Publicado en TEMAS PARA EL DEBATE, nº 144, noviembre de 2006
La presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2007 permite comprobar un año más las sustanciales diferencias entre el gobierno progresista de Rodríguez Zapatero y el anterior de José María Aznar a la hora de poner en marcha políticas sociales, aunque también sus coincidencias significativas en los grandes planteamientos macroeconómicos y, hasta ahora, fiscales.
La característica principal de los nuevos Presupuestos es su voluntad de seguir aumentando los recursos dedicados al bienestar colectivo ampliando para ello de nuevo y de forma sustancial la dotación destinada al gasto social.
El propio Ministro de Economía ha querido presentarlos como “neutrales” (porque el gasto subirá más o menos lo mismo que el PIB nominal, es decir, sin considerar la subida prevista de los precios). Pero, en realidad, cabría considerarlos como moderadamente expansivos, dado que, con una estimación de crecimiento del PIB algo superior al 3% anual, prevén un incremento de los ingresos públicos del 6,3% y otro del 6,7% del gasto total.
Los economistas de ideología liberal que creen que los incrementos del gasto público producen, sobre todo, tensión sobre los precios van a criticar que se produzca esa expansión del gasto cuando nuestra economía mantiene tasas de inflación significativamente superiores a las europeas. Pero esa es una crítica injustificada. primero, porque la mayoría de los países que registran mejores índices de precios están saldando sus cuentas públicas con déficit, al contrario, que España. Y segundo, porque la realidad muestra que las mayores subidas en los precios españoles tienen que ver con una regulación inadecuada y demasiado generosa con las empresas que más poder tienen en los mercados y no con el gasto público, que aquí representa una menor magnitud relativa.
Lo que hay que destacar es que, a pesar de las sombras que tienen, los Presupuestos tratan de avanzar hacia la resolución de los grandes problemas que en los últimos años viene padeciendo de modo más notable la economía española: su falta de competitividad (que, entre otras cosas, está generando un gigantesco décifit exterior) y su lejanía respecto de los estándares de bienestar social (medidos, por ejemplo, a través de la participación del gasto social en el PIB).
Es especialmente significativo, por ejemplo, que las partidas que más van a crecer son aquellas que cabe esperar que tengan un mejor efecto sobre la productividad y sobre la calidad de nuestra producción de bienes y servicios. En concreto, destaca el incremento superior al 30% respecto al de 2006 que va a tener el gasto de diferentes ministerios destinado a investigación, desarrollo e innovación (I+D+I).
En total, el gasto del Estado presupuestado para este concepto será de 6.477 millones de euros. Para entender bien su magnitud y comprobar en qué medida hay en este campo un cambio sustancial de prioridades entre el gobierno socialista y el de Aznar, basta solo tener en cuenta que dicha cifra es prácticamente el doble de la que el Partido Popular presupuestó en 2006.
Se trata, pues, de un volumen de gasto muy importante pero que, en relación con nuestro PIB, todavía representa la mitad de lo que deberíamos gastar para alcanzar la media de la Europa de los 15. El esfuerzo adicional que obligadamente hay que hacer es, por tanto, inmenso.
Además, hay que tener en cuenta que dentro del presupuesto público destinado a I+D+I se incluyen cantidades muy elevadas dedicadas a la investigación militar, para el año 2007 estimadas en unos 1.580 millones de euros. Es una cantidad menor que la presupuestada en 2006 (lo que no ocurre con el gasto militar total que aumenta un 8%), y también una proporción del gasto total en este concepto bastante más baja de la que presupuestaba el Partido Popular, pero, en todo caso, demasiado elevada en un país que debería apostar por la industria civil más que por la improductiva y peligrosa industria militar.
Aunque no tienen un incremento tan grande, destaca también el gasto en infraestructuras (casi 22.000 millones de euros en total), qué está preferentemente destinado a los grandes proyectos ferroviarios de alta velocidad y a carreteras y autovías.
También en el lado del gasto social (que representa prácticamente la mitad del gasto total) se produce un incremento considerable (del 8,4%) aunque realmente insuficiente si se quiere reducir sustancialmente y en un plazo más o menos cercano la brecha que nos separa de Europa y que fue aumentando aún más con el gobierno del PP.
El incremento es mucho mayor (superior al 26%) en educación, volviéndose a corregir las restricciones que había impuesto el gobierno de Aznar años atrás y su orientación privatizadora en este ámbito de los recursos públicos.
Hay que destacar finalmente que una vez aprobadas las leyes de Igualdad y Dependencia están previstas partidas sustanciosas para financiar su puesta en marcha (alrededor de 400 millones de euros para cada una de ellas, aunque para la de dependencia habrá que contar con otra cantidad similar proveniente de las comunidades autónomas).
Ahora bien, reconociendo, como me parece que es evidente, la nítida voluntad del gobierno de realizar avances sustanciales en el campo del bienestar social a través de estos presupuestos, la cuestión central que me parece que debería debatirse es si estos Presupuestos hacen todo lo que se puede hacer o si, por el contrario, expresan una cierta renuncia a ir más allá de lo que imponen hoy día los criterios macroeconómicos neoliberales dominantes.
Me refiero fundamentalmente a dos tipos de cuestiones. En primer lugar, a la necesidad de ser más papistas que el Papa en relación con el déficit público, puesto que si en lugar de empeñarse en saldar las cuentas públicas con superávit, se generase un ligero déficit, como ocurre a nuestro alrededor, se podrían consolidar mucho más rápidamente las inversiones necesarias para alcanzar los estándares europeos de bienestar social. Piénsese, por ejemplo, que algunas fuentes estimaron en su día que los costes asociados a la Ley de dependencia recién aprobada son realmente bastante más elevados que los previstos en su Memoria Económica, lo que puede empezar a provocar que esta importantísima ley genere desigualdades al proporcionar servicios diferenciados en función de la renta, como más o menos como está empezando a ocurrir en gran medida con la enseñanza concertada. Con el nivel actual de nuestros ingresos públicos, con la presión fiscal más reducida que en nuestro entorno y con la sorprendente política de renuncia a avanzar en la equidad fiscal será casi imposible que esta ley cumpla los objetivos sociales que persigue.
Es por eso que, en segundo lugar, haya que preguntarse si la política fiscal del gobierno (que ni siquiera ha dado respuesta a las propuestas electorales del Partido Socialista) se puede considerar auténticamente progresista y como la que puede hacer viables y sostenibles los avances en el bienestar social que se quieren llevar a cabo para que los ciudadanos comprueben que, efectivamente, el gobierno de Rodríguez Zapatero no reparte la riqueza tan inequitativamente como lo hizo el de Aznar.