En los últimos años, se tiende a generalizar el criterio según el cual la progresiva presencia de la iniciativa privada procuraría mayor eficiencia y seguridad al sistema de pensiones.
Puesto que se trata de un asunto trascendental para el bienestar social, no está de más tener en cuenta que ese criterio no tiene un sustento definitivo e indiscutible, sino que, por el contrario, está estrechamente vinculado al grado de equidad y solidaridad que se desea alcanzar y, en consecuencia, es dependiente sobre todo de las preferencias sociales dominantes.
Las principales razones que se aducen para justificar una mayor presencia de la inciativa privada son las siguientes.
En términos generales, se considera que los sistemas de Seguridad Social han extendido hasta tal punto los niveles de protección que, más que asegurar el necesario socorro a los más débiles, han provocado la aparición de potentes desincentivos. Se entiende que la protección generalizada, los seguros de desempleo, la sanidad gratuita, etc., generan poco aprecio al trabajo, potencian la abulia y la falta de esfuerzo, y favorecen una comprensión de los servicios públicos como bienes de acceso gratuito que no tienen coste, cuando en realidad llevan consigo un volumen de gasto público que se hace insoportable.
Con independencia de ello, se afirma que el gasto que administra la Seguridad Social es hoy día excesivo, que arrastra tras de sí un ingente ejército de empleos improductivos y que se administra sin el rigor y la ecoonmía de la inciativa privada. Por el contrario, ésta última, en la medida, en que adminsitra bajo rigurosos criterios de eficiencia podría gestionar los recursos disponibles de manera mucho más rentable y productiva.
La financiación de las prestaciones sociales, y en particular, de las pensiones a través de cotizaciones sociales y/o impuestos lleva consigo cargas demasiado elevadas para las empresas, lo que deriva en pérdida de empleo. Por el contrario, si se instaurase sistemas de capitalización gestionados por la iniciativa privada se podría aliviar la acarga impositiva y con ello favorecer la creación de puestos de trabajo.
Al basarse los sistemas públicos en criterios universalistas, se rompe con la libertad de elección, esto es, con uno principio básico que debe gobernar los regímenes de mercado.
Se entiende que si la acción pública se limita a garantizar los mínimos esenciales de protección y se deja que la iniciativa privada gestione los niveles complementarios a ellos, se liberarían recursos que puestos en circulación a través de los mercados favorecerían mayores rendimientos del sistema y resultados globales de la actividad económica más satisfactorios.
Pero, desde otro punto de vista, tampoco son escasos los argumentos que pueden plantearse contra la privatización del sistema de pensiones.
La evidencia empírica demuestra que la existencia de altos niveles de protección social no va acompañada de fenómenos negativos en las economías, sino más bien todo lo contrario, pues son precisamente las naciones donde ha llegado más lejos las que muestran, al mismo tiempo, más estabilidad y crecimiento económico.
Además, el gasto en Seguridad Social constituye un elemento primordial para el sostenimiento de la demanda agregada de la economía y, en ese sentido, es un factor esencial del crecimiento y el desarrollo económico.
Hay que tener en cuenta también que cualquier sistema privado tendría mucha menor garantía que el sistema público, implicaría la desaparición de los mecanismos de transferencia de derechos, estaría sometido en mayor medida a riesgos como la inflación y, por supuesto y a diferencia del sistema público, podría quebrar.
Puesto que el sistema privado debe funcionar sobre la base de lograr rentabilidad, y para hacer frente a esos riesgos, el sistema privado debe operar con primas más elevadas que las de un
sistema público y perjudicando a las personas con menos riesgo.
En principio, la posibilidad de alcanzar altos rendimientos a través de la administración privada de los fondos es un argumento que se utiliza a su favor; pero no se tiene demasiado en cuenta que los sistemas financieros actuales se caracterizan por una extremada inestabilidad y por estar sujetos a gran incertidumbre y alto riesgo, como ponen de manifiesto las sucesivas crisis bursátiles, financieras o bancarias que han provocado la quiebra incluso de empresas o instituciones de gran peso específico. Las primas más elevadas serán la única cautela posible frente a este riesgo, pero nada podría evitar la quiebra general del sistema si sellegara a una crisis financiera generalizada, que es una hipótesis descartable, sino más bien que cabe esperar se produzca sin remedio de no modificarse la naturaleza que predomina en los mercados financieros en las últimas décadas.
Pero la argumentación quizá más rotunda en contra de las ventajas de la privatización, incluso cuando ésta sólo se da en niveles complementarios, deriva de que la dinámica de mercado es incapaz, por definición, de resolver de manera efectiva las contingencias que trata de paliar la protección social, entre otra cosas, porque generalmente es el propio mercado el que las produce.
Eso es lo que explica que cualquier regimen privado se caracterice por las barreras de entrada que presenta, pues sólo los que disponen de un alto nivel de ingresos pueden acceder a él
como mecanismo efectivo para garantizarse la pensión.
Hasta el momento, por ejemplo, se estima que en España sólo un millón seiscientas mil familias tienen capacidad de ahorro suficiente para acceder a Fondos de Pensiones y que sólo quinientos mil ahorradores estarían en condiciones de invertir la cantidad necesaria para alcanzar el máximo de desgravación fiscal. A principios de 1.995, se calcula que alrededor de un millón y medio participan en Fondos de Pensiones, lo que supone aproximadamente un 15 por cien de la población ocupada.
Una encuesta reciente realizada por Seguros La Estrella confirmaba esta limitación al poner de relieve que el grupo laboral que en la actualidad cuenta, en mayor medida, con un sistema de protección alternativo es el de directivos, mientras que sólo el 10 por cien de las escalas inferiores de las empresas disfrutaban de él. Según esta encuesta, la falta de recursos era, precisamente, la razón que alegaba un 44,94 por cien de los encuestados para justificar su no incorporación a esos planes.
Un ejemplo especialmente significativo de los resultados de la administración privada del sistema de pensiones es el de Chile.
En este país, que suele ser utilizado como ejemplo por los neoliberales más conspicuos, la realidad muestra que de los aproximadamente cuatro millones ochocientos mil afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), sólo dos millones trescientos mil cotizan normalmente, y la cuarta parte de estos cotizan por menos del salario mínimo chileno (alrededor de unas veinte mil pesetas). Se calcula entonces que la mayor parte de los afiliados no cotizantes sólo alcanzará, como mucho, la pensión mínima.
En junio de 1.994, después de trece años, el 69% de los afiliados no habían logradoacumular más de un millón de pesos (algo más de trescientas mil pesetas), y ello a pesar de que la
rentabilidad media de los fondos ha sido del 13%.
A la vista de todo esto, y puesto que a su pesar la estrategia conducente a debilitar los sistemas públicos de pensiones, a reducir las prestaciones y a fomentar la presencia de la iniciativa privada es un hecho asimismo incuestionable, debemos pensar necesariamente que aquella responde a razones que no tienen que ver con una aparente perversidad intrínseca del sistema público, ni tan siquiera con su desequilibrio financiero, sino más bien con otros fenómenos paralelos que se vienen produciendo en nuestras economías y a los que la doctrina convencional no suele referirse.
En particular, el intento de privatizar los fondos generados por el sistema de pensiones tiene mucho que ver con el fenómeno de hipertrofia financiera, típico de nuestras economías.
La circulación monetaria es cada vez más independiente de los movimientos reales de mercancías, constituye un lugar específico y privilegiado de beneficio. Es allí donde las grandes empresas y los grandes tenedores de liquidez pueden lograr beneficios ingentes, mucho más altos que los que proporciona la actividad productiva, gracias, entre otras razones, a la generalización de las operaciones especulativas y a la política monetaria predominante que tiende a establecer una permanente tónica alcista de los tipos de interés, lo que quiere decir alta retribución para los capitales financieros.
Puesto que las operaciones en los mercados financieros son extraordinariamente rentables, resulta especialmente atractivo poder disponer de los fondos generados por las cotizaciones de los
trabajadores para poder operar con ellos en estos mercados.
Los fondos acumulados de esta manera no sólo supondrían una fuente inmediata de beneficio a sus administradores privados, sino también una vía privilegiada de financiación si se tiene en cuenta que, como en otros mercados, aquí se produce una fuerte concentración (en Chile, por ejemplo, cinco de las veintidos AFP existentes controlan el 82% de los fondos), lo que da una gran libertad de acción a la hora de aplicarlos privilegiadamente.