Publicado en Mundo Obrero nº 182, noviembre de 2006
Los Presupuestos Generales del Estado para 2007 me parece que contienen dos caras: la progresista que se manifiesta en el afán de avanzar en las políticas de bienestar social y la liberal del superávit y los ingresos que no reflejan avance alguno hacia más equidad y justicia fiscal.
En general, se puede decir, por tanto, que permiten comprobar un año más que entre el gobierno progresista de Rodríguez Zapatero y el anterior de José María Aznar hay notables diferencias a la hora de poner en marcha políticas sociales, aunque también coincidencias significativas en los grandes planteamientos macroeconómicos y fiscales.
Desde el punto de vista del gasto, los aspectos que me parece que hay que destacar principalmente son los siguientes.
– En primer lugar, el aumento significativo (8,4%) del gasto social, que representa prácticamente la mitad del gasto total. Se trata de un incremento notable que puede permitir incrementar la dotación destinada al bienestar colectivo pero aún claramente insuficiente para poder reducir de forma significativa la brecha que nos separa de Europa.
Se registra un incremento bastante mayor (superior al 26%) en educación, volviéndose a corregir las restricciones que había impuesto el gobierno de Aznar años atrás y su orientación privatizadora en este ámbito de los recursos públicos.
También es destacable que, una vez aprobadas las leyes de Igualdad y Dependencia, por primera vez se presupuestan cantidades importantes para financiar su puesta en marcha (alrededor de 400 millones de euros para cada una de ellas, aunque para la de dependencia habrá que contar con otra cantidad similar proveniente de las comunidades autónomas).
– Por otro lado, es muy considerable el incremento superior al 30% respecto al de 2006 que va a tener el gasto de diferentes ministerios destinado a investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). Un total de 6.477 millones de euros, prácticamente el doble de lo que el Partido Popular presupuestó en 2004.
Se trata, pues, de un volumen de gasto muy importante pero que, en relación con nuestro PIB, todavía representa la mitad de lo que deberíamos gastar para alcanzar la media de la Europa de los 15. El esfuerzo adicional que queda por hacer es, por tanto, inmenso.
Además, hay que tener en cuenta que dentro del presupuesto público destinado a I+D+I se incluyen cantidades muy elevadas dedicadas a la investigación militar, para el año 2007 estimadas en unos 1.580 millones de euros. Es una cantidad menor que la presupuestada en 2006 (lo que no ocurre con el gasto militar total que aumenta un 8%), y también una proporción del gasto total en este concepto bastante más baja de la que presupuestaba el Partido Popular, pero, en todo caso, demasiado elevada en un país que debería apostar por la industria civil más que por la improductiva y peligrosa industria militar.
– Aunque no tienen un incremento tan grande, es muy grande también el gasto en infraestructuras (casi 22.000 millones de euros en total), qué está preferentemente destinado a los grandes proyectos ferroviarios de alta velocidad y a carreteras y autovías.
En definitiva, desde el lado del gasto se presupuesta un notable incremento pero que es tan imprescindible como insuficiente si se tiene en cuenta la brecha que aún mantenemos respecto a Europa.
Desde el punto de vista de los ingresos es donde me parece que se pueden manifestar las críticas más serias a estos Presupuestos, al menos, desde un punto de vista progresista.
Los esfuerzos del gobierno socialista para avanzar en políticas sociales y bienestar colectivo son evidentes, aunque no todo lo eficaces y coherentes que debieran precisamente por carecer de la necesaqria cobertura financiera. Pero también lo es que en el campo macroeconómico y fiscal el Gobierno se está limitando a reproducir la política reaccionaria del Partido Popular, sin ni siquiera llegar a aplicar los compromisos, de suyo moderados, de su programa electoral.
El efecto de este seguidismo fiscal es que la legislatura del Partido Socialista, francamente positiva en otros aspectos, puede terminar con datos que reproduzcan la desigualdad y la inequidad generada por el gobierno de Aznar.
España está aún lejos del nivel de presión fiscal europeo, de modo que se podría estar avanzado hacia niveles impositivos más favorables al desarrollo social pero no como se está haciendo desde hace años: subiendo los impuestos indirectos y, en realidad, disminuyendo los impuestos a los ricos y haciendo pagar más a los más pobres.
En lugar de avanzar incluso mínimamente en sentido fiscalmente progresista lo que se ha hecho es asumir la reaccionaria idea de que es bueno bajar los impuestos (aunque, en realidad no bajan sino solamente los que gravan más equitativamente el ingreso o la riqueza, aumentando, de hecho, la presión fiscal), en lugar de entenderlos y utilizarlos como instrumentos para lograr más justicia social.
El Gobierno ha podido aumentar el gasto gracias a la buena marcha de la recaudación, pero lo hace empujado sólo por esa inercia, sin forzar lo más mínimo las máquinas, como sería necesario hacer para converger con Europa en aspectos sociales, y como permitiría hacerlo la actual coyuntura económica.
Corolario de las ideas liberales del área económica del Gobierno es su empecinamiento en cerrar los presupuestos con un considerable superávit.
Esta es una opción rechazable por innecesaria e inoportuna. Incluso solo con un ligero déficit, como ocurre a nuestro alrededor, se podrían consolidar mucho más rápidamente las inversiones necesarias para alcanzar los estándares europeos de bienestar social. Piénsese, por ejemplo, que algunas fuentes estimaron en su día que los costes asociados a la Ley de dependencia recién aprobada son realmente bastante más elevados que los previstos en su Memoria Económica, lo que puede empezar a provocar que esta importantísima ley no esté en condiciones de alcanzar los objetivos bienestaristas que se propone y a que, por el contrario, traiga consigo muy pronto efectos perversos en forma de desigualdad y discriminación.
Los Presupuestos, en suma, tienen dos caras: significan un avance considerable en políticas de gasto, pero un avance que a la postre resulta insuficiente por la escasa valentía del Gobierno a la hora de avanzar hacia la justicia fiscal. La cuestión estriba en saber si realmente las mejoras que quiere ir introduciendo serán sostenibles o incluso viables con el conservadurismo macroeconómico y fiscal que, al mismo tiempo, le domina. O si, por el contrario, el tufo neoliberal que despide el Ministerio de Economía y Hacienda pueda terminar ofuscando los demás aires que trata de irradiar el Gobierno.