La Iglesia Católica española exige privilegios que provocarán exclusión social

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Publicado en rebelión el 29 de noviembre de 2005  

En España hay colegios públicos y colegios llamados concertados que son de titularidad privada pero financiados por el Estado, la mayoría de ellos propiedad de órdenes religiosas. Estos centros concertados se someten a la regulación establecida por las autoridades públicas en cuanto a admisión de alumnos, si bien es evidente que gozan de una autonomía de facto bastante grande.

 Así lo prueba, por ejemplo, que sólo uno de cada siete hijos de inmigrantes esté escolarizado en colegios concertados y que dé la casualidad de que la inmensa mayoría de los alumnos con dificultades de cualquier tipo, con discapacidades, o problemas de aprendizaje no esté nunca en esos centros concertados. Es uno de los datos que demuestran que estos centros tratan de seleccionar los alumnos y que de hecho lo consiguen más que a menudo, aunque no tengan derecho formal a hacerlo, puesto que si son financiados completamente por el Estado lo lógico es que contribuyeran en igual medida a solucionar el problema global de escolaridad de todas las personas.
Durante los gobiernos anteriores del Partido Popular, estos colegios habían recibido ayudas extraordinarias y promesas que ahora ven peligrar cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero hace una apuesta que quiere ser decidida por la enseñanza pública de calidad, entendiendo que solo de esa forma se puede garantizar la igualdad de la que luego salga una libertad efectiva para todos, y no sólo para los privilegiados. Una propuesta, en cualquier caso, que cuenta con los colegios concertados y entre ellos los religiosos, a los que se seguirá financiando como hasta ahora.
Frente a ello, los propietarios de colegios concertados, y entre ellos de forma principal la Iglesia Católica en sus diversas órdenes, se han levantado y salido a la calle. Lo que por cierto, la Iglesia Católica española no ha hecho nunca, ni para protestar por la dictadura, ni por sus asesinatos, ni por sus injusticias, ni para luchar contra el hambre en el mundo… para nada. Pero ahora los obispos salen a la calle y llaman a la movilización social desde sus radios y los púlpitos fingiendo que la enseñanza de la religión está en peligro y que el gobierno pretende abolir la libertad de elección de centro educativo.

Libertad de enseñanza y elección de centro
Las razones que dan son las siguientes, según el propio comunicado de la Conferencia Episcopal Española (texto aquí):
«1. Constatamos con gran preocupación que este Proyecto de Ley Orgánica de Educación no responde a los problemas que tiene la comunidad educativa en cuanto a la formación integral de los alumnos. En concreto, no respeta como es debido algunos derechos fundamentales, como son el de la libertad de enseñanza; de creación y dirección de centros docentes de iniciativa social; el de establecer y garantizar la continuidad del carácter propio de estos centros; el derecho preferente de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir y, por consiguiente, el derecho de libre elección de centro educativo».
Pues bien, lo que dice el Proyecto de ley en su Disposición Final Primera es lo siguiente:
«1. El artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la educación, queda redactado de la siguiente manera:
“1 Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen los siguientes derechos:
a) A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las leyes educativas.
b) A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos.
c) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos.
e) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.
f) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes.
g) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos».
¿Es respetuoso con la verdad lo que dicen los obispos españoles?

Enseñanza de la religión
Los Obispos llaman a la calle diciendo que la Ley amenaza la enseñanza de la religión pero lo cierto es que la Ley dice lo siguiente en la Disposición Adicional Segunda:
«La enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre el Estado español y la Santa Sede, así como a lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España, la Comisión Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse con otras confesiones religiosas».
Y, además, asegura el proyecto de Ley que los profesores de religión sean financiados por el Estado, a pesar de que los nombre y despida a su antojo (por cierto con muy escasas garantías) la jerarquía católica.
¿Quién pone en peligro qué?

Eduación ciudadana y valores religiosos
Además de decir falsamente que está en peligro la enseñanza de la religión, los obispos critican que el gobierno proponga enseñanzas de valores éticos y ciudadanos. Dicen los siguiente (en el mismo texto anterior de la Conferencia episcopal):
«5. Por otra parte, vemos con preocupación la creación de la nueva asignatura llamada Educación para la ciudadanía. “La finalidad de esta materia y su obligatoriedad apuntan hacia una formación moral que impartirá el Estado al margen de la libre elección de los padres y que, por tanto, vulneraría el derecho que les garantiza a éstos la Constitución Española en su artículo 27.3. Es igualmente muy probable que la imposición por parte del Estado de una determinada formación moral a todos los ciudadanos y a todos los centros educativos contradiga la libertad ideológica y religiosa que consagra el artículo 16.1 de la Constitución”.
El proyecto de Ley dice lo siguiente:
«Artículo 18.3: En uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa, a las áreas incluidas en el apartado anterior se añadirá la de Educación para la ciudadanía, en la que se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.
Artículo 24.1: En uno de los tres primeros cursos todos los alumnos cursarán la materia de Educación para la ciudadanía, en la que se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.
Artículo 25.4: En la materia de educación ético-cívica se prestará especial atención ala igualdad entre hombres y mujeres».

¿Puede decirse con honestidad que esos valores pueden contradecir cualquier tipo de libertad ideológica o religiosa? ¿Es justo que digan eso los jerarcas de la institución que tiene a sus espaldas las mayores, más abundantes y más crueles y criminales persecuciones ideológicas en la historia de la Humanidad, todas ellas en contra del espíritu de amor fraterno que inspiró a sus fundadores y del compromiso de fe que guía a la inmensa mayoría de sus fieles?

¿Cuál es el problema entonces?
Es una evidencia que el Proyecto de Ley no atenta contra esos valores y libertades que dice defender la jerarquía católica. De hecho, en esos grandes campos y principios no modifica la ley del Partido Popular, contra la cual no llamaron a la movilización ciudadana.
¿Por qué, pues, tanto alboroto?
En mi opinión, la causa es otra y tiene que ver con las expectativas que el Partido Popular había levantado y que tienen que ver con los recursos de la Iglesia y de sus centros educativos. Veamos qué están exigiendo de verdad y cuáles son sus consecuencias.
Para aplicar lo que ellos llaman el derecho a la libertad de enseñanza, solicitan que cualquier padre pueda elegir el colegio que quiera y que el Estado los financie todos.
Sin embargo, no quieren que la administración pública intervenga en la regulación de los sistemas de selección de alumnos, como hace ahora para garantizar el reparto más o menos equitativo de las plazas, de modo que no se genere una concentración que impida finalmente satisfacer la demanda existiendo plazas escolares suficientes. O para evitar, por ejemplo, que la «generosidad» y el ejemplar espíritu evangélico de la inmensa mayoría de los centros religiosos, les lleve a no admitir en su seno a los niños o niñas hijos de inmigrantes, discapacitados o necesitados de atención especial, como en gran parte ocurre ya ahora.
Para «aumentar la calidad del sistema educativo» (del que ellos controlan), los propietarios de colegios concertados proponen que se autorice que estos centros cobren cuotas adicionales a los padres cuyos alumnos hayan sido seleccionados para estudiar en ellos.
Los propietarios de colegios concertados quieren también tener derecho a imponer a los alumnos que seleccionen su credo ideológico.
Estas son las demandas que de verdad se están planteando.

Propugnan un sistema que provoca exclusión social
Las consecuencias de que el Gobierno aceptara esas peticiones son evidentes: los colegios concertados elegirían a los estudiantes mejor formados y los educarían conforme a su ideario educativo y gracias a las cuotas suplementarias esos serían los colegios de mejor calidad, provocándose una radical separación entre unos y otros.
Los propietarios de colegios concertados, y entre ellos de forma principal la Iglesia Católica, están proponiendo por lo tanto, un sistema educativo dual que a la postre generaría desigualdad y exclusión. La justicia más elemental sólo puede nacer y cultivarse cuando se cuenta con sistemas educativos que proporcionan igualdad de oportunidades y eso es lo que se va a romper con las exigencia elitistas de la Iglesia católica en España.
Se puede aceptar, como generosamente ha aceptado el Estado español, que haya colegios religiosos financiados con dinero público pero lo lógico, lo elemental y lo justo es que se integren plenamente y EN IGUALDAD DE CONDICIONES en el conjunto del sistema educativo, contribuyendo a crear un espacio escolar libre pero capaz de garantizar la escolarización completa y que proporcione igualdad de oportunidades, con los niveles de calidad más elevados pero homogéneos para que no se creen grupos aventajados que consolidarían sus privilegios durante todo el ciclo vital.

Jerarcas de extrema derecha
Los jerarcas de la Iglesia Católica española deberían ser más sensatos y más justos. La Iglesia Católica recibe muchos privilegios, es tratada con suma generosidad a pesar de que incumple sus compromisos de autofinanciación, no paga impuestos. Mucvhos de sus jerarcas han participado o autorizado participar  en negocios sucios y especulativos con el dinero público, como en el caso Gescartera. Las Iglesia tiene una red de medios de comunicación, y de colegios financiados por el Estado; nunca ha pedido perdón por su complicidad directísima con los crímenes de la dictadura, por su historia de freno al progreso y de alianza constante con los sectores más ricos y egoístas de la sociedad española.
¿En qué otros país democrático cuenta con semejante apoyo?
Somos muchos los que sabemos del esfuerzo diario sincero y valioso de miles de religiosos y laicos católicos que contribuyen a que el mundo sea mejor y a que los seres humanos sean un poco menos infelices en este planeta herido de muerte por los poderosos. Les tenemos un gran respeto y extraordinaria admiración por su esfuerzo y compromiso diario. Por eso duele más comprobar que sus jerarcas se sitúan en la extrema derecha como antaño, en posiciones intransigentes, haciendo una vez más tanto daño al progreso, a la justicia y a la libertad.
Los Cañizares, Rouco y compañía han callado mientras que el gobierno del Partido Popular ha hecho reformas fiscales que han perjudicado a los más débiles, han guardado silencio cuando la política de vivienda de la derecha ha constituido la agresión más grave que ha sufrido nunca la familia española, callaron cuando Aznar nos llevó a una guerra inmoral e injusta. No salieron a la calle cuando el Partido Popular rebajaba los gastos sociales, cuando aumentaba la desigualdad, cuando narcotizaba a los inmigrantes para expulsarlos como si fueran animales…  Y ahora claman engañando para defender, solamente, sus privilegios.
No es justo. No llevan razón. Hemos de exigirles democrática y pacíficamente, como está haciendo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que sean razonables. Somos también millones de españoles los que creemos que incluso la LOE es excesivamente contemplativa con los privilegios eclesiales y que no avanza lo suficiente en materia educativa, pero que estamos dispuestos a renunciar a nuestras posiciones para aceptar fórmulas legales que garanticen calidad e igualdad mínimas en todo el sistema educativo. No es justo que los obispos piensen solamente en disfrutar de recursos para adoctrinar a los suyos. Hay que decírselo claramente, con el respeto que a veces ellos no nos tienen al resto de los ciudadano, y con la democracia a la que tantas veces ellos han renunciado para salvaguardar los intereses de los poderosos.

Addenda: Algunas perlas poco cultivadas
Para comprobar el talante con el que se está planteando la cuestión desde las posiciones más reaccionarias adjunto las siguientes perlas:
** Último punto del documento que si difundió para apoyar la manifestación de días pasados (puede leerse entero aquí): Se imponen como obligatorias unas asignaturas denominadas «Educación para la Ciudadanía» en ESO y «Filosofía y Ciudadanía» en Bachillerato, cuyo contenido está siendo inspirado por Victorino Mayoral y Dionisio Llamazares, líderes del laicismo y relacionados con la Universidad Carlos III del también anticlerical Peces Barba. Los tres son conocidos por la defensa a ultranza de un viejo sueño totalitario: arrancar a los padres la jurisdicción moral sobre los hijos para entregarla al Estado, como si la moral neutral existiera y fuera la del laicismo.

** El Obispo de Tarazona, Demetrio Fernández González, declaró que el gobierno socialista está adoptando una “postura dictatorial” con el proyecto que busca la creación de una escuela “única, pública y laica” (aquí).

** «Zapatero nos ha metido en un estado de revolución a la venezolana» (Jiménez Losantos, conductor de un programa en la cadena de radio COPE, propiedad de la Iglesia. Más perlas aquí).

** Obispo de Málaga: “Recordad que está en peligro el derecho a educar a vuestros hijos que os asiste a los padres y la libertad de elegir el tipo de educación que consideréis más acorde con vuestras convicciones” (Aquí).

** «Persecución Religiosa en España»: aquí.

** «hay muchos motivos para salir a la calle»: Arzobispo de Sevilla: aquí.

** Para terminar, y aunque no tenga mucho que ver, al menos directamente, con este asunto, pero como expresión de la lucidez con la que se están expresando los jerarcas de la Iglesia Católica no me resisto a citar esta última perla del obispo Cañizares, considerado como el jefe de facto de la Conferencia Episcopal y bien conocido por sus ideas extremistas en lo ideológico y por su comportamiento altivo y poco generoso en lo humano: «El Estatuto de Cataluña, puerta abierta a la poligamia y a la poliandria… Deja una puerta abierta incluso al incesto» (Aquí).

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