Ganas de Escribir. Página web de Juan Torres López

¿Para qué sirven las privatizaciones?

Publicado en Sistema Digital el 31 de enero de 2013

Las políticas neoliberales se presentan casi siempre revestidas de argumentaciones sofisticadas y bien difundidas gracias a la generosa financiación de los grandes grupos financieros y empresariales a grupos mediáticos y de investigación, a académicos, economistas y periodistas que se encargan de crear opinión favorable a las medidas que toman los gobiernos. Sin embargo, las evidencias empíricas que pudieran demostrar la veracidad de esos argumentos con prácticamente nulas en casi todos los casos. En estos momentos estamos sufriendo una nueva amenaza al bienestar social y a la eficiencia económica que igualmente se trata de justificar como imprescindible y positiva con argumentos que una vez más carecen de fundamento y realismo.

Me refiero a la nueva fase del proceso privatizador que en España comenzó a mediados de los años ochenta del pasado siglo, que ha ido dejando unas secuelas lamentables en nuestra economía y que ahora se dirige hacia servicios públicos esenciales en el sector sanitario y educativo.

De 1984 a 1996 se llevaron a cabo unas 70 operaciones de privatización de empresas públicas mediante distintos tipos de procedimientos, generalmente orientadas a abrir su capital a los intereses privados y casi siempre justificadas por la necesidad de ajustarse a lo establecido en las normas y directivas de la Unión Europea, a la que nos incorporábamos en esos años.

Más tarde, y hasta el final de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, se entró en una segunda fase, muy distinta, más radical y orientada a desmantelar la práctica totalidad del sector público empresarial español para ponerlo en manos del capital privado. Y ahora, como he dicho, se trata de hacer lo mismo con la sanidad y la educación públicas.

Esto último era algo difícil de justificar en años anteriores, dado el alto aprecio que la población tiene por esos servicios, pero ahora se puede utilizar la crisis y los problemas de la deuda pública para argumentar que es algo imprescindible para resolverlos.

Este argumento se une a los que siempre se han dado para llevar a cabo las privatizaciones: que hay que acatar las normas europeas, que es imprescindible vender para proporcionar recursos al Estado y que, además, al hacerlo se dispondría de los mismos bienes o servicios a menor precio y con mayor calidad y eficacia.

Los medios de comunicación e incluso muchas revistas académicas están llenas de textos dirigidos a justificar y desarrollar estas tres ideas pero, como señalé al principio, la evidencia empírica muestra claramente que no tienen mucho fundamento y que no reflejan la realidad de lo que sucede cuando se privatizan empresas o servicios públicos.

Es verdad que la Unión Europea ha impuesto un adelgazamiento del sector público (con el mismo objetivo que en España) pero no lo es menos que aquí se ha llegado más lejos innecesariamente, con el único propósito de satisfacer en mayor medida a los grupos privados interesados en quedarse con la antigua propiedad pública. Buena prueba de ello es que en otros países aún perviven empresas públicas en sectores estratégicos que en España han sido desmantelados.

Tampoco es verdad que las privatizaciones sean una fuente de ingresos netos para los Estados. Son, por el contrario, un negocio ruinoso. Las que se llevaron a cabo de 1984 a 1996 reportaron un total aproximado de 13.200 millones de euros, y las que se realizaron de este último año a 2007, unos 30.000 millones. La prueba de que fueron operaciones nefastas para los intereses del conjunto de la sociedad española es que solo cuatro empresas en su día privatizadas (Telefónica, Gas Natural, Endesa y Repsol) obtuvieron en un solo año, 2011, unos beneficios superiores a los 10.000 millones de euros, y todas las de energía y telecomunicación más de 12.000. Si a ello se le suman los que hubieran proporcionado los antiguos bancos públicos y las demás empresas privatizadas, es fácil deducir que lo que ha producido su traspaso a manos privadas es una extraordinaria merma en los ingresos del Estado.

Finalmente, tampoco es cierto que la privatización haya generado más competencia. En realidad, se ha reproducido el mismo mercado de carácter oligopolista, ineficiente y caldo de cultivo de grandes acuerdos para imponer precios a los consumidores. La prueba la tienen mes a mes todos los españoles cuando pagan las tarifas que suelen estar entre las más elevadas de toda Europa.

Y tampoco es cierto que la privatización vaya acompañada de mejor calidad en el servicio. Por el contrario, diversos estudios han demostrado que las política de privatizaciones están asociadas al aumento de la mortalidad por abuso de alcohol, enfermedades cardiovasculares, suicidios y homicidios, especialmente entre hombres. Y está bien demostrado que llevan consigo la disminución del número de médicos, dentistas y de camas cuando se llevan a cabo en el sector hospitalario.

Los estudios empíricos que se han llevado a cabo en España, como el de las profesoras Laura Cabeza y Silvia Gómez Ansón, demuestran que las antiguas empresas públicas no han registrado «mejora significativa en la rentabilidad, en la eficiencia, en el volumen de ventas y de inversión, ni cambios significativos en el nivel de endeudamiento o en el empleo» después de haber sido privatizadas («Los procesos de privatización en España: determinantes e implicaciones de la eficiencia empresarial», ‘Estudios de economía aplicada’, vol. 27-2, 2009, p. 20).

Los resultados de las privatizaciones han sido simplemente el beneficio de los grupos privados que adquirieron la propiedad pública a bajo precio. No hay rentabilidad social en ellas y en realidad constituyen un vergonzoso expolio al conjunto de la sociedad. Por eso urge que en España se lleve a cabo una investigación profunda de las privatizaciones realizadas, de las condiciones en que se efectuaron, de sus beneficiarios y de lo que éstos dieron a cambio a quienes las aprobaron y ejecutaron, que no ha sido poco, como puede comprobarse casi a diario cuando se tienen noticias de la corrupción tan generalizada en los partidos que las impulsaron. Ningún robo debe quedar impune y es un elemental deber de ejercicio democrático que la ciudadanía conozca lo que se ha hecho con su patrimonio, así como castigar a los culpables de su dilapidación en manos de grupos privados amigos.

7 comentarios

Tinejo 1 de febrero de 2013 at 09:59

La excusa de la mala gestión y el derroche público durante la época de los grandes monopolios estatales abrió una época de ingresos por venta que disfrazó una etapa como de éxito económico cuando no era tal. A partir de ahí, lo único que hemos visto es la aparición de oligopolios que se reparten el descontento de los consumidores a sabiendas de su trasvase permanente, mientras el Estado ha perdido importantes fuentes de ingresos para sostener aquellos servicios inevitablemente deficitarios, así como la creación de empleo objetivo y de garantías.
http://casaquerida.com/2013/01/30/el-correteo-de-la-sabina-que-nutre/

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marianne 1 de febrero de 2013 at 11:03

Según yo entiendo bien el problema es que se vendieron al capital privado servicios que estaban en perfecto estado de funcionamiento. No tuvieron que invertir nada más. Estos servicios, por lo menos en algunos casos, dejaban unos beneficios que, en el caso de propiedad estatal, se reinvertian, pero que en caso de explotación por empresas privadas serán distribuidos a los accionistas. Sin embargo, un servicio público no está previsto para dejar beneficios sino para mejorar estos servicios gracias a superávits.
Se puede imaginar perfectamente en qué estado dejarán las empresas privadas, destinadas a generar beneficios, los servicios públicos como los transportes, la sanidad y la enseñanza dentro de muy poco tiempo. En otros países ya se ha dado el caso de que el estado tuvo que readquirir estos servicios para que no caigan en miseria: doble beneficio para las empresas y doble pérdida para el pueblo…

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Marga 1 de febrero de 2013 at 15:30

El pueblo con sus impuestos, paga las infraestructuras de empresas publicas. Los buitres de turno llamados politicos, las malvenden como si fueran suyas. EL NEGOCIO ES … un robo, otro mas.

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Cristina 1 de febrero de 2013 at 20:50

Clarísimo. Las privatizaciones sirven para hacer negocios entre amigos…Ay! qué vivos que son.
Acá los dejo con la canción «Los ejecutivos» de María Elena Walsh, quien hoy hubiera cumplido 83 años: http://www.youtube.com/watch?v=Iih3G0mAeGo

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Andres Niporesas 1 de febrero de 2013 at 21:24

Las principales empresas culminaron su privatización en la época Aznar. El PP colocó a los amigos de Rato y del mismo Aznar para abordar este trabajo. Una vez terminado, en vez de retirarse como mandaría cualquier norma de decencia montaron consejos a imagen y semejanza suyo y se quedaron al frente. Se convirtieron en una agencia de poder y colocación de los herederos del régimen anterior que coparon todos los puestos importantes. Por cierto porque al investigar la financiación del PP no se incluye a estas empresas.
El resultado ya se sabe: Endesa ya no es española «Antes alemana que catalana», decía un líder popular.
Telefónica se ha convertido en la agencia de colocación de políticos y afines al PP.
De Repsol, BBVA, Tabacalera no digo nada. Pero me imagino que mas de lo mismo.
Profesor, si es que en España no hay teoría económica que funcione. La economía en este país se mueve por comisiones no por eficiencia. Mire los papeles de Bárcenas.

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jose luis 3 de febrero de 2013 at 08:41

Y aun tenemos en la palestra a personas como Villar Mir, tecnócrata del franquismo, que fue hundiendo en los setenta toda empresa que tocó (hasta terminar con «Altos Hornos de Vizcaya») para convertirlas en privadas.

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Ron N. Owens 7 de febrero de 2013 at 15:28

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