Publicado en La Opinión de Málaga el 23 de abril de 2005
Cuando se realizan encuestas y se pregunta a la población acerca de su opinión sobre los problemas que tiene la Seguridad Social en España siempre se obtienen los mismos resultados: predomina la incertidumbre y la idea de que está sujeta a una crisis que hará muy difícil que a medio y largo plazo se puedan mantener las pensiones públicas.
Nadie puede extrañarse por ello. Desde mediados de los años noventa se ha venido promoviendo una amplísima campaña de desinformación, de medias verdades e incluso de mentiras gigantescas que han terminado por confundir al común de los mortales.
¿A quién no le ha llegado la idea de que en el futuro las pensiones públicas o no existirán o serán insuficientes, por un conducto o por otro, siempre bien razonada, siempre en la boca de catedráticos prestigiosos, de financieros de trajes impecables y verbo convincente? ¿Cuántas veces no hemos oído decir con razonamientos revestidos de gran neutralidad que hay que reformar el sistema público de pensiones?, ¿a quién no le han hecho una oferta de pensiones privadas para evitar, le dicen, que se quede sin ingresos cuando se jubile?
Los propios gobiernos han ido creando suculentas desgravaciones fiscales para quienes invirtieran sus ahorros en esos fondos, de modo que se hacían muy atractivos fiscalmente para que los bancos pudieran ver crecer cómodamente sus beneficios.
Lo increíble de todo esto es que detrás de ello hay un gigantesco fraude intelectual, político y financiero.
Entre 1995 y 1998 se realizaron en España diversos estudios sobre el futuro de las pensiones públicas pagados la gran mayoría de ellos, ¡qué casualidad!, por entidades financieras.
Sus resultados tuvieron una gran difusión y se utilizaron en la campaña que acabo de señalar, orientada a convencer a la población de que la Seguridad Social iba a tener unos déficit grandísimos que obligaban a reformarla y a que los ciudadanos precavidos suscribieran fondos privados de pensiones. Todos ellos pronosticaban que en 2005 habría un déficit muy considerable de la Seguridad Social española. Herce (1995) lo cifraba en el 0,77% del PIB, Piñera y Weinstein (1996) en el 0,75%, Herce en otro trabajo de 1996 en el 1,80%, y también Herce con Alonso en 1998 lo estimaron en 1,17. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo estimó en 1995 en el 0,40% del PIB. El profesor Barea y otros investigadores pronosticaron que ya en 2000 se alcanzaría un déficit del 1,61% del PIB.
A la vista de pronósticos como esos ¿quién iba a dudar que nuestra Seguridad Social se encaminaba al desastre? ¿Quién no iba a tener la tentación de ponerse a salvo en el banco más cercano?
Sin embargo, ¡ninguno de ellos acertó ni de lejos!. La Seguridad Social llevan ya siete años con superávit y precisamente esta semana se ha informado que durante 2004 habrá tenido el superávit más alto de su historia, de más del 1% del PIB, lo que demuestra el fiasco, la irresponsabilidad y la tendenciosidad de esos informes.
Hay multitud de estudios que demuestran que los sistemas públicos de pensiones son más eficientes, más seguros y más equitativos pero los que defienden a capa y espada los intereses de los bancos privados ocultan esa realidad para difundir tendenciosamente análisis catastrofistas que, como se ha demostrado, carecen de rigor y de fundamento científico. Si hay crecimiento económico y una distribución de la renta minimamente equitativa el envejecimiento de la población no tiene por qué constituir una amenaza para las pensiones públicas. Por tanto, el mayor y verdadero enemigo de estas se encuentra en el tipo de políticas económicas que aplican los gobiernos de orientación neoliberal, que frenan el crecimiento y aumentan la desigualdad.
A pesar de que el sistema español está fuerte, los defensores de la privatización de las pensiones no paran de insistir. El último informe sobre España del Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional decía que la reforma de las pensiones debería tener «prioridad máxima en la agenda política». Es decir, que debemos afrontar en primer lugar lo que interesa a los bancos y hacerlo como a ellos les interesa. El Fondo se quejaba, entre otras cosas, de la «excesivamente generosa pensión de viudedad», lo que no requiere de mayor comentario, y hace unos días Rodrigo Rato volvía a plantearle a Rodríguez Zapatero que debe reformar las pensiones «para ganar competitividad», no para que haya más justicia o mayor bienestar.
El Ministro de Trabajo ha aprovechado la presentación de este superávit histórico de nuestra Seguridad Social para afirmar que no tendrá más problemas en el futuro pero el Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, utilizó su comparecencia en las Cortes para dejar en el aire una pregunta sospechosa y envenenada. Se preguntó en voz alta si «no estaremos generando excesivos excedentes y frenando la economía» y apuntó a que se podría considerar la propuesta de los empresarios de reducir las cotizaciones sociales ahora que hay superávit.
No me dirán ustedes que el asunto no tiene guasa. Primero, venden la idea de que el sistema está en crisis y que quebrará en un plazo alarmantemente próximo por falta de recursos suficientes. Y cuando resulta que tiene superávit en contra de los estudios que han financiado para engañar a la gente, dicen que hay que quitarle ingresos porque el superávit frena la economía.
Todo es muy kafkiano pero fácil de entender. Los más radicales propusieron que las pensiones se privatizaran completamente pero esa es un a estrategia política y económicamente muy costosa. Por eso optaron por ir debilitando progresivamente el sistema público para que la opción del privado fuese desarrollándose como algo inevitable.
Lo curioso es que, mientras tanto, los planes de pensiones son los que comportan verdaderos riesgos. Su rentabilidad apenas supera la inflación e incluso son objeto de manipulaciones y corruptelas. En Estados Unidos incluso se ha descubierto y demostrado que sus gestores los manejan para beneficiar a los grandes inversores en perjuicio de los pequeños ahorradores.
Hablando de pensiones públicas y privadas siempre recuerdo que cuando Pinochet aplicó por primera vez las políticas neoliberales privatizó las pensiones en Chile pero dejó en el sistema público a la policía y al ejército. El sabía lo que estaba haciendo. Como también lo saben ahora, pero no lo dicen.