La izquierda y el gasto público

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El gasto público ha sido reiteradamente reconocido por los economistas neoliberales como uno de los demonios a los que debe vencer la política de ajuste que proponen.

 

Generalmente han sostenido su vibrante batalla contra los gastos de los Estado basándose en tres criterios.

 

En primer lugar, porque se considera que es intrínsecamente perverso. En segundo lugar, porque suponen que el gasto público «expulsa» al gasto privado, es decir, que existiendo una masa de dinero para gasto dada, a mayor montante de gasto público corresponderá, lógicamente, una menor parte a la inversión privada que se reconoce como mucho más efectiva. Finalmente, porque tiende a generar déficit y se considera que éste es la causa última de la crisis económica y el paro (J. Barea y M.D. Dizy, «¿Está el Estado español en quiebra?». Encuentro Ediciones, p.134).

 

En realidad, estos postulados responden o a juicios de valor muy legítimos pero harto discutibles o a una asimilación torticera de los hechos.

 

No es cierto, sencillamente, que la adminsitración pública de los recursos deba ser necesariamente ineficiente y, mucho menos, que una gestión desordenada, despilfarradora o ineficiente del gasto público (demasiadas veces motivada por su servidumbre ilegítima a los intereses privados) tenga exclusivamente como alternativa el disfrute y aprovechamiento privado de los recursos colectivos: la alternativa a una mala administración pública, en la medida en que ésta es inequívocamente necesaria en las sociedades modernas, es una buena administración de los recursos públicos.

 

Como también es baladí la discusión acerca de la expulsión o no de la inversión privada puesto que lo que debería dilucidarse es si realmente la inversión se realiza de manera que se
satisfagan en mayor medida las preferencia sociales.

 

El tercer argumento entresacado del libro citado del actual asesor presidencial disimula demasiado poco el interés dialéctico que persiguen sus autores: ni los datos empíricos, ni la lógica
más elemental de los hechos y las teorías permitiría corroborar que el déficit público sea la causa de la crisis y del paro. El análisis de las series históricas de conocimiento más elemental muestran claramente que los incrementos progresivos del déficit público se producen ya en la década de los ochenta, después de que la crisis y el paro se hubieran generalizado.

 

En realidad, las políticas neoliberales tampoco se han dejado llevar por estos argumentos tan débiles: han descalificado globalmente el gasto público, pero a la hora de la verdad lo han
generado, aunque para ponerlo al servicio de los intereses y el beneficio privados, y aplicando los mayores, cuando no únicos, recortes en el gasto social.

 

Ahora bien, no puede decirse que la izquierda haya mantenido ante el gasto público posiciones que hayan permitido avanzar hacia alternativas transformadoras y viables. Por regla general, predomina una inercia mental tan pobre como inoperante: frente a los ataques al gasto público y, en general, al Estado y lo colectivo, la izquierda parece que no tiene más ideas que las que le llevan a atrincherarse en estos conceptos.

 

Un planteamiento más radical (y por lo tanto más realista) consistiría en plantear el discurso del gasto público como resultado de la expresión de la preferencia social: esta es la provisión pública que se desea, a ello debe responder la magnitud del gasto y el esfuerzo social (equitativo) necesario para financiarlo.

 

Pero ello tampoco puede entenderse si no es en el contexto de un cambio igualmente radical de lo que es la administración pública de los recursos sociales. La sociedad no sólo desea un
determinado nivel de provisión colectiva, sino que quiere que éste se realice con un grado adecuado de eficiencia y sin que afecte negativamente a la provisión que obtiene por otros mecanismos de asignación.

 

De ahí que sea necesario replantear no sólo la propia comprensión del Estado, que debe reconsiderarse en términos de una estructura más versátil, para que sea más democrática, y más
transparente, para que sea más eficaz; sino también la propia naturaleza de la provisión pública, que, puesto que no se disfruta por un universo homogéneo sino evidentemente heterogéneo, no siempre es más justa o igualitaria por más universalizada. Como igualmente debe avanzarse en lo que se ha llamado la modulación ecológica del gasto público, lo que permitiría, al mismo tiempo, reducir gasto y estimular actividad y empleo.

 

Naturalmente, ello debería ir acompañado de estrategias conducentes a cambios más generales, aunque no por ello menos necesarias. En concreto, la reforma de la contabilidad nacional
para que el concepto habitual de P.I.B. englobe otras actividades que hay día constituyen una expresión paradigmática de actividades que ya no pueden dejar de ser consideradas como
«económicas»: deterioro ambiental, trabajo doméstico y voluntario…

 

Si así se hiciera, se comprobaría de manera clara que lo que atenta contra el crecimiento y el equilibrio económico no es el aumento del gasto público, ni tan siquiera el déficit, como intentan hacernos creer los economistas neoliberales. Hoy día, los auténticos demonios de la política económica son las estrategias deflacionistas, la actividad económica depredadora del medio ambiente, la especulación ligada a la hipertrofia de los flujos financieros y el desincentivo a la creación de riqueza efectiva.

 

Por último, la izquierda debe percaterse de un habilidoso truco que ya es habitual en los escritos de los economistas convencionales: cuando se plantea luchar contra el déficit público no se
señala a la insuficiencia de los ingresos como una de sus causas (libro citado, p.52). Un elemental sentido del realismo y de la justicia obliga a plantear el problema del gasto público y del déficit junto al de conseguir más y más justa recaudación. Por ello hay que tratar de optimizar las figuras impositivas existentes y utilizar otras más eficaces, discurriendo para ello nuevas alternativas como las que graven los capitales especulativos, el gasto improductivo, el deterioro ambiental o el consumo despilfarrador.

 Lleva razón en general, pero en cuestión de gasto público me parecen mucho más acertadas las palabras de Galbraith: «los disparates de los ricos pasan en este mundo por sabios proverbios».

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