Quienes analizan la economía española desde perspectivas convencionales suelen coincidir en que se encuentra en una situación gozosa, con crecimiento sostenido y mayor que el europeo y con tasas de empleo relativamente aceptables. Los más derechosos afirman que esa excelente dinámica se originó gracias a la política económica de Rodrigo de Rato pero no llevan razón ninguna porque en realidad se inició en 1993 con la anterior etapa de Solbes al frente de la economía española.
Por cierto, cuando comenzó a consolidarse no sólo la dinámica de crecimiento sino las contrarreformas fiscales y, sobre todo, la disminución en el esfuerzo en gasto social. Es decir, cuando más nítidamente comenzó a diluirse el perfil socialista del gobierno de Felipe González que modernizó la sociedad española y creó el Estado de Bienestar, relativamente modesto en comparación con nuestro entorno europeo más adelantado pero inconmensurablemente mejor que el inexistente en la dictadura o el de la sociedad liberal de bienestar que defiende el Partido Popular. Ni siquiera quienes en otros aspectos critican sin descanso a José Luis Rodríguez Zapatero se atreven a poner en cuestión su gestión económica y alaban sin disimulo la política económica que lleva a cabo su gobierno.
En ese contexto, quizá sea demasiado fácil no darse por aludido cuando otros datos presentan la cara oculta de nuestra economía, la que tiene que ver con los beneficios e ingresos que unos u otros y en desigual manera disfrutan. Una de las manifestaciones del “fraude inocente” del análisis económico moderno (por utilizar la expresión suave del último libro de Kenneth Galbraith) consiste en hacer creer a los ciudadanos que la economía marcha bien si crece el Producto Interior Bruto, una magnitud grosera y efectivamente bruta que aumenta tanto cuando se reforesta un bosque como cuando se destruye. Y, por supuesto, que nada nos dice sobre lo que sucede con los ingresos que genera la actividad económica que en última instancia es lo que permite a cada uno de los sujetos económicos considerar si las cosas van bien o mal.
Gracias a ello es posible seguir afirmando que la economía va bien cuando la desigualdad se incrementa, cuando crece a costa de un tipo de actividades que hipoteca el desarrollo futuro o cuando los beneficios que genera se aprovechan para invertir fuera de nuestras fronteras en lugar de hacerlo en la creación de más empleo y riqueza nacional (como ahora quieren hacer, por cierto, nuestras Cajas de Ahorro que estudian comprar bancos en el extranjero, una interpretación del servicio público y regional al que aspiran francamente difícil de entender).
Lo que está ocurriendo en los últimos años en nuestra economía es justamente eso, aunque presentado con gran disimulo por las autoridades económicas.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la quinta parte de la población española ingresa menos de 530 euros mensuales, nivel en el que convencionalmente se establece entre nosotros el umbral de pobreza.
Un umbral, por cierto, que puede tomarse como referencia para mostrar la realidad paradójica de nuestra economía: no es que los pobres lo sean porque están “fuera” de la actividad económica, como tradicionalmente hubiera ocurrida, sino que, en una alta medida, directamente los crea la actividad económica. Así lo demuestran, por ejemplo, los datos de salarios y empleo de la Agencia Tributaria: de 1.039.106 de nuevos asalariados que detectó en 2005, la mitad de ellos cobró menos del salario mínimo (513 euros mensuales). Otros 380.857 de esos nuevos asalariados cobraron incluso menos de la mitad del salario mínimo (256,5 euros mensuales) y prácticamente ninguno cobró más de 1.026 euros al mes.
Los pobres, en consecuencia, los está creando el propio empleo que se genera. O lo que es lo mismo, nuestro modelo de crecimiento es realmente empobrecedor. Esto último se traduce además en la constante pérdida de poder adquisitivo de los salarios, una pérdida que sólo en 2005 fue de 1,4 puntos porcentuales. Y así se explica que los salarios medios españoles equivalgan hoy día a los de 1997.
Claro que no a todos les va igual porque esa pobreza y pérdida de poder adquisitivo de los salarios son justamente la otra cara de los beneficios, que gracias a su incremento aumentan en inversa proporción.
La remuneración de los asalariados españoles (tomada como media trimestral) suponía en 2004 el 47,71% del conjunto de los ingresos y en sólo dos años ha bajado hasta 46,12 puntos. Por el contrario, el excedente bruto de explotación -los beneficios- han pasado de representar un 41,78% al actual 42,25% (casi cuatro puntos más que en 1999).
Se trata de una espectacular transferencia de renta desde los salarios a los beneficios evaluable en unos 5.000 millones de euros en total, en menos de dos años. Y a la que habría que añadir más de 10.000 millones de aumento en la transferencia al Estado en concepto de impuestos y, por otra parte, la incalculable transferencia de renta de las familias a los bancos como consecuencia de la subida de impuestos.
Es muy evidente, si que quiere que lo sea, que la buena marcha de la economía española se traduce en un reparto extraordinariamente desigual de sus frutos y lo lamentable es que no parece que se quiera abrir un debate social sobre las consecuencias económicas, políticas y éticas de esta situación.
Desde el punto de vista económico habría que tener en cuenta, sobre todo, un problema principal: que la desigualdad se está produciendo en la base primaria de la economía, es decir, en la propia generación de actividad económica porque la que se viene promoviendo es intrínsecamente desigualadora. Una cuestión que se agrava cuando al mismo tiempo (y a diferencia de lo que ocurría en la época del predominio socialdemócrata) se pone en cuestión el Estado de Bienestar, el gasto público y en especial el social, y la equidad fiscal. Resulta entonces que hoy día hay muchas menos capacidad redistribuidora y eso lleva a que las desigualdades tiendan a ser crecientes y desestabilizadoras.
Desde el punto de vista político habría que considerar no sólo que la desigualdad merma realmente los derechos de la ciudadanía y por tanto que socava las bases de la propia democracia, sino que al renunciar a la aspiración igualitaria la izquierda se niega a sí misma y termina por ser un instrumento inútil para sus propios partidarios.
La consideración ética de lo que viene ocurriendo me parece igualmente obvia e imprescindible. ¿Dónde puede llegar una sociedad que no se atreve a mirar de frente y a dialogar sobre la injusticia económica que hay en su seno?, ¿qué futuro nos aguarda si seguimos siendo prácticamente ciegos e indiferentes ante políticas concebidas solamente para enriquecer sin límites solamente a la parte privilegiada de la sociedad?