Publicado en ctxt.es el 19 de marzo de 2018. En colaboración con Roberto Viciano Pastor, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia
I
No hace falta decir que la situación que se está viviendo en Cataluña desde hace tiempo y que se ha agravado en los últimos meses sigue siendo realmente grave y peligrosa para la convivencia pacífica, no sólo entre la población catalana sino para el conjunto de los españoles. A corto plazo no hay salidas claras y nos parece muy ingenuo creer que el conflicto se puede resolver imponiéndose una parte (aunque fuera mayoritaria o tenga la legitimidad que tiene el Estado de derecho) sobre la otra (por muy minoritaria que fuera, que ni lo es ni lo va a ser).
Ahora bien, que en Cataluña se haya podido extender en tan gran medida la convicción de que una parte de la población, ni siquiera mayoritaria, puede imponer a la otra nada más y nada menos que la independencia, es decir, que haya brotado (y en tan poco tiempo) una dinámica tan totalitaria y excluyente no puede ser el simple resultado de procesos internos, sino que también han debido influir los modos en que se ha planteado la relación y la convivencia de Cataluña y los catalanes en el resto de los españoles y con el conjunto de España.
A nuestro juicio, lo que ha sucedido es que el modelo del Estado de las Autonomías diseñado en la Constitución de 1978 ha llegado a un nivel de degeneración próximo a la insostenibilidad y que eso ha ocurrido, para colmo, en una coyuntura muy compleja: cuando los grandes partidos sobre los que ha pivotado nuestra democracia en los últimos cuarenta años (PP, PSOE y nacionalistas catalanes) entraron en barrena al no poder seguir tapando la corrupción que ha generado su gestión ni las vergüenzas del modo en que han gobernado la reciente crisis económica (sobre todo, CiU en Cataluña), y porque los partidos que nacieron como respuesta (Podemos y Ciudadanos) no supieron aprovechar las últimas elecciones generales para convertirse en ejes de la regeneración institucional que reclama la sociedad española.
II
La existencia de tensiones territoriales, como las de ahora, ha sido una constante a lo largo de nuestra historia y las diferencias entre nuestros pueblos es un hecho innegable que ha generado siempre fuerzas disgregadoras. Pero las respuestas, como en los últimos tiempos, no siempre han ido, desgraciadamente, en la línea de integrar y unirnos solidariamente en la diversidad.
La mayoría de las derechas españolas contempla el nacionalismo periférico según el estereotipo que describió magistralmente José Ortega y Gasset en su España invertebrada, como «un movimiento artificioso, extraído de la nada, sin causa ni motivos profundo». De modo, seguía diciendo el filósofo madrileño, que hablar de regiones, de pueblos diferentes, de Cataluña, de Euzkadi parecería entonces como «cortar con un cuchillo una masa homogénea y tajar cuerpos distintos en lo que era un compacto volumen».
Las izquierdas españolas, por su parte, sirvieron de contrapeso de los nacionalismos, del centralista español y de los periféricos, pero solo hasta la que los golpistas españoles de 1936 consiguieron, con una magnífica operación de marketing, identificarse con la idea de España.
A partir de entonces «lo español» se convirtió en rasgo de identidad de la dictadura franquista y, como estúpida reacción, las fuerzas de izquierda se situaron enfrente de todo lo que pudiera sonar a España, asumiendo entonces como propias las posiciones identitarias, nacionalistas periféricas e incluso, en algunos casos, independentistas, como si éstas fueran, por oposición, las auténticas expresiones de la libertad y la democracia que la dictadura había pisoteado.
III
La tensión entre dos nacionalismos, uno más fuerte y cargado de vestigios imperiales y otro más débil y en expansión, pero ambos igual de excluyentes entre sí, impidió el nacimiento en democracia de un auténtico proyecto nacional de todos los españoles.
Sin ese proyecto, temerosos todos ante los embates del terrorismo nacionalista, y confiando en que el nacionalismo moderado de la periferia ayudaría a consolidar el Estado democrático, a lo largo de la Transición se articuló una organización territorial de España que podríamos calificar de vergonzante, que no era ni una cosa ni la otra y que fue diseñándose a golpe de tirones, de negociaciones bilaterales y de remiendos. Desde que se aprobó la Constitución de 1978 se ha venido produciendo una carrera sin fin de peticiones e incluso de chantajes, y la cesión continua de competencias y prebendas financieras por parte del Estado y de los partidos de ámbito estatal para evitar la activación de la agenda independentista de los nacionalismos vasco y catalán.
Con ese método de diseño y desarrollo, nuestro proceso de organización territorial ha terminado produciendo una descentralización asimétrica o incluso deformada y en constante proceso de reconfiguración. No llega a lo federal pero tiene componentes de confederación (régimen foral); tiene una enorme descentralización de las competencias y el gasto pero es muy dependiente del centro en el ingreso; la autonomía es muy amplia pero hay una escasa capacidad de codecisión y los mecanismos de interrelación entre las diferentes instancias de gobierno son muy débiles o casi inexistentes. Y, lo que resulta más importante, el Estado de las Autonomías no ha permitido que se cumpla el primer precepto que señala la Constitución en relación con la organización territorial del Estado en su artículo 139.1, que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado».
Para llenarse de contenido, las Comunidades Autónomas han exagerado su actividad normativa (785.000 páginas de nuevas leyes y reglamentos solo en 2016), creando un marasmo legal que dificulta la actividad económica y la necesaria unidad del mercado, que ha multiplicado innecesariamente la burocracia e inducido a la corrupción. Sin suficientes mecanismos de control y rendición de cuentas y en un marco de competencias duplicadas y mal diseñadas, las autonomías han generado un gasto y una deuda excesivos que no siempre han redundado en la mejora de los niveles de vida. El sistema de financiación autonómico ha tenido un diseño inadecuado y muy imperfecto que se ha resuelto siempre a base de competencia entre territorios, no siempre leal ni corresponsable. Y las competencias educativas y de medios de comunicación autonómicos se han utilizado, en demasiadas ocasiones, para fomentar la ideología nacionalista y el resentimiento y enfrentamiento entre las comunidades, en lugar del respeto, la concordia y la fraternidad entre las personas y los pueblos.
La consecuencia de todo ello ha sido paradójica: no solo no se ha podido evitar la puesta en marcha de la agenda independentista sino que ésta se alimenta del mal diseño de nuestra organización autonómica y termina activándose, en el marco de un aumento de la inequidad y la desigualdad entre los españoles y entre nuestros territorios, y cuando el desarme de medios y competencias que sufre la administración central deja al Estado en situación de extrema debilidad (el alojamiento de las fuerzas de seguridad desplazadas a Cataluña en estrambóticos cruceros es una expresiva muestra de ello).
IV
La respuesta a la situación de crisis que estamos viviendo no puede ser la de volver a reproducir la lógica extremista del péndulo, como está tratando de hacer el Partido Popular («ahogarlos por directa estrangulación: persiguiendo sus ideas, sus organizaciones y sus hombres», escribió Ortega y Gasset). Tampoco la de exacerbar el nacionalismo español más rancio e igualmente totalitario que vuelve a confundir a toda Cataluña y a los catalanes en su conjunto con el independentismo. Igual de inútil es tratar de moverse en tierra de nadie o querer contentar a todos sacando recursos de donde no los hay, como hacen las izquierdas que siguen teniendo miedo incluso a mencionar el nombre de España. Ni vale el más de lo mismo, estirando el modelo actual mal diseñado, o tratar de multiplicar el número de naciones como si fueran piñones en una especie de café para todos elevado a la enésima y más absurda de las potencias. Nada de eso puede resolver nuestros problemas de ahora.
Por el contrario, nos parece que ha llegado el momento de enfrentarnos democráticamente, con serenidad, con generosidad y con rigor al asunto central que los españoles no pudimos contemplar abiertamente en 1978, quizá porque era materialmente imposible hacerlo en la situación en la que estábamos entonces, con la correlación de fuerzas y con la natural desconfianza mutua de aquel momento.
Es la hora de invertir el orden de las cosas. Ni se puede creer que la solución de los problemas territoriales de España puede venir de la recentralización, por muy de nuevo cuño que fuera, ni podemos continuar haciendo concesiones ad infinitum y continuos remiendos en el diseño del Estado Autonómico. Hay que comenzar, en primer lugar, por analizar rigurosamente lo que ha fallado. En segundo lugar, habría que consensuar el proceso que puede permitir que se plantee y resuelva democráticamente el problema básico de la legitimidad, efectiva y no solo formal, del proyecto común de España. Para ello es imprescindible que exista lo que a nuestro juicio hay que reconocer que no se ha logrado de modo real a causa del mal diseño del Estado de las autonomías: el compromiso inequívoco de la gran mayoría de los españoles con un proyecto común de España, de nuestra España diversa, sin matices ni evasiones. Un compromiso que creemos que en estos momentos solo puede venir de una refundación basada en la libre voluntad de los pueblos que componen nuestra Patria, sustituyendo la remota fundación por vía de guerras y de matrimonios dinásticos por una democrática en la que todos los pueblos de España, en plano de igualdad, puedan decidir si mantienen el proyecto común o lo abandonan, pero eso sí, con todas sus consecuencias para todos.
Vascos y catalanes, pero también el resto de los españoles, deberíamos decidir si estamos dentro o fuera. Y si los pueblos de España, como es de esperar, deciden libremente integrarse en la soberanía nacional española lo tendrán que hacer en plano de igualdad con el resto de los ciudadanos y pueblos de España, sin más hechos diferenciales que los estrictamente culturales, entendiendo que cualquier ser humano, sea cual sea su peculiaridad cultural o lingüística, tiene unos mismos derechos y unas mismas obligaciones, dejando atrás mecanismos feudales de articulación política y afrontando los graves problemas de futuro que tiene la España del siglo XXI, no sólo en el interior sino en nuestro entorno geopolítico.
Solo así nos parece posible lograr el rediseño del Estado que garantice lo que hasta ahora no hemos conseguido: que todos los españoles, siendo tan diferentes, tengamos igual derecho de acceso a los bienes y servicios públicos y que contribuyamos a sufragarlos en condiciones de equidad. Por ejemplo, disponiendo de un sistema de salud y cuidados nacional que permita atender las necesidades de todos los españoles de manera igualitaria, inmediata y sin obstáculos en cualquier parte del territorio nacional, o de un sistema educativo estatal que, preservando la educación en lenguas y tradiciones de los diferentes pueblos de España, contenga un pensum detallado común a todos los españoles y asegure el perfecto conocimiento del idioma vehicular común. Que garantice algo tan esencial como la coordinación y subordinación de las policías autonómicas con las fuerzas de seguridad del Estado que permitan una mayor eficacia y seguridad a todos los españoles; o que dispongamos de instituciones y mecanismos que permitan la coordinación efectiva, la codecisión y la solidaridad en la práctica entre todas las instituciones de nuestros diferentes territorios.
Somos conscientes de lo irreal que puede parecer este planteamiento en la situación en la que estamos, en medio de una gran crisis de confianza en las instituciones, de enfrentamiento entre diferentes poderes del Estado, abochornados por la corrupción, sin habernos recuperado del todo de la crisis económica, y con los partidos políticos fuertemente enfrentados e incapaces de generar alianzas o consensos de amplio calado. Pero ¿quién puede creer de verdad que un problema tan grave se resuelve solo con reformas de tercer nivel, por inercia, huyendo o ganando votaciones por los pelos para huir hacia adelante, sin consenso y sin el apoyo de una mayoría social amplísima y verdaderamente transversal?
Es imprescindible el impulso ético ciudadano que lleve al parlamento y al gobierno, como preferencia de la mayoría social más amplia posible, verdaderamente transversal, la demanda de un consenso nacional profundo y de unidad.
Como dijo el ya mencionado Ortega, lo que impulsa y nutre la creación de auténticas naciones no es la fuerza, ni obligar y ni siquiera el convencer, sino «un proyecto sugestivo de vida en común». Esto es lo que de verdad tendríamos que poner en marcha todos los españoles sin distinción, quizá recordando la máxima del sabio Albert Einstein: si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo
22 comentarios
Creo que son ustedes, los catedráticos y personas de reconocido prestigio los verdaderos culpables del clima de confrontación que se está creando para impedir que la gente nacida en Catalunya pueda decidir su futuro.
Usted, Juan Torres y su socio, en ningún momento mencionan:
– Que vivimos en la Monarquía Constitucional que nos dejo el dictador Franco en herencia. En ningún momento denuncian el papel, como defensor de la Constitución Monárquica, que se atribuye el rey Felipe VI a si mismo según sus cortas entendederas. En ningún momento denuncia que Felipe VI puede «levantar» el ejército, como Jefe Supremo del Ejercito que es, en defensa de su Constitución Monárquica y de la unidad territorial. ¿Quién lo va a impedir?¿Usted?
– En ningún momento denuncia que existen políticos españoles, nacidos en Catalunya, que están en prisión por defender las ideas por las que fueron elegidos. Parece que en este país los políticos pueden prometer a su electorado luchar por la independencia de Catalunya pero no pueden cumplir lo prometido si son elegidos, so pena de terminar en prisión acusados de rebelión contra…. ¿quién?.
– En ningún momento denuncia usted que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo están completamente politizados y se están extralimitando claramente en sus funciones alegando cínicamente la separación de poderes.
– En ningún momento denuncia usted que los políticos de PP, Ciudadanos, PSOE y PODEMOS deberían haber impedido que los parlamentarios Catalanes fueran procesados por ningún tribunal, sea el Constitucional o el Supremo o cualquier otro, y menos aun por delitos como el de rebelión o malversación de fondos públicos.
Creo que el análisis de su artículo cae, sin proponérselo, en los tópicos nacionalistas que han justificado la entrada en prisión de «españoles», reconocidos como tales en la Constitución Monárquica y que han sido acusados de defender ideas subversivas por unas mentes calenturientas y tercermundistas indignas de ocupar los cargos que ocupan.
Ustedes, los catedráticos y las personas de reconocido prestigio, son los culpables de esta esperpéntica situación política a la que hemos llegado cuando justifican la aplicación del 155 y la existencia de un rey como Jefe del Estado Español con su silencio cómplice, cuando no directamente con su aplauso, aprobación y regocijo infames.
Tengo la impresión de que no ha leído Ud el artículo con calma y vuelve a mencionar la riestra de estereotipos típicos del independentismo catalán.
Siguiendo su exposición deberíamos preguntarnos que papel jugaron las fuerzas independentistas catalanas en la redacción y aprobación de la Constitución de 1978; que papel han jugado las fuerzas independentistas catalanas (sobre todo CDC) en el diseño y aplicación de las políticas neoliberales que nos han traído hasta ‘aquí’; no deberíamos olvidar que quiénes han ejercido de guías y vigilantes del ‘proceso’ fueron criticados, y algo más, hasta el año 2012 en que centenares de ciudadanos catalanes cercaron el Parlament y provocaron actuaciones de los Mossos nada sensibles con los compatriotas.
Parece desmesurado, a ojos de juristas de prestigio, que las actuaciones judiciales del juez Llerena contra los miembros del Govern de Puigdemont son excesivas, que el desarrollo y aplicación del artículo 155 no son los adecuados, que ha faltado voluntad de diálogo por parte del PP para abordar las reivindicaciones de los independentistas y viceversa y que la suspensión del Estatut por el TC a instancias del PP no ha sido adecuado.
También parece claro que Ud olvida que quiénes se baten por la independencia no llegan a la mitad de los votos emitidos en las dos últimas convocatorias electorales celebradas en Cataluña, y seguramente serán muchos menos si se considera el censo electoral catalán, y sin embargo se evita hablar de los ‘otros’ como si careciesen de derechos cívicos o no contasen a la hora de organizar la convivencia en Cataluña; remedando a Luis XIV de Francia parece que los independentistas dicen: «Cataluña somos nosotros».
También parecen obviar los independentistas que su mayoría parlamentaria se basa en un sistema de valoración del voto claramente sesgada hacia las poblaciones que apoyan sus postulados y no a otra cosa.
Los catalanes, todos los catalanes, tienen derecho a reclamar la secesión de España aunque habrá que dictar cuáles han de ser las condiciones en que han de tomarse tal decisión, cosa que tampoco han sido capaces de definir porque podrían perder sus objetivos.
Resulta incomprensible que parte de un Parlament ignore a la otra (casi la mitad) e imponga sus normas por las bravas en un tema tan delicado como es la secesión y haciendo uso de su identificación con Cataluña el Parlament de mayoría independentista se ha pasado por el arco del triunfo, cuando le convenía, la Constitución, el Estatut, las normas emanadas del propio Parlament dominado por ellos y los dictámenes de los letrados porque cuando la realidad no cuadra con las expectativas ya se sabe que hay que cambiar la realidad porque los ‘elegidos’ no pueden equivocarse.
El tema de Cataluña empieza a ser cansino y si en un primer momento algunos esperábamos que fuese un revulsivo para generar movimientos sociales que apuntasen a una nueva estructura social y económica pues nos hemos dado de bruces contra un movimiento transversal (?) que no se cuestiona para nada la sociedad en la que se ha desarrollado.
Nadie cree que deba encarcelarse sin fianza y por delitos de rebelión a quiénes se ha encarcelado aunque nadie puede saltarse la ley a la torera y no esperar consecuencias. Se ha provocado la situación y la realidad ha sido dura.
Nadie niega una deriva autoritaria del Estado desde que el PP preside el Gobierno, que la libertad de expresión tiene menos recorrido del que debiera, pero los encarcelados lo están por sus actos y no por sus opiniones mal que les pese a sus compañeros de equipo; basta con escuchar la radio, ver TV3, leer prensa o entrar en las redes sociales.
Puede no estar de acuerdo con el artículo, yo también le haría algunas consideraciones pero la condescendencia con quiénes pretenden la secesión es clara: se pretende un nuevo diseño de España y se espera que todos contribuyan y se integren en él, en caso contrario a enemigo que huye puente de plata.
Por cierto, yo estoy por el puente plata.
Interesante para el debate, pero peligroso abrirlo ahora en estos momentos de frentismos nacionalistas ( el central con los periféricos , es más pueden multiplicarse como setas). Y para ese nuevo diseño de estado plural y único a la vez ni siquiera se menciona de forma clara y valiente el papel que ha de jugar la monarquía o no . Yo mantengo lo de buenas intenciones pero muchas, muchisímas dudas al respecto
El yugo de España esta muy bien asegurado por la Union Europea y la OTAN que se encargarian de asegurar la dominacion de sus representantes. Los que creyeron el cuento democratico se dejaron engañar con ilusiones.
El reparto de competencias entre las 3 administraciones territoriales (Central, Autonómicas y Locales) no es absoluto (como ha pretendido la Reforma de la Ley de Régimen Local en 2013) sino con espacios compartidos o de complementariedad en salud, educación, atención a la dependencia, violencia de género… y solo así se pueden combinar la equidad territorial con la eficiencia de la proximidad. Pero lo que estructura ahora el abordaje del ‘problema catalán’ o vasco, y la revisión del sistema de financiación autonómica y local no es la equidad y eficiencia sino ir capeando la crisis política
Volvemos a emplear palabras que no concuerdan con la realidad, DEMOCRACIA, nunca ha existido como tal, lo mas parecido DEMOS GRACIA, que todos estos impresentables no han sido peores.
Nadie puede hacer un proyecto, desde la imposición, y para nada se ha contado con el pueblo, imposición, ni desde la educación, ni desde la sanidad, han mejorado nada, solo han mirado los intereses del IBEX35, favoreciendo las ciudades que mas han protestado, dejando abandonadas a las otras que por tradición, o falta de conocimientos, siempre les han dado las sobras del pastel
Los politicos generan problemas, no saben pactar, tratar, convencer ni por supuesto pensar en el pueblo, solo pensar en su beneficios. Las autonomias las estan usando para pasear dinero y perderlo por el camino, para enfrentar a los españoles, el final se les ve el culo a todos. No saben hacer politica y dinero hay en España pasa que lo gastan donde no deben y hasta lo usan de forma fraudulenta.
No creo que Ortega, acertado en muchas cosas, tenha hoy algo que aportar en lo
relacionado con el encaje territorial español.Desde luego sin dialogo no hay posiblidades de salida , pero dialogo entre iguales y respetando mucho, ya esta bién, lo que decida el pueblo catalán , en un referendum consultivo.
Quizás sea el momento de un proceso constituyente y acordar un nuevo encaje territorial.Para que todo esto se de creo que se deben sobreseerse las penas y procesos y creo , además, que el juez Llaneras debe someterse a un proceso judicial por sobrepasarse en sus funciones.
El poder judicial ha correjido el poder lejislativo.Es una repugnante mancha en la Democracia.La transición ha protegido los derechos consecuentes de la dictadura y es también muy repugnante.La transparencia en las balanzas fiscales,en las decisiones políticas es opaca como las funciones del impuesto jefe de estado que solo sirve para complicar el futuro.El negocio del patriotismo sirve para proteger el escandaloso robo de la propiedad pública y una deuda acumulada impagable en generaciones futuras.Deseo que el Pueblo de Cataluña inicie una revuelta con los otros Pueblos de España y expulse el centralismo que hace de intermediario en Nuestros asuntos.
Interesante articulo, ideal para la reflexion, donde se plantean cuestiones que nadie se atreve a reconocer, mientras la izquierda se refugia en el espejismo de no expresar de forma clara cual es su posicion. Ojala caiga este articulo en los que nos representan
Creo prioritario abordar la actuación de los partidos políticos y la ley electoral (listas abiertas, por ejemplo). Los políticos deben actuar al servicio de la sociedad y estar abiertos a la participación de los ciudadanos. Por hablar de algo que conozco de primera mano, la injerencia política en el trabajo de los profesionales sanitarios de la medicina pública en Andalucía y creo que en muchas Comunidades Autónomas más, es absolutamente insoportable. Los Jefes de Servicio han sido sustituidos por enchufados políticos, el estilo de mando es despótico, no hay posibilidad de diálogo, se utiliza un sistema de incentivos injusto, con productividades millonarias (dinero público) en tiempos de crisis y a costa de recortar derechos de los pacientes y de los profesionales, etc.
Al profesor Juan Torres se le ha debido olvidar aquel centralismo que vivió en su juventud. Cuando en la capital del reino se construían grandes ciudades hospitalarias: La Paz, el Francisco Franco, el primero de Octubre, el Ramón y Cajal etc. Mientras que en el resto de ciudades se hizo famosa una frase entre médicos y enfermos «Eso tienen que vérselo en Madrid». Lo que significaba concentración de profesionales y su sabiduría en Madrid y un desembolso de la familia del enfermo que tenía que trasladarse a la capital. Eso si no era un caso urgente que la distancia convirtiese en trágico.
Tampoco se acuerda de aquel centralismo que concentraba todas las Facultades Y Escuelas Técnicas en Madrid. En Madrid había de todo. En algunas provincias algunas Facultades y pocas Escuelas Técnicas. Un coste añadido para los estudiantes y sus familias de la periferia que tenían que pagar el colegio mayor o la pensión. Un coste enorme, añadido, que muchos no pudieron permitirse. Además favorecía la concentración de puestos de trabajo propios de la Universidad (catedráticos, profesores y personal administrativo) en Madrid. ¿Hubiese sido Vd. catedrático sin la descentralización?
La centralización supone la concentración de personas, recursos y ofertas de trabajo en el centro, impidiendo el desarrollo de la periferia que se va «desertizando» en población y otros recursos.
La solución a una democracia enferma o a una dictadura disfrazada de democracia es una democracia verdadera.
El problema de Cataluña con el resto de España nació como un problema de financiación de comunidades mal resuelto y que no se ha querido escuchar.
Creo de que las transferencias entre Comunidades, para que sean efectivas, deben ser limitadas en cantidad y limitadas en el tiempo. Lo que se llama el modelo Alemán. Recomiendo la lectura del artículo «Respuesta a Lidia Falcon» del economista Jordi Angusto sobre este tema. Esta es la dirección:
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/11398/respuesta-a-lidia-falcon/
Es facil tildar de «totalitaria y excluyente» a un grupo de gente que durante unos años hemos pedido poder escoger nuestro futuro, que se nos pregunte que queremos ser y que cada uno vote lo que desee.
Peticiones que solo reciben la respuesta de la ley, si este criterio se hubiera seguido siempre, los negros seguirian sin ir a la universad o las mujeres sin poder votar.
La ley tiene que estar al servicio de las personas y adecuarse a los tiempos, no puede ser una coraza que ampare determinados comportamientos o coharte las libertades.
¿ donde queda lo de sin armas se puede defender cualquier idea?
Y usted, al que respeto muchisimo, me tilda de «totalitaria y excluyente», ¿por que ?
¿ por pedir que me pregunten como quiero vivir y a donde quiero pertenecer ?
¿ no sentirse español, será tambien un delito ?
La Constitución nació bajo tres amenazas: ETA, independentismo violento; los militares que ahora hablan inglés, y la curia sujeta por Tarancón pero que siempre está ahí, ya no saben latín y tampoco saben inglés con lo que su nivel cerebral ha bajado después de dos papados medievalistas.
Para edificar una nueva Constitución hace falta que el Gobierno español tenga una serie de virtudes de las que carece:
Valentía, arrojo y pundonor para cruzar el Rubicón y no parapetarse detrás de las «faldas» de la Justicia
Sabiduría para conocer nuestra historia, amalgama de pequeños reinos cristianos unidos eventualmente en su lucha contra el invasor musulmán. Cada reino con sus propios fueros, lenguas y costumbres que supo aunar Fernando de Aragón, Cataluña y los Países valencianos. Su nieto el Emperador empezó a desbaratar lo construido por su abuelo, con independencia de acostarse con su abuelastra desbarató Castilla y Valencia al derrotar a los defensores del estatu quo y sus fueros al vencer a sus defensores: los valencianos en la guerra de las Germanías y a los Comuneros castellanos.
La corrupción para saquear el Nuevo Mundo y las guerras de religión desangraron la incipiente España «federalista» ideada por Fernando
La degeneración dinástica arribó a su esterilidad física y mental por lo que se trató de solucionar el problema por las armas venciendo el «candidato» Borbón, Felipe V, nieto del Rey Sol de Francia Luis XIV, conocido por su despotismo y centralismo que hizo que sus descendientes desaparecieron del mapa francés arrollados por la Revolución y la Marsellesa.
Peor suerte tuvimos en España y particularmente Cataluña, partidaria del candidato austríaco, fue arrasada sus Fueros abolidos y sustituidos por los Decretos de Nueva Planta, totalmente centralizadores.
Los Borbones fueron nefastos para España en el Siglo XIX, aparte de la llamada guerra de independencia (bendito Rey José I, tan ignorado), tuvimos la invasión de los Cien Mil Hijos de san Luis para defender los privilegios borbónicos.
Posteriormente tuvimos tres guerras civiles, las carlistas, meros problemas borbónicos, ante el asombro de propios y extraños (Borrow, «La Biblia en España). 1ª República, levantamientos varios, los soldaditos de pavía invadiendo el congreso, Restauración borbónica
1ªGuerra de África, guerra contra USA.
En el Siglo XX 2ª guerra en marruecos con el desastre de Annual. Dictablanda de Primo de Rivera.
2ª República
3º.-Rebelión militar , guerra civil, derrota de los ciudadanos españoles. Dictadura, represión.
4º-Nacimiento de la Democracia-
En el Siglo XXI las nuevas generaciones tendrán que rejuvenecerla y volver a los orígenes, limpiando toda la roña de tantos siglos de ignorancia y esclavitud.
EMPATÍA, para conocer las necesidades de los conciudadanos españoles variopintos y tan bien descritos por Miguel Hernández-
IMAGINACIÓN, para alumbrar nuevas ideas sin caer en la repetición de lo ya experimentado sin avanzar como nos prevenía Einstein. Desterrar el «sentido común» al baúl de lo desechable pues volviendo a einstein lo definía como «El conjunto de prejuicios no demostrados inoculados en los crebros humanos antes de los 18 años» los Humanos no tenemos un SEXTO SENTIDO COMÚN A TODOS. Me alegro de no compartirlo con Trump. «La imaginación al poder» sigue vigente 60 años más tarde.
Respetar la IGUALDAD ESENCIAL DE TODOS. No hay nadie superior a nadie por principio. Esa es la Base de la LIBERTAD-
Eso nos lleva a la HUMILDAD PARA NEGOCIAR, sin igualdad no cabe negociación que debe valerse del diálogo.
No puede haber Autonomías privilegiadas (ley privada) otorgada por el poder central.
Hay que NEGOCIAR entre todos para que todos los españoles seamos iguales en derechos con independencia del origen.
Hay que RESPETAR todo aquello diferente que no atente a la IGUALDAD ESENCIAL.
Quiero y admiro a todos, como escribía Miguel Hernández, porque son diferentes.
Ya vemos cómo , leyendo el primer comentario, hay quien piensa que retorcer las leyes es algo democrático y sus consecuencias deben estimarse respetabilisimas. Han perdido el norte y no lo recuperarán sin tratamiento de shock (por desgracia).Que el camino, y más el nacimiento de este periodo democrático, no ha sido el ideal, nadie lo duda. Pero plantearse, en este contexto de enfrentamiento, que la solución es romper todas las uniones que conforman lo que llamamos España, para – repito, en un contexto de guerra declarada- ver, repensar, cómo rompemos del todo o volvemos a unir y en qué condiciones multilaterales eso llamado España… es un imposible y una aventura peligrosísima. Creo que hay una mayoría de españoles que estamos sufriendo con todo esto. Primero por ver la declaración, vía hechos, de una guerra independentistas-Estado; y sufrimos viendo cómo la respuesta a esa guerra son los bombardeos en donde son encarcelados victimas del conflicto. La solución es aparcar de momento parte de las demandas catalanas: Después elecciones generales para intentar desplazar a un partido extremista como el PP. Y por último sentarse a ver qué no funciona bien en el barco común e intentar solucionarlo. Imposiciones, ninguna.
Estoy de acuerdo con el método analítico que se emplea aquí para apuntar a las causas de una crisis, pero, humildemente basándome principalmente en el sentido común, creo que esta crisis está circunscrita dentro de una crisis hegemónica global. Creo que el poder financiero, es decir, los que controlan la política monetaria global, están por un lado riéndose de ver cómo han logrado que los gobiernos se dobleguen a sus necesidades (creando deuda pública que alimente al capital privado) y por otro están nerviosos al pensar que un pueblo unido puede conseguir por decisión refrendada no pagar su injusta deuda al capital privado (Y. Varoufakis Grecia/Europa) y puede expropiar a todo aquel negocio que intente expoliar con amenazas de represalias financieras los recursos financieros, humanos y naturales del territorio soberano (S.Allende Chile/USA). Mientras los nacionalismos creen deuda pública al sector privado y no la eviten o la paren totalmente, la crisis continuará porque los pueblos estarán controlados por esa deuda al sector privado.Mientras este problema básico de que el sector financiero privado vive de la deuda pública no se discuta en los colegios, y no se les pida a las generaciones futuras que participen en resolver a través de su formación ciudadana y científica los retos mas cruciales energéticos y médicos que tenemos todos, incluidos los banqueros,la crisis se hará cada vez mayor. La pregunta es pues: en un mundo en el que el dinero se puede crear digitalmente (sin oro) ¿por qué se insiste en que no lo hay ? ¿cómo, sin violencia, pero con argumentos contundentes disuadimos al sector financiero privado de que continue con este comportamiento irresponsable y que lo haga por el bien de todos, inclusive sus propios hijos?
El artículo describe de forma general, y como no podía ser de otra manera, los problemas más importantes que presenta nuestro modelo de convivencia.
Respecto a las soluciones que se apuntan me parece a mí que hay más buena voluntad que un análisis serio de la realidad política porque:
1.- La idea de España como proyecto común no ha logrado consolidarse a lo largo de los 40 años de democracia.
2.-Los nacionalismos periféricos tradicionales (vasco, gallego y catalán) se han consolidado como extraños a la idea de España y sufridores de sus desmanes.
3.-El mimetismo del resto de las autonomías está haciendo emerger procesos de ‘sometimiento’ a España de su cultura (defensa de las lenguas autóctonas) como elementos que han de ser recuperados, protegidos y puestos en valor de inmediato para evitar la desaparición del propio pueblo.
4.- La historia económica, política y social como relato para pitufos que se enseña en todas las comunidades de España que vincula la heróica resistencia de los pueblos al feroz centralismo castellano (?).
5.- La dificultad que la izquierda tiene para ‘decir’ España que dificulta procesos de reconocimiento nacional.
6.-Una derecha que plantea el criterio de nación española a identidades religiosas, historia ligada a la expulsión de los musulmanes, la proeza frente a las tropas de Napoleón y la defensa frente al comunismo.
Desde 1714 España, que fue antes Estado que Nación, ha sufrido unas cuantas guerras civiles: Guerra de Sucesión, Guerra de Independencia, Guerras Carlistas y Guerra Civil 1936-1939, adobadas con los pronunciamientos de los espadones del siglo XIX y sin olvidarnos de la importantísima participación extranjera en las dos primeras guerras citadas y en la última.
Tampoco deberíamos dejar de lado qu el deslizamiento hacia el nacionalismo de las burguesías vasca y catalana coincide con el desastre en África y el florecimiento industrial de vascos y catalanes.
Olvidar la cuestión económica (España nos roba) no es baladí sobre todo cuando se vende un futuro de arco iris para todos ‘cuando el invasor español’ dejé nuestra tierra.
Enhorabuena Juan, una excelente reflexión y un enfoque correcto y adecuado que ayudaría a resolver el mal planteamiento actual de las autonomías en la constitución del 1978, básicamente impuesta por el Ejercito, La Iglesia y los poderes económicos, que siguen siendo los mismos de la actualidad.
La única salida sensata, creo que es la que defiendes en el artículo, votemos todos en igualdad absoluta, y definamos que España queremos tener, ateniendose todos a las consecuencias y sin favoritismos para nadie.
Me gustan y coincido con los comentarios de Pedro Rojas, Antonio González, Alfonso Casas, Joaquín Irigoyen Oyarzabal y Xavier.
Existen muchos ejemplos de ESTADOS FEDERALES y la misma Unión Europea (que en estos momentos no es más que un mercado) puede tener cierto parecido con una CONFEDERACIÓN DE ESTADOS. La Confederación Helvética Suiza no es un estado centralizado y no parece ser un país pobre y con conflictos internos. Por otro lado, una provincia argentina o un ESTADO brasileño tienen más competencias que una AUTONOMÍA española.
El texto del artículo 8 de la Constitución de 1978 que dice que el ejército tiene la misión de defender la integridad territorial de España («Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional»), prácticamente el mismo texto que figuraba en las Leyes Fundamentales del Movimiento franquista.
Si ha habido incumplimiento del artículo 139.1, de la Constitución debe culparse al Estado por diversas causas.
El mismo Estado ha incumplido o dejado de cumplir varios artículos de la tan citada Constitución del 78, entre otros, los siguientes:
1- Dice el artículo 1 de la Carta Magna: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Y dicen infinidad de estudios y estadísticas que la igualdad es hoy un valor muy deteriorado y a la baja entre nosotros. La Comisión Europea, hace dos semanas, anunció que España es hoy –con Bulgaria, Grecia y Lituania- uno de los países de la UE con mayor desigualdad de renta. La OCDE, hace tres meses, certificó que España es el séptimo país de los 33 de la organización donde más creció la desigualdad entre 2010 y 2014.
2. Dice el artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Y dicen multitud de indicadores que, 39 años después, la mujer sigue claramente discriminada respecto al hombre y en multitud de campos. Por ejemplo, con datos de la última EPA. Tasa de actividad: hombres, 65,04%; mujeres, 53,13%. Tasa de paro: hombres 14,80%; mujeres 18,21%. Con datos de los Servicios Púbicos de Empleo de este noviembre: hombres parados, 1.465.663; mujeres paradas, 2.008.618. Con datos de Fedea: las mujeres cobran de media un 20% menos que los hombres. Las mujeres dedican al día 2,5 horas más de media que los hombres a las tareas del hogar, y una hora menos al ocio y el tiempo libre. Sólo el 17% de los miembros de consejos de administración de las grandes empresas son mujeres. Con un artículo, el 57, de la propia Constitución: en la sucesión al trono, es preferido “el varón a la mujer”.
3. Dice el artículo 16: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos (…) Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Pero dicen los datos públicos recogidos por Europa Laica que mediante asignaciones, ayudas, subvenciones directas y exenciones de tributos, este mismo Estado aconfesional de la Carta Magna aporta a la Iglesia unos 11.000 millones de euros al año. La Iglesia, según esta organización, es en España “un paraíso fiscal”.
4. Dice el artículo 20 que “se reconocen y protegen los derechos” a la libertad de expresión o a la creación literaria y artística, entre otros. Pero dicen los informes de diversas entidades independientes e instituciones internacionales –desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información hasta un grupo de relatores de la ONU – que esos derechos y libertades están en retroceso y en peligro en España por normativas como la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana (la llamada ley mordaza) o las recientes reformas del Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
5. Dice el artículo 31: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Pero la progresividad fiscal, que está en las leyes españolas desde la Pepa, la Constitución de Cádiz de 1812 – “Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno”, decía en su artículo 339-, se incumple de modo sistemático según multitud de evidencias: las grandes empresas pagan porcentualmente muchos menos impuestos que las medianas o pequeñas, y los ricos y las grandes fortunas muchísimos menos que las clases medias o bajas.
6. Dice el artículo 35: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia…”. Pero 1.193.900 hogares tienen a todos sus miembros en paro, según la última EPA; 3.474.281 personas están inscritas como paradas en los Servicios Públicos de Empleo (y de ellas, 1.665.286 no cobran ninguna prestación), según los últimos datos de paro registrado; y la crisis ha traído un fenómeno nuevo: trabajadores con empleo, pero con una remuneración tan insuficiente para satisfacer sus necesidades que ya son considerados técnicamente “pobres”. Fijándonos solo en los jóvenes de 16 a 24 años, uno de cada cuatro, según datos de Eurostat recogidos por Oxfam.
7. Dice el artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Pero los datos son también aquí contundentes y numerosos. Sobre lo primero, aún quedan en España infraviviendas: unos 10.600 gitanos vivían en ellas según un informe de 2016 de la Fundación Secretariado Gitano. Sobre lo segundo: la burbuja inmobiliaria y su estallido ha hecho que cientos de miles de españoles (unos 580.000 en 2014, según un estudio del comparador Kelisto) estén atrapados en hipotecas que valen más que sus casas. Un dato más: en el segundo trimestre de este año se han producido en España 16.859 desahucios, unos 187 de media al día.
8. Dice el artículo 48: “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”. Las estadísticas dicen, sin embargo, que los jóvenes son uno de los grandes perdedores de la crisis: la renta mediana de los españoles de 18 a 24 años cayó un 20% de 2011 a 2014, según Eurostat; la tasa de paro entre los jóvenes de hasta 20 años es del 50,5%, según la última EPA.
9. Dice el artículo 50: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Pero las dos reformas recientes del sistema de pensiones, la del Gobierno de Zapatero (PSOE) en 2011 y la del Gobierno de Rajoy (PP) en 2013 han reducido los derechos de los pensionistas o su poder adquisitivo o ambas cosas.
10. Dice el artículo 51: “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. Multitud de casos de abusos o fraudes al consumidor –de la colza al dieselgate, de las cláusulas suelo a las preferentes- o de restricciones al libre mercado o a la libre competencia por parte de algunos oligopolios –la luz, los carburantes, la telefonía…- indican que los poderes públicos tampoco han estado en este punto lo diligentes que deberían haber estado.
El repaso crítico de la Carta Magna podría seguir con muchos otros artículos. Con el 24, sobre el derecho de las personas a la tutela efectiva de los jueces. Con el 27, el del derecho a la educación. Con el 40, que habla de políticas dirigidas “al pleno empleo” y a “una distribución de la renta regional y personal más equitativa”.
O con el sorprendente 128.1, que dice así: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. En agosto de 2012, el entonces diputado de IU Alberto Garzón lo reprodujo en su cuenta de Twitter como si fuera idea suya, sin decirles a sus lectores que se trataba de un artículo de la Constitución. Le llovieron descalificativos: “extremista”, “radical”, “comunista irredento”.
El 128 está vigente. Y se aplica, sobre todo para expropiar bienes –una finca, una casa… – a la hora de hacer obras públicas. ¿Sea cual fuere su titularidad, como dice el artículo, o aquí nos remitimos al 1, al de la igualdad y la desigualdad? Eso, para otro repaso.
En mi opinión la transición diseñada en Langley (Virginia) por especialistas de la CIA ha sido un engaño evidente.
Yo discrepo de la opinión de los autores del artículo en que España es una democracia y estoy a favor de iniciar un proceso constituyente.
Aprecio al Sr. Torres López y valoro su trabajo, pero nos ha dejado claro que es un hombre del Régimen. Un saludo.
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