencia fuera de las fronteras. Es bien sabido que la competencia y la libertad de movimientos en el mercado único suele haber sido una preocupación principal de las autoridades económicas comunitarias… hasta ahora.
Efectivamente, resulta ahora sorprendente que tanto el Presidente de la Comisión como el comisario Joaquín Almunia cambien de acorde para hacer que las veleidades nacionalistas sean, justo ahora, lo que les preocupa más que la evidente y quizá definitiva pérdida de competencia en el sector que implica la OPA de E.On sobre Endesa, un hecho que es realmente indiscutible.
Si E.On controla Endesa no sólo dominará más o menos la mitad de mercado español sino, a través de ella, una buena parte del francés, italiano y otros de América Latina. De hecho, la experiencia ha demostrado que E.On ha podido expandirse en estos años, además de por el apoyo gubernamental, gracias a la política de sobreprecios que le ha permitido la concentración de capital y el dominio cuasi monopólico de los mercados.
En todo este marasmo de contradicciones y paradojas también resulta sorprendente que se siga pensando en empresas «nacionales» cuando la gran parte de su capital está en posesión de intereses extranjeros. Y, sobre todo, que después de haberlas privatizado se recurra al argumento de considerar que estas operaciones afectan a intereses estratégicos fundamentales de un país. Si estos sectores son de verdad estratégicas, que lo son, por qué se privatizaron entonces las empresas públicas que actuaban en ellos, lo cual evidentemente implica que los intereses estratégicos de las naciones quedan al albur de los privilegiados que se hicieron con la nueva propiedad de las empresas. Y lo que incluso es todavía más expresivo de la diferente vara de medir que se usa para resolver las cuestiones económicas de nuestro tiempo: si los gobiernos consideran que la energía o el agua, entre otros, son sectores estratégicos tan decisivos para una nación ¿cómo es que se impulsa y facilita la penetración de «nuestras» empresas en otros países, a los que se obliga a renunciar a cualquier forma de protección de sus intereses, que ellos tienen también el derecho de considerar estratégicos?
En definitiva, operaciones como las que se están produciendo en el sector energético ponen de relieve la verdad del barquero: no es verdad que los mercados proporcionen soluciones o respuestas por ellos mismos y a las que haya que respetar como si fueran algo natural y al margen de la voluntad política. ¿Hay forma más convincente de demostrar que los mercados no funcionan sin la política que la llamada de Angela Merkel a Rodríguez Zapatero para advertirle de la OPA de E.On y del apoyo de su gobierno? Y es esa continua presencia de la política en las relaciones económicas y empresariales es lo que demuestra igualmente que los problemas económicos, como en este caso, se resuelven en virtud del poder («poderes de apropiación los llamó más refinadamente Karl Polany) que tenemos los sujetos económicos. Eso es todo, una simple cuestión de poder, no nos engañemos.