No hay razón definitiva en la teoría económica, incluso en la más ortodoxa, que permita afirmar taxativamente que la existencia de empresas públicas es mala de por sí o que no es conveniente mantener un sector público saneado y eficiente. La realidad nos muestra más o menos lo mismo: conocemos cientos de empresas privadas que han sido mal gestionadas y otras de titularidad pública que funcionan magníficamente. ¿Quién no recuerda los bancos privados españoles como Banesto, Santander, o la Banca Catalana de Pujol que han tenido que ser salvados in extremis por el Banco de España de la mala gestión de sus dirigentes, algunos de los cuales terminaron en la cárcel, otras grandes estafas en el sector privado como Matesa, o la conducta tan contraria a los consumidores de las empresas eléctricas, por poner un ejemplo?, ¿hace falta recordar que los estados mayores de nuestros ejércitos o el Pentágono funcionan siempre como un reloj y son, sin embargo, organismos públicos?
Proponer, entonces, que se privaticen todas las empresas públicas como hace el Partido Popular no es el resultado de una opción científica o analíticamente fundamentada e indiscutible, sino solamente la consecuencia de una preferencia política, tan legítima o razonable como su contraria.
El problema, sin embargo, es que el Partido Popular está afrontando la privatización de la mayoría del sector público español sin respetar una serie de conductas a que obliga la mínima honestidad política y sin poner en primer plano la defensa de los intereses nacionales.
Cuando un gobierno privatiza una empresa pública debe mantener cierta neutralidad, para que las fuerzas del mercado actúen en igualdad de condiciones; debe procurar que no se dilapiden los recursos públicos, para que privatizar no equivalga a vender las joyas de la corona; y debe garantizar que de la privatización resulte más competencia y una gestión más eficaz desde el punto de vista del conjunto de los intereses sociales.
Nada de eso está respetando el gobierno de Aznar. Los directivos nombrados a dedo se benefician de la venta de la empresa, como en Telefónica, asignándose derechos económicos supermillonarios. Para favorecer a los inversores privados se disminuye artificialmente el valor real de las empresas públicas, y así los nuevos propietarios tienen que desembolsar menos dinero. Se facilita que adquieran las empresas públicas otros grupos económicos ya de por sí poderosos, lo que aumenta los privilegios y el poder oligárquico. Y, para colmo, la privatización no revierte efectivamente en más competencia en los mercados, porque lo que ocurre es que se generan oligopolios más fuertes aún que los monopolios estatales de antes, ya que éstos últimos estaban sometidos a una regulación administrativa mucho más severa.
Se utiliza mucha verborrea tecnocrática pero en realidad este gobierno se limita a entregar lo más valioso del Estado a los capitalistas de siempre. Justamente aquellos que se aprovecharon del Estado para esquilmarlo evadiendo impuestos o demandando privilegios fiscales desmesurados, aquellos cuyas prebendas han impedido que el sector público español sea un sector público ejemplar son ahora los que se apropian de las empresas públicas que han podido generar beneficios.
Franco aplicaba la política de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas y Azxnar es su discípulo más aventajado en este campo. No es tampoco casual, precisamente por eso, que los sobrinos, los hijos o los nietos de los ministros y los Jefes de centuria de antaño sean ahora los encargados de privatizar las empresas públicas o sus nuevos propietarios. Basta ver sus apellidos.