Argumentos liberales

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Desde hace tiempo envía comentarios a mi web un tal Libérrimo. Nunca da la cara, nunca da su nombre, ni el correo. Actúa siempre bajo el anonimato y tratando de combatir mi pensamiento copiando y pegando textos que salen en otras web. La fortaleza de sus argumentos es impresionante. Aquí dejo una muestra de ello.

¿Para qué sirven las privatizaciones?

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Publicado en Sistema Digital el 31 de enero de 2013

Las políticas neoliberales se presentan casi siempre revestidas de argumentaciones sofisticadas y bien difundidas gracias a la generosa financiación de los grandes grupos financieros y empresariales a grupos mediáticos y de investigación, a académicos, economistas y periodistas que se encargan de crear opinión favorable a las medidas que toman los gobiernos. Sin embargo, las evidencias empíricas que pudieran demostrar la veracidad de esos argumentos con prácticamente nulas en casi todos los casos. En estos momentos estamos sufriendo una nueva amenaza al bienestar social y a la eficiencia económica que igualmente se trata de justificar como imprescindible y positiva con argumentos que una vez más carecen de fundamento y realismo.

Me refiero a la nueva fase del proceso privatizador que en España comenzó a mediados de los años ochenta del pasado siglo, que ha ido dejando unas secuelas lamentables en nuestra economía y que ahora se dirige hacia servicios públicos esenciales en el sector sanitario y educativo.

De 1984 a 1996 se llevaron a cabo unas 70 operaciones de privatización de empresas públicas mediante distintos tipos de procedimientos, generalmente orientadas a abrir su capital a los intereses privados y casi siempre justificadas por la necesidad de ajustarse a lo establecido en las normas y directivas de la Unión Europea, a la que nos incorporábamos en esos años.

Más tarde, y hasta el final de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, se entró en una segunda fase, muy distinta, más radical y orientada a desmantelar la práctica totalidad del sector público empresarial español para ponerlo en manos del capital privado. Y ahora, como he dicho, se trata de hacer lo mismo con la sanidad y la educación públicas.

Esto último era algo difícil de justificar en años anteriores, dado el alto aprecio que la población tiene por esos servicios, pero ahora se puede utilizar la crisis y los problemas de la deuda pública para argumentar que es algo imprescindible para resolverlos.

Este argumento se une a los que siempre se han dado para llevar a cabo las privatizaciones: que hay que acatar las normas europeas, que es imprescindible vender para proporcionar recursos al Estado y que, además, al hacerlo se dispondría de los mismos bienes o servicios a menor precio y con mayor calidad y eficacia.

Los medios de comunicación e incluso muchas revistas académicas están llenas de textos dirigidos a justificar y desarrollar estas tres ideas pero, como señalé al principio, la evidencia empírica muestra claramente que no tienen mucho fundamento y que no reflejan la realidad de lo que sucede cuando se privatizan empresas o servicios públicos.

Es verdad que la Unión Europea ha impuesto un adelgazamiento del sector público (con el mismo objetivo que en España) pero no lo es menos que aquí se ha llegado más lejos innecesariamente, con el único propósito de satisfacer en mayor medida a los grupos privados interesados en quedarse con la antigua propiedad pública. Buena prueba de ello es que en otros países aún perviven empresas públicas en sectores estratégicos que en España han sido desmantelados.

Tampoco es verdad que las privatizaciones sean una fuente de ingresos netos para los Estados. Son, por el contrario, un negocio ruinoso. Las que se llevaron a cabo de 1984 a 1996 reportaron un total aproximado de 13.200 millones de euros, y las que se realizaron de este último año a 2007, unos 30.000 millones. La prueba de que fueron operaciones nefastas para los intereses del conjunto de la sociedad española es que solo cuatro empresas en su día privatizadas (Telefónica, Gas Natural, Endesa y Repsol) obtuvieron en un solo año, 2011, unos beneficios superiores a los 10.000 millones de euros, y todas las de energía y telecomunicación más de 12.000. Si a ello se le suman los que hubieran proporcionado los antiguos bancos públicos y las demás empresas privatizadas, es fácil deducir que lo que ha producido su traspaso a manos privadas es una extraordinaria merma en los ingresos del Estado.

Finalmente, tampoco es cierto que la privatización haya generado más competencia. En realidad, se ha reproducido el mismo mercado de carácter oligopolista, ineficiente y caldo de cultivo de grandes acuerdos para imponer precios a los consumidores. La prueba la tienen mes a mes todos los españoles cuando pagan las tarifas que suelen estar entre las más elevadas de toda Europa.

Y tampoco es cierto que la privatización vaya acompañada de mejor calidad en el servicio. Por el contrario, diversos estudios han demostrado que las política de privatizaciones están asociadas al aumento de la mortalidad por abuso de alcohol, enfermedades cardiovasculares, suicidios y homicidios, especialmente entre hombres. Y está bien demostrado que llevan consigo la disminución del número de médicos, dentistas y de camas cuando se llevan a cabo en el sector hospitalario.

Los estudios empíricos que se han llevado a cabo en España, como el de las profesoras Laura Cabeza y Silvia Gómez Ansón, demuestran que las antiguas empresas públicas no han registrado «mejora significativa en la rentabilidad, en la eficiencia, en el volumen de ventas y de inversión, ni cambios significativos en el nivel de endeudamiento o en el empleo» después de haber sido privatizadas («Los procesos de privatización en España: determinantes e implicaciones de la eficiencia empresarial», ‘Estudios de economía aplicada’, vol. 27-2, 2009, p. 20).

Los resultados de las privatizaciones han sido simplemente el beneficio de los grupos privados que adquirieron la propiedad pública a bajo precio. No hay rentabilidad social en ellas y en realidad constituyen un vergonzoso expolio al conjunto de la sociedad. Por eso urge que en España se lleve a cabo una investigación profunda de las privatizaciones realizadas, de las condiciones en que se efectuaron, de sus beneficiarios y de lo que éstos dieron a cambio a quienes las aprobaron y ejecutaron, que no ha sido poco, como puede comprobarse casi a diario cuando se tienen noticias de la corrupción tan generalizada en los partidos que las impulsaron. Ningún robo debe quedar impune y es un elemental deber de ejercicio democrático que la ciudadanía conozca lo que se ha hecho con su patrimonio, así como castigar a los culpables de su dilapidación en manos de grupos privados amigos.

Izquierda Unida no se entera: las mujeres también cuentan

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Estamos en 2013 y parece mentira que los dirigentes de Izquierda Unida no se hayan enterado aún de que más de la mitad de la población son mujeres y que la inmensa mayoría de ellas, con toda la razón, no se van a sentir representadas por fuerzas políticas en donde las mujeres no tengan visibilidad.

¿Hablamos claro?

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Hoy comienzo una colaboración semanal en El País Andalucía que aparecerá todos los domingos. En esta primera ocasión me pregunto si no deberíamos hablar claro y abrir ya un debate social amplio, transparente y participativo para abordar de otro modo los problemas de la economía y la sociedad andaluzas. Con más del 30% de paro no podemos echarle la culpa a los demás ni seguir con un modelo que a la vista está a donde nos lleva. Puede leerse en la web del diario: ¿Hablamos claro?

¿Hace falta ser grosero para reivindicar la República?

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El actor Willi Toledo ha hecho unas declaraciones diciendo que «con lo hinchado que está» espera que el Rey «dure poco» (aquí.). No es que tengan mucha importancia, pero como yo soy republicano y tengo ganas de que la Monarquía desaparezca cuanto antes quiero decir que esas declaraciones no solo me parecen una grosería, sino que además creo que no ayudan a lograr que la República llegue pronto y a que lo haga como un paso hacia la mayor concordia social. Yo deseo, ya lo he dicho, que la Monarquía sea lo más efímera posible pero también que la vida de don Juan Carlos y de su familia sea muy larga, como la de todas las personas. Lo deseo muy sinceramente porque creo que una cosa no quita la otra. Más bien todo lo contrario.

Hay que salvar a la pequeña y mediana empresa

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Publicado en Público.es el 21 de enero de 2013

Por muchas vueltas que se le de, el indicador más certero de la profundidad y del daño que está causando una crisis económica es la desaparición de empresas. No cabe duda de que el aumento del desempleo es terrible pero incluso éste puede ser temporal y si está protegido no conlleva grandes caídas subsiguientes en la demanda. Pero cuando desaparece una empresa no solo se pierde empleo en ese momento sino que además salta por los aires una fuente futura de creación de puestos de trabajo, se pierden quizá para siempre recursos físicos, financieros y humanos y se desperdicia en la mayoría de las ocasiones el esfuerzo de muchos años y de muchas vidas.

Sean de propiedad privada, social o pública (porque no hay mayor error que confundirlas con el capitalismo) las empresas son organizaciones vitales para la satisfacción de las necesidades humanas y sin las cuales es imposible resolver los asuntos más básicos de nuestra vida cotidiana.

Por eso, la desaparición en España de más de 200.000 empresas desde 2008 no puede calificarse sino como de auténtica tragedia económica a la que habría que poner freno cuanto antes si no queremos hundirnos en la depresión económica y en el empobrecimiento continuado durante muchos años.

Sin embargo, y a pesar de que todo el mundo se llena la boca de defensas a la empresa o a los puestos de trabajo, lo cierto es que no hay institución social más incomprendida ni que reciba más agresiones por todos lados. Quienes está defendiendo y aplicando las políticas de austeridad y de recorte de rentas confunden los intereses del conjunto de las empresas con los de las más grandes, y quienes desde sindicatos u organizaciones de izquierdas ponen el énfasis en la defensa del empleo no se suelen dar cuenta de que eso es hoy día imposible sin la contribución de los miles de pequeños y medianos empresarios que lo crean en su gran mayoría.

Los gobiernos y la patronal están en manos de las grandes empresas y de los bancos que están imponiendo políticas que les vienen bien a ellos pero que literalmente fulminan a las pequeñas y medianas.

A diferencia de lo que ocurre en otros lugares, como en Estados Unidos, las grandes empresas europeas o están muy desentendidas del mercado interior o bien tienen un gran poder de mercado (como es el caso de las que suministran servicios básicos). Son empresas globales que obtienen la mayor parte de sus beneficios fuera de Europa o que los tienen garantizados aquí porque disponen de clientes cautivos, que no se pueden desentender fácilmente de ellas y tienen que aguantar sin rechistar los precios que imponen. En ambos casos, sus beneficios no dependen del poder adquisitivo de los europeos y por eso prefieren políticas que aquí simplemente garanticen los costes laborales e impuestos más bajos posibles.

Esa es la razón por la que están imponiendo las políticas de austeridad que se vienen aplicando. Unas políticas (que los economistas llamamos deflacionarias) que en realidad se viene aplicando en Europa desde hace muchos años y que son la causa de que aquí haya habido menos crecimiento y más desempleo que en otros lugares, pero que en los momentos de crisis actuales es cuando se muestran mucho más dañinas y contraproducentes.

Las pequeñas y medianas empresas (que en el conjunto de Europa, como en España, son las que han venido creando más o menos el 80% de nuevo empleo) no tienen a su alcance el colchón del mercado global, ni tampoco clientes tan cautivos como las que suministran telefonía, luz, energía u otros servicios básicos. En su inmensa mayoría viven, por el contrario, del mercado interno y cuando éste se viene abajo ellas van detrás enseguida. Muy pocas pueden internacionalizarse porque su negocio es el que es, atender a la demanda interna.

No quiero decir que no interese fomentar la internacionalización de las pymes españolas. Simplemente me refiero a que eso no se debe confundir, como se viene haciendo, con dos errores fatales. El primero, creer que solo serán competitivas en el exterior las pequeñas y medianas empresas que operen con trabajadores peor pagados. El segundo, pensar que a todas las empresas les conviene orientarse al mercado exterior o que todas van a poder hacerlo para salir de la crisis.

Normalmente, los pequeños y medianos empresarios viven de lo que gastan sus vecinos o empresas colindantes y si éstos tienen cada vez menos renta es cuando venden menos y cuando se ven condenadas a cerrar. Por eso, las políticas que imponen las grandes empresas y los bancos y que se están traduciendo en un descenso continuado de los ingresos de la mayoría de la población les resultan fatales.

Si queremos salir de verdad de la crisis sin destruir la economía y sin empobrecer para muchos años a la sociedad española, tenemos que salvar a las pymes (y me atrevería a decir que, muy en particular, a las que son propiedad o están dirigidas por mujeres porque tienen mayores problemas aún), y no a los bancos, a Telefónica, a Repsol y al resto de las grandes corporaciones que dominan el discurso, las instituciones políticas y las organizaciones patronales.

No hay nada más perjudicial para los pequeños y medianos empresarios (además, naturalmente, de para los propios trabajadores) y para el conjunto de la economía española que propuestas como las que acaba de hacer la patronal de Ikea, El Corte Inglés, Cortefiel, C&A, Alcampo, Leroy Merlin y otras grandes empresas de rebajar aún más los salarios. Responden a un razonamiento económico ciego y troglodita que aumentará sus beneficios a corto plazo pero que a la postre solo llevará consigo la desaparición de otros miles más de empresas y la pérdida de muchos más empleos.

Las pequeñas y medianas empresas que han cerrado en España lo han hecho por carecer de dos cosas fundamentales: crédito y clientes. No disponen de financiación porque los bancos que podrían dárselo están quebrados y utilizan la liquidez y ayudas sin límite que le dan el Banco Central Europeo y el gobierno para salvar sus muebles y sus beneficios. Y pierden la clientela porque los trabajadores, y la mayoría de la sociedad que gasta casi todos sus ingresos en consumo, disponen cada vez de menos rentas por los recortes que hace el gobierno.

Por eso, para salvar a las empresas que pueden crear empleo (y no destruirlo como viene haciendo las grandes que imponen las políticas de austeridad) lo que hay que hacer es lo contrario de lo que se viene haciendo. Si la banca privada no puede proporcionar crédito porque está quebrada o usando sus recursos para desendeudarse, el Estado tendría que garantizarlo como un auténtico servicio público esencial. ¿Se imaginan lo que hubieran podido hacer los miles de empresarios que han cerrado con la liquidez y ayudas que se le ha dado a los bancos para que la desperdicien?

Y para que recuperen sus ventas y el empleo, lo que debe hacerse es elevar la renta de la población que en lugar de ahorrar y dedicar la mayor parte de sus ingresos a la especulación financiera los dedica al consumo. Eso se puede conseguir, por ejemplo, con moratorias en el pago de hipotecas, con ayudas directas a las familias de menor renta y, en general, llegando a un pacto de rentas que impida la concentración tan grande de ingresos que se está dando en los niveles de mayor riqueza. Entender que la desigualdad creciente es el principal enemigo de los pequeños y medianos empresarios y de sus negocios no es algo de derechas o de izquierdas sino de sentido común a la vista de lo que está pasando.

Quizá no baste solo con eso. Es imprescindible también que la sociedad entera entienda  que los pequeños y medianos empresarios no son los malos de la película, lo que posiblemente requiera que estos también comprendan que sus intereses no tienen nada que ver con los de los grandes oligopolistas que dicen representarlos. La creación de riqueza orientada a satisfacer nuestras auténticas necesidades y que no destroce a la naturaleza que necesitamos para vivir es algo bastante más complejo que lo que refleja la dialéctica maniquea de buenos y malos al uso. Solo si superamos esta limitación y diseñamos un proyecto social, económico y político que ponga en primer plano los intereses reales de la inmensa mayoría de la sociedad y no solo los de quienes están en la cima podremos alumbrar un camino menos frustrante y más enriquecedor para todos.

Las desigualdades sociales en España

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La revista Temas para el Debate acaba de publicar el número de enero-febrero en el que se incluye un amplio abanico de artículos relativos a las desigualdades en España, contempladas desde casi todos los puntos de vista.

Como muestra del interés de este debate, cuya lectura recomiendo vivamente para conocer bien la realidad social de nuestro país, transcribo a continuación su contenido:

  • Editorial:  LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN ESPAÑA
  • José Félix Tezanos, LA DINÁMICA DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN ESPAÑA
  • CARLOS BERZOSA, DESIGUALDAD Y CONFLICTO SOCIAL
  • Julián Ariza Rico, SOBRE LOS EFECTOS POLÍTICOS DE LA DESIGUALDAD
  • Rafael Muñoz de Bustillo, LA GRAN BRECHA: DESIGUALDAD PERSONAL DE LA RENTA EN ESPAÑA
  • Antonio González, LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA ENTRE CAPITAL Y TRABAJO. UN REPARTO CADA VEZ MÁS DESIGUAL
  • Juan Torres López y Mauricio Matus López, DESIGUALDADES EN EL MERCADO DE TRABAJO
  • Eduardo Bandrés, LAS DESIGUALDADES TERRITORIALES Y PERSONALES EN EL BIENESTAR SOCIAL EN ESPAÑA
  • Zenón Jiménez-Ridruejo, TERRITORIO Y DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA EN ESPAÑA
  • Lina Gálvez Muñoz, EL RECRUDECIMIENTO DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LA ESPAÑA DE LA GRAN RECESIÓN
  • Verónica Díaz Moreno, LAS DESIGUALDADES INTERGENERACIONALES
  • Carlos Martín Urriza, PARO Y DESIGUALDAD: LA DESIGUALDAD CONSTRUIDA
  • Mª Rosario Sánchez Morales, NUEVA POBREZA Y PERSONAS «SIN HOGAR» EN ESPAÑA
  • Francisco Lorenzo Gilsanz y Víctor Renes Ayala, POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA: ¿CONTINUIDAD EN LAS TENDENCAS O CAMBIO CUALITATIVO EN LA ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD?
  • Jesús Pérez Mayo, LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LA POBREZA
  • Marcos Peña, EDUCACIÓN E IGUALDAD
  • Antonio Escolar Pujolar, LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y LA SALUD EN ESPAÑA

El artículo que he escrito junto con Mauricio Matus puede leerse aquí y se puede encontrar más información del número en la web de la Fundación Sistema pinchando aquí.