Hacer frente a tanto engaño

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Publicado en Público el 8 de agosto de 2013

Hace unas tres semanas, escribí un artículo demostrando que el ministro alemán de economía, Wolfgang Schäuble, mentía al utilizar a su antojo los argumentos para poder vender las propuestas políticas que le convienen (Las mentiras del ministro alemán). Mentía al afirmar que el alto nivel de paro juvenil que había en España se debe a la falta de flexibilidad de nuestro mercado laboral. Mostré en el artículo que esa es una idea que contradice las evidencias empíricas y científicas de las que disponemos, que es un tópico fácilmente desmontable pero que se repite constantemente para justificar las medidas de flexibilización que, en realidad, no son sino simples recortes en los derechos laborales para que los propietarios del capital puedan obtener beneficios más elevados cómoda y fácilmente. Sigue leyendo

Las mentiras de siempre del FMI

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Publicado en Público.es el 4 de agosto de 2013

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que acaba de hacerse público vuelve a insistir en que la solución de los problemas económicos españoles es la bajada de los salarios. Concretamente, asegura que una reducción del 10%, unida a otras medidas de ajuste, tendrían como resultado una subida de cinco puntos en el PIB en cinco años y de 7 en el empleo, además de reducir también el déficit y de producir una caída de precios entre el 4% y el 5% tras dos años.

Sería magnífico si no fuera porque es mentira, incluso algo completamente imposible que se produzca y, por supuesto, totalmente indeseable.

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La política al revés

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En mi artículo de hoy domingo en El País Andalucía comento que la renuncia del Presidente de la Junta de Andalucía viene acompañada de algunos hechos que ponen de relieve que demasiadas veces los partidos políticos se convierten en un fin en sí mismo, dando lugar a lo que llamo la política “al revés”: se fortalece a los aparatos organizativos por encima de todo e incluso en detrimento de la acción institucional, en lugar de utilizarlos, incluso a costa de su debilitamiento burocrático, para fortalecer a la sociedad. Puede leerse aquí.

Las mentiras del ministro alemán

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Publicado en Sistema Digital el 18 de julio de 2013

Parece increíble que un país tan importante para Europa y el mundo como Alemania se pueda permitir el lujo de tener un Ministro de Economía tan ignorante e irresponsable como el señor Wolfgang Schäuble. Las declaraciones de una persona con tanta influencia y responsabilidad deberían ser muy medidas, pero el ministro alemán se destaca por las falsedades con que habitualmente adereza sus discursos sobre los graves problemas económicos no solo de su país sino de toda Europa.

Ahora acaba de afirmar que la causa del alto paro juvenil existente en países del sur europeo es que los mercados laborales están “rígidamente regulados”, y más concretamente, que la dificultad para despedir a los trabajadores con experiencia es lo que dificulta la contratación de jóvenes.

Es una idea sencillamente falsa, una mentira más a la que recurre cegado por sus convicciones ideológicas.

Los datos del empleo total y del juvenil en particular en España y en el resto de Europa demuestran claramente otras cosas.

La primera, en relación con el paro en general, que la mayor o menor flexibilidad no es explicativa de la existencia de tasas de paro más o menos elevadas. Organismos tan poco sospechosos como la OCDE lo han reconocido en diversas ocasiones.

Basta con observar los datos de empleo y paro en diferentes países europeos para poder comprobar fácilmente que no hay correlación clara entre desempleo y flexibilidad y que, por el contrario, sí que la hay, y muy estrecha, entre el volumen de la actividad económica y el empleo. Es decir, que no es cierta la tesis neoliberal que defiende el ministro alemán -que el nivel de paro depende de lo que ocurra en el mercado de trabajo-, porque más bien sucede otra cosa, que depende de la actividad que haya en el mercado de bienes y servicios.

Las afirmaciones del ministro de la señora Merkel también son falsas en relación con el paro juvenil.

Los estudios empíricos, es decir, los dato reales y no las fantasías neoliberales del señor Schäuble, demuestran hechos muy diferentes a los que él da como ciertos.

Si se compara la evolución del paro juvenil (tanto en la franja de 16-24 años como entre 25-29) en el conjunto de los diferentes países europeos en la última década con la registrada en España se puede comprobar fácilmente que la pauta seguida en ambos casos es muy parecida, a pesar de que la regulación laboral es muy diferente, hasta que se inicia la crisis económica. Es solo a partir de ese momento cuando se observa una incidencia del paro juvenil en nuestro país distinta a la que se da en otros europeos.

Pero si se analiza la gran pérdida de empleo juvenil registrada en España desde 2008 se puede comprobar también sin dificultad que las causas que la explican son muy distintas a las que asegura el alemán que impiden que se contrate a más jóvenes. Así lo demuestran algunas circunstancias como las siguientes:

– Las dos terceras partes del empleo juvenil se ha perdido en la construcción, la industria manufacturera y el comercio, es decir, en sectores muy afectados por la crisis. Por tanto, ha sido la caída de la actividad y no la existencia de una regulación rígida o poco flexible lo que ha hecho aumentar el paro.

– La mayor parte del empleo juvenil antes de que estallara la crisis era muy precario. No solo por estar estrechamente vinculado a contratos temporales (el 59% del empleo de jóvenes de 16 a 24 y el 42% de los de 25 a 29 años era temporal en 2008) sino también por otras razones: la abundancia de “falsos autónomos”, de becarios de todo tipo, de empleos sumergidos, la falta de cualquier forma de protección social, entre otras.

– La composición, la cuantía y la evolución del empleo juvenil ha sido muy diferente en las distintas Comunidades Autónomas españolas.

Todas esas circunstancias muestran que no es un problema de rigidez lo que frena la contratación de jóvenes o lo que ha explicado el aumento de sus niveles de paro. Todo lo contrario: en comunidades con la misma regulación, el empleo y el paro son distintos; cuando se ha querido despedir no ha habido problema alguno, a diferencia de lo que afirma el ministro alemán; y los contratos de los jóvenes son tan precarios, flexibles y mal pagados que la mayoría de ellos son incluso peores y más flexibles que los ‘mini job’ de su país que tanto alaba.

El señor Schäuble miente descaradamente cuando reclama menor protección al trabajo y salarios más bajos, diciendo que lo hace para crear empleo, y particularmente empleo juvenil. Nunca podrá probar con hechos y datos que el paro de los jóvenes aumenta porque haya exceso de protección o salarios muy elevados o que actuando como él propone se haya conseguido crearlo con un mínimo de decencia en algún sitio.

Lo que sucede es que este ministro, como su Gobierno y los demás europeos al servicio de la Banca y de las grandes empresas, tratan de aprovechar la crisis y el desempleo tan elevado que ésta ha provocado para imponer en su país y en el resto de Europa un modelo social diferente, con un reparto de las rentas aún más favorable al capital, eliminando mecanismos de protección social, los sistemas fiscales progresivos e imponiendo aún mayores recortes salariales. Y la manera de convencer a la población de la bondad de esas medidas tan contrarias a sus intereses es hacerle creer que son las convenientes para crear empleo y bienestar. Algo que seguirán haciendo mientras que la ciudadanía, sus partidos y sindicatos y todo tipo de organizaciones y movimientos sociales no conozcan bien las falsedades de ese discurso, mientras no tengan otro alternativo que eche por tierra sus mentiras y mientras no lo difundan por todas las esquinas.

España está secuestrada

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Publicado en Público.es el 19 de julio de 2013

Supongo que la mejor expresión de la libertad de un país es la que efectivamente tienen sus ciudadanos. Y, desde ese punto de vista, creo que se puede decir que España no es libre. Al menos, desde mayo de 2010, cuando José Luis Rodríguez Zapatero cambió de política y puso a España a la orden de los capitales financieros y de sus representantes políticos mundiales.

Desde entonces, los españoles no disfrutamos de libertad. Hemos podido votar sin coacciones, bien es cierto (aunque sin entrar en la naturaleza de la ley electoral, del desigual acceso a los medios o a la financiación, o en los privilegios de los distintos partidos en contienda por el voto), pero también lo es que no podemos evitar que nuestros representantes elegidos tomen decisiones manifiesta y materialmente contrarias a los programas que votamos, o que hagan lo que se comprometieron a no hacer cuando nos pidieron el voto. Cambiaron la Constitución sin consultarnos y aplican políticas opuestas a las que constan en sus programas electorales sin que tengamos manera de impedirlo.

El propio presidente Rajoy reconoció en el Parlamento que ni él ni los españoles somos libres, y la práctica totalidad de los demás diputados y diputadas lo asumió sin rechistar, sin reaccionar y sin que se les cayera la cara de vergüenza por aceptar en silencio una auténtica condición de simples mariachis.

Los españoles no somos libres para decidir la política económica que queremos que siga el gobierno, ni para establecer en beneficio de quién debe tomar sus decisiones.

Los españoles no somos libres para pararle los pies a la Troika que al servicio de los grandes banqueros condiciona sin disimulo la política del gobierno, arruinando con ella a miles de empresarios y condenando al paro a millones de personas. Ni tampoco a las grandes empresas que se aprovechan de su poder de mercado para elevar los precios a su antojo obteniendo beneficios extraordinarios, o para imponer condiciones laborales y fiscales vergonzosas que les permiten evadir impuestos y desentenderse de las necesidades sociales. Y, por supuesto, no tenemos libertad para poder investigar sus cientos de comportamientos ilegales y abusos. O para evitar el tráfico continuo de políticos hacia sus consejos de administración para venderle favores e información privilegiada.

Los españoles de a pie no tenemos libertad para enmendar el camino de engaños y traiciones por el que continuamente transita la clase política corrupta, de cuyos robos tenemos que enterarnos por algunos medios (cuando les interesa informar de ello) sin poder evitarlo. Y el tratamiento recibido por la iniciativa legislativa popular promovida por la PAH contra los desahucios o el recurso del gobierno central contra el decreto andaluz sobre vivienda han demostrado que tampoco somos libres ni siquiera en el estrechísimo marco concedido dentro del sistema institucional vigente.

Las encuestas muestran claramente que la inmensa mayoría de los españoles desea que se apliquen medidas económicas y sociales totalmente diferentes a las que vienen aplicando los dos últimos gobiernos pero no hay manera de influir y obligar a que se adopten.

No tenemos libertad por la confianza a ciegas, cuando no al margen de la voluntad popular, concedida a un régimen de representación y gobierno tan extraordinariamente imperfecto y servil, que no respeta principios elementales que debe tener una democracia.

¿Cómo vamos a ser libres para decidir cuando los medios de comunicación o son propiedad de grandes grupos empresariales y financieros, a los que sirven, o, si son públicos, están solo al servicio de quien gobierna? ¿Cómo vamos a ser libres si la justicia que debería poner las cosas en su sitio está politizada y tantas de sus magistraturas más altas en manos de militantes obedientes de los partidos? ¿Cómo podríamos serlo sin tener la posibilidad de discutir abiertamente si queremos que nuestra capacidad de decisión pase a poderes ajenos a nuestros intereses sobre los que no podemos influir? ¿Cómo creer que somos libres si no podemos revocar a nuestros representantes, si las instituciones de quienes nacen las decisiones más relevantes, como los bancos centrales, se atrincheran frente a la voluntad popular para defender sin tapujos y sin censura posible los intereses de los grandes grupos privados?

Ahora bien, no todos los españoles carecemos de libertad. La falta de libertad de la mayoría, que esta crisis está reflejando de una manera tan evidente e incluso reconocida sin disimulo por los propios gobernantes, es la otra cara del inmenso poder de decisión que ha acumulado una reducida minoría social al margen del resto de la ciudadanía y de las instituciones representativas. Por eso creo que puede afirmarse que lo que ocurre es sencillamente que España ha sido secuestrada. Y por eso me parece evidente que no es posible salir de esta situación solo logrando que sean otras personas, grupos o partidos, por muy honestos que fuesen, quienes ocupen las instituciones y gobiernen.

A estas alturas hace falta algo más: un cambio político auténtico y una regeneración moral profunda y radical de las personas, de las normas y las instituciones y de la sociedad en su conjunto. Es decir, de todo lo que no ha funcionado bien.

España ha podido ser secuestrada porque las reglas de juego imperantes, el sistema de representación, los incentivos y las normas que regulan el funcionamiento de las instituciones más importantes, además, por supuesto, de los sujetos políticos que podrían usarlas de otro modo o cambiarlas, han fallado, si es que no estaban concebidas precisamente para que fallaran en momentos como este, cuando a los de arriba, a los de siempre, les convenía que España se quedase sin voluntad cívica, sin una representación popular fiel, honesta y valiente.

Por eso me parece que no es posible salir de esta situación sin cambiar profundamente las grandes coordenadas de nuestro sistema político y de nuestras relaciones sociales, sin asumir antes que nada que España tiene derecho a ser libre, es decir, que ha de ser su pueblo, los ciudadanos, y no Europa, ni la Troika, ni un grupo de banqueros o grandes empresarios, quienes decidan lo que hay que hacer en una coyuntura tan difícil como la presente. Y, además, si no asumimos colectivamente que ninguna sociedad es viable bajo el principio de que todo vale o permitiendo que el afán de lucro y el egoísmo lo dominen todo.

La situación en la que estamos es escandalosa, es sencillamente insoportable convivir con tanta corrupción, con tanto engaño y abuso y con una asimetría tan grande en el trato que se da a los que tienen todo y a los que apenas tienen nada. No podemos seguir así. Tenemos el imperativo moral de acabar con todo esto y de ayudar a abrir un debate social amplio y transparente sobre todo lo que está ocurriendo, algo que solo puede venir de forzar la dimisión de este gobierno vendido y sostenido por un partido corrupto y de la celebración de nuevas elecciones que abran paso a un replanteamiento del orden constitucional y moral prostituido que está en el origen de nuestros males.

Desahucios y amenazas a la banca

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Publicado en Público el 15 de julio de 2013

La reacción de las autoridades europeas y del gobierno español contra el decreto de la Junta de Andalucía que pretende limitar el drama social de los desahucios es una de las más miserables y vergonzosas que hemos vivido a lo largo de la crisis. Y eso que hay muchas de este tipo para elegir.
A mi juicio es una reacción miserable y vergonzosa de Europa y del Gobierno de Rajoy justo porque llevan razón en lo que dicen.

¡Claro que ese decreto amenaza a la banca y supone un peligro para la inversión inmobiliaria que predomina hoy día!

Es evidente que -en la situación actual de la banca- si de un día para otro se generalizase la dación de pago o se permitiese que las personas más humildes que han perdido su puesto de trabajo y sus ingresos no tuvieran que hacer frente a sus deudas bancarias en las condiciones pactadas, los balances bancarios se resentirían y que incluso podría provocarse un auténtico caos en el sector.

Tampoco hace falta ser un gran experto en negocios inmobiliarios para entender que la inversión cortoplacista que mueve el dinero buscando simplemente ganancias especulativas se sentiría igualmente amenazada si se obliga a que los derechos de propiedad que lleva consigo respeten una función social de elemental satisfacción humana. Por supuesto que todo es así y que las autoridades que combaten el decreto tratando de que el Tribunal Constitucional lo anule llevan toda la razón: es una amenaza. Pero lo que ocurre es que ese no es el verdadero problema que se debe resolver.

El decreto de la Junta de Andalucía es una amenaza para la banca porque la actividad que ésta lleva a cabo últimamente es materialmente incompatible con la justicia más básica, con la función económica de financiación a empresas y consumidores que se supone debe desempeñar y con el equilibrio económico elemental que se debe guardar en toda sociedad para que el conflicto no estalle y todo se venga abajo.

Es verdad, como digo, que tratar en estos momentos de evitar que las familias pierdan sus viviendas porque dejan de pagar unos cuantos cientos de euros al mes a los bancos es una amenaza para estos. Pero si eso es así no es porque la pretensión del decreto sea desmesurada sino porque la banca se ha situado por decisión propia, buscando niveles de beneficio desorbitados a través de una multiplicación compulsiva y artificial de la deuda, en una situación de mínimos en cuanto a solvencia y seguridad. Porque ha querido situarse durante demasiado tiempo en el filo de la navaja para obtener ganancias y poder extraordinarios a costa de su propio equilibrio financiero y patrimonial y de la estabilidad de todos y del sistema económico en su conjunto.

La cuestión, pues, no puede consistir en limitarse a constatar, como hacen los dirigentes europeos y los del Partido Popular español que trabajan para la banca, que frenar los desahucios tan injustos que se vienen produciendo es una amenaza. Lo que hay que hacer es determinar por qué la justicia amenaza a la banca y por qué ésta es incompatible con una reivindicación ciudadana tan ampliamente apoyada.

Por el contrario, imponer unilateralmente el principio de que el interés de los banqueros ha de prevalecer sobre la justicia y las preferencias sociales mayoritarias no solo es dictatorial sino algo muy perjudicial para la vida de las empresas y del conjunto de la economía.

Las consecuencias de que los bancos actúen con plena libertad, sin apenas restricción legal o moral alguna, ya las estamos viendo: no solo llevan a situaciones límites a las personas físicas y a las empresas sino que paralizan a las economías porque dedican los recursos a la especulación y a lograr tasas desproporcionadas de beneficio que, para colmo, conllevan un poder político excesivo que tiende a desmantelar las democracias. La banca actual, cuya actividad principal consiste en alimentar la inversión especulativa recurriendo para ello a todo tipo de fraudes, a los paraísos fiscales y a la utilización opaca y delictiva del dinero, es el principal obstáculo para salir de las crisis permanentes y para generar empleo y estabilidad económica. Esa es la verdadera amenaza que hay que evitar.

Por eso, cuando se detecta que un decreto justo, ampliamente deseado por la población (ni siquiera el grupo parlamentario del Partido Popular votó en su contra en el Parlamento andaluz) y que resuelve un grave problema social, amenaza a la actividad bancaria lo que hay que hacer es conseguir que la banca sea compatible con él y no al revés. Es decir, corregir los defectos en la actividad de la banca y no obligar a la sociedad a tener que sufrirlos.

La banca de nuestros días es la que ha provocado las crisis financieras en las que nos encontramos. Es la culpable de que miles de empresas cierren y de que tantas familias pierdan injustamente sus viviendas. Ella misma es la responsable de que los bancos estén quebrados, de que sean auténticos zombis que no hacen nada más que absorber sin descanso miles de millones de euros que entonces no pueden destinarse a crear empleo y bienestar social. Y todo eso lo ha provocado sin necesidad. O mejor dicho, porque gracias al poder político acumulado por los banqueros se ha conseguido convertir en sacrosanta necesidad social lo que simplemente es el interés particular de unos pocos.

Eso es lo que hace que el decreto de la Junta de Andalucía sea una amenaza y, por tanto, la respuesta no puede ser paralizar su aplicación para dejar tranquila a una banca que no funciona y cuya actividad irresponsable paraliza la economía y cada día nos cuesta más dinero.

Si la banca española estuviera funcionando bien, si se dedicase a financiar a las empresas y consumidores ayudando a crear empleos, si estuviera actuando al servicio de la creación de riqueza sostenible, entonces quizá alguien podría criticar que un decreto fuese excesivamente socializante (que ni siquiera lo es) o que una sensibilidad social exagerada del gobierno andaluz pusiera en peligro ese funcionamiento.

Pero lo que sucede es justamente lo contrario: lo que se busca con este decreto es que la banca cumpla con su función económica y social genuina y que sirva para que la economía funcione como un sistema de satisfacción de las necesidades humanas y no como un cataclismo constante en aras de beneficiar a una proporción ínfima de la población.

Yo sé que se trata de una expresión fuerte, desacostumbrada y que hace que algunos me califiquen de radical o exagerado. Pero es que creo firmemente que lo que sucede es que la banca, además de actuar de forma claramente anti social, anti empresarial y anti económica, se ha convertido en una actividad criminal porque atenta ya contra el bienestar, el patrimonio, la seguridad e incluso la vida misma de millones de personas, de la inmensa mayoría de los seres humanos. Solo eso puede explicar que se sienta amenazada por medidas como las que trata de poner en marcha la Junta de Andalucía. Por tanto, lo que hay que corregir es la naturaleza de su negocio, y no los intentos de paliar el daño que hacen los banqueros.

Finalmente no quiero terminar este artículo sin mencionar que el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse próximamente sobre el decreto puesto que éste ha sido recurrido por el gobierno central.

Conociendo cómo se ha elegido a sus miembros y cuáles son su militancia y servidumbres no tengo muchas dudas sobre el veredicto. Quisiera equivocarme, pero me atrevería a aventurar que estamos a la puerta de otro escándalo vergonzoso que supeditará la justicia y la voluntad social a las imposiciones de los banqueros. Hay que esperar a su sentencia pero si finalmente el Constitucional sacrifica el decreto, es decir, si supedita la justicia social al beneficio bancario, tal y como ha pedido la Troika, no quedarán más dudas de que la corrupción se ha adueñado de todas las instituciones y de que es imposible convivir con este régimen institucional y con el sistema financiero que tenemos, en manos de auténticos irresponsables.

Un mundo al revés

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En el artículo de esta semana en El País Andalucía comento las denuncias que ha hecho Edward Snowden sobre el espionaje de Estados Unidos. Está claro que no espían para protegernos sino para amedrentarnos y defender los intereses de los super ricos. Puede leerse aquí.

Un mundo aún patas arriba

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Publicado en Sistema Digital el 6 de julio de 2013

La reciente publicación el último informe sobre el desarrollo humano de las Naciones Unidas lleva en esta ocasión un título muy expresivo de lo que está sucediendo en el mundo que analiza: “El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo diverso”. Efectivamente, en él se demuestra que los países del Sur, gracias sobre todo a los avances de China, India y Brasil, van ganando posiciones cada vez más importantes en el conjunto de la economía mundial, tanto si se toma como referencia la producción, o su participación en el comercio mundial, en la actividad que se lleva a cabo en los diferentes sectores económicos, en el consumo, las comunicaciones o en los intercambios sociales de todo tipo.

Pero el informe constata que ese avance no es fruto de la casualidad, sino el resultado de las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años en esos países, que mejoran, muy distintas a las que se aplican en la mayoría de los países del Norte o en los del Sur que no avanzan.

Eso ha hecho que mientras que los primeros muestran una consolidación de bienestar humano, crecimiento de la actividad y una reducción significativa de la pobreza, los del Norte se encuentren inmersos en una crisis, que dificulta la situación de millones de personas a consecuencia del desempleo y de la presión que se está ejerciendo sobre los pactos sociales, que habían garantizado durante decenios una amplia gama de derechos sociales que ahora se encuentran en peligro.

Y todo ello, sin embargo, sin perjuicio de reconocer que ambos se enfrentan a problemas comunes derivados, principalmente, de la creciente desigualdad que se sigue dando en gran número de países del Norte y del Sur, y de problemas ambientales que no se resuelven, y que perjudican muy seriamente a su desarrollo y al bienestar de la población.

En la misma línea, que otros informes anteriores, este último vuelve a señalar que hay una serie de constantes que permiten consolidar los avances hacia el desarrollo y el bienestar, mientras que otros factores los dificultan o los frenan totalmente.

Entre las circunstancias, que según este informe propician mejoras sustanciales en la economía y en la vida de las personas, se encuentran algunas importantes que se deberían tener en cuenta más de lo que se tienen.

La primera de ellas es la existencia de lo que el informe llama un Estado proactivo, que lidere y promueva actividad con protagonismo y estrategias inclusivas, a diferencia de los pasos atrás en este sentido que se vienen dando en los últimos años en la mayoría de los países del Norte.

La segunda es el aprovechamiento de los mercados mundiales, renunciando a la apertura compulsiva y repentina que se promueve desde las ideas neoliberales, puesto que la experiencia muestra que la competitividad sin inversión en las personas, sin inversiones en la ciudadanía, en diferentes instituciones y en infraestructura, simplemente no funciona.

Y la tercera, la puesta en marcha de innovaciones en políticas sociales porque, dice el informe, la realidad muestra que ni los “preceptos colectivistas y centralizados” ni la “liberalización irrestricta postulada en el Consenso de Washington” han dado buenos resultados.

El análisis de las diferentes experiencias que analizan los autores del informe permite concluir, que solo es posible mantener los impulsos y avances hacia el bienestar humano garantizando mayor equidad, haciendo frente a los cambios demográficos y planteando los desafíos medioambientales con mayor decisión que hasta ahora. Al respecto, el informe es taxativo al señalar que los avances en crecimiento, eficiencia y bienestar son mayores allí donde hay menos desigualdad, y advierte al respecto que hay que ser siempre cautos para evitar espejismos. En muchos países ha disminuido la desigualdad, pero solo en educación y salud, mientras que ha aumentado en ingresos.

En definitiva, el informe presenta el lado positivo de los grandes avances que se han registrado en los países del Sur en los últimos decenios, pero también las sombras que resultan de tener en cuenta que principalmente se deben a la mejoría en grandes potencias del Sur, y no en la gran mayoría de ellos, mientras que permanecen aún los grandes problemas de la pobreza y la exclusión que afectan a millones de personas en áreas demasiado grandes del Planeta.

Los cambios que se avecinan en el Planeta a la luz de las tendencias que analiza el informe son, en todo caso, de extraordinaria envergadura. Téngase en cuenta, por ejemplo, que la producción combinada de las tres grandes economías del Sur, Brasil, China e India, es prácticamente igual al PIB combinado de las seis grandes potencias industriales del Norte: Canadá, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Estados Unidos. O que la totalidad de los países del Sur ha pasado de producir un tercio de la producción mundial en 1990 a la mitad en la actualidad. Solo los tres grandes mencionados, China, India y Brasil, producirán el 40% del PIB mundial en 2050, una proporción cuatro veces mayor que la que tenían en 1950, cuando les correspondía el 10%.

Vivimos, pues, un cambio de polaridad en el Planeta que se produce en medio de turbulencias, cuando persisten todavía grandes problemas para la inmensa mayoría de la población mundial que sigue padeciendo las mismas tragedias de siempre, el hambre, que afecta prácticamente a una de cada ocho personas en el Plantea, o la falta de agua limpia y otros servicios básicos que afecta a uno de cada tres. No puede ser de otro modo cuando el 1% de las personas más ricas del Planeta han incrementado sus ingresos en un 60% en los últimos 20 años y cuando solo con los ingresos de las 100 personas más ricas del Planeta se podría acabar cuatro veces con la pobreza mundial, que si acaso disminuye lo hace de forma casi insignificante en la mayoría de los países.

Economía y ética

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Publicado en jovenesvedruna.org , web para jóvenes de las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna, el 2 de julio de 2013

Es cada vez más frecuente que los problemas económicos se presenten como cuestiones técnicas cuya solución solo requiere la decisión de expertos, de “tecnócratas” o personas muy especializadas. Se evita que sea la gente normal y corriente la que decida sobre ellos porque se considera que no está preparada y que, por tanto, si decidiera podría ocasionar perturbaciones graves, un mal funcionamiento de la maquinaria económica, más o menos como sucedería si cualquiera de nosotros que no tuviese los conocimientos adecuados se empeñase en arreglar su reloj o cualquier aparato más o menos complicado.

Eso es lo que sucede, sobre todo, cuando se habla de cuestiones monetarias. De hecho, los bancos centrales (como en Europa el Banco Central Europeo) que son las máximas autoridades en esa materia y que disfrutan de un poder casi omnímodo, son desde hace tiempo independientes de los gobiernos o parlamentos y sus directivos se nombran haciendo creer a la gente que se trata de técnicos que no toman decisiones “políticas”. Equiparando, además, lo “político” a lo caprichoso de la gente o los gobiernos.

Pues bien, esta es una de las mentiras más grandes que acompaña al discurso y a la política económica de nuestro tiempo.

Ningún problema económico tiene solución “técnica”. Todos tienen soluciones políticas, entendiendo por política toda aquella decisión que no depende de un criterio objetivo sino de una preferencia del tipo que sea.

Pongamos un ejemplo. Supongamos que hay dinero para hacer un puente entre dos ciudades pero que se puede construir en puntos diferentes de ambas por el mismo precio y con igual recorrido o dificultad. La decisión acerca de qué dos puntos concretos va a unir es política porque depende de las preferencias de la gente. Quienes vivan en un sitio o en otro preferirán seguramente que esté cerca de ellos, o lejos da igual, pero por criterios puramente subjetivos. Y la decisión que se tome será siempre política, es decir, resultado de una prefrencia concreta y no de un criterio técnico. Puede ser que esa decisión política la tome un dictador, o que se eche a suerte o que se haga una votación, pero sea cual sea el procedimiento concreto, será el resultado de una preferencia social.

Otra cosa es que, una vez tomada esa decisión, los ingenieros se tengan que poner manos a la obra y determinar las cuestiones técnicas necesarias para construir el puente, a partir de los puntos que se hayan fijado.

Y lo mismo que consideraríamos una barbaridad que la gente quisiera decidir por votación qué tipo de tornillos o sujecciones deben utilizarse, o dónde poner los puntos de fuerza del puente (porque eso sí son decisiones técnicas y no políticas), también lo sería que los ingenieros quisieran decidir por ellos mismos dónde es mejor que vaya el puente y usurparan a la gente el derecho a hacer valer sus respectivas preferencias (porque esa es una cuestión política y no técnica).

En economía ocurre igual…

Cualquier decisión económica comporta un reparto determinado de la renta. Sea cual sea lo que se decida, siempre implicará que unos u otros se beneficien más o menos. Y la decisión acerca de quiénes deben beneficiarse o salir perjudicados es evidente que no es técnica, sino política.

¿Subir o bajar los tipo de interés es una cuestión técnica?

Si yo tengo un millón de euros en el banco querré que suban, porque así me beneficio. Si debo un préstamo, preferiré que bajen.

¿Es mejor que el euro cueste más o menos dólares?

Si yo vendo sillas a Estados Unidos, querré que esté bajo, porque así venderé más, dado que serán más baratas para los estadounidenses. Pero si tengo una fábrica que compra componentes allí, preferiré que esté alto porque me saldrán más baratos a mí.

Por tanto, cuando el Banco Central Europeo sube los tipos de interés o hace que baje la cotización del euro, o al revés, aparentando que toma una decisión técnica lo que hace es decidir que miles de millones de euros pasen o a un bolsillo o a otro. Es decir, tomar una decisión política puesto que se deriva de una preferencia sobre quién se quiere que se beneficie o no de ella.

Así son todas las decisiones económicas.

Muchas veces, cuando la gente pide mejor distribución de la riqueza oímos decir: sí, pero hay que esperar, porque primero hay que producir más y luego podremos repartir, primero hay que hacer la tarta y luego repatirla.

¡Suena tan lógico que parece indiscutible, pero eso no es verdad!

Eso funciona así en repostería: para poder repartir una tarta hay que crearla antes. Pero en economía, no es así, porque a medida que vamos produciendo ya estamos repartiendo. Si producir un lápiz cuesta un euro es porque hemos retribuido por esa cantidad a todos los que han ido contribuyendo a producirlo (al que sacó la madera, al dueño de la serradora, al que lo cortó, al que lo empaquetó, etc.).

Por tanto, si eso es así, si siempre que se toma una decisión económica se toma en función de una preferencia y no de un criterio técnico, resulta que las decisiones económicas dependen siempre de nuestros principios morales, de nuestros criterios éticos: ¿somos indiferentes al crecimiento de la desigualdad? ¿nos da igual que al consumir destrocemos el medio ambiente? ¿creemos que se debe producir solo lo que pueda pagar la gente que tenga dinero o debemos conseguir que todos los seres humanos tengan acceso a los bienes imprescindibles para vivir, como la alimentación, la sanidad o la educación? ¿es justo que quienes más tienen no paguen impuestos?

Es evidente que las decisiones económicas dependerán siempre de esos principios, de la respuesta que cada uno de nosotros le demos a preguntas de esa naturaleza.

Y por todo ello es por lo que podemos decir que la economía va de la mano de la ética. Plantear las cuestiones económicas, qué política realizar, qué medidas adoptar, etc., sin plantear al mismo tiempo la cuestión moral que comportan es hacer trampa, porque significa que se decide en función de la preferencia particular de quien toma la decisión siendo ajeno a las preferencias de los demás.

La economía sin una explícita reflexión ética sobre los objetivos, sobre las consecuencias y los modos de decidir y aplicar lo decidido es una dictadura, normalmente, de los que tienen más sobre los que tienen menos o no tienen nada. Por eso hemos de reclamar siempre que, antes de tomar cualquier decisión económica, la población pueda pronunciarse sobre ella y que la que se tome sea la preferida por la mayoría. Y que, para que eso se pueda decidir con fundamento, que se pongan antes en claro sus efectos sobre las cuestiones básicas que afectan a la vida y el bienestar de las personas.