Austeridad o crecimiento, una alternativa que no resuelve los problemas de Europa

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Publicado en publico.es el 8 de mayo de 2012

Las políticas de austeridad impuestas por los grandes poderes financieros por intermedio de los gobiernos de Francia y Alemania y del Banco Central Europeo son un fracaso sin paliativos: han llevado a casi toda Europa a otra recesión, han agravado el peso de la deuda, las asimetrías y el paro, están destruyendo la cohesión social de Europa y derechos sociales cuya conquista costó décadas de conflictos y luchas, destruyen miles de empresas, crean pobreza y exclusión, producen un alejamiento, quién sabe si definitivo, entre la población y las autoridades políticas, y están dando alas a la extrema derecha fascista y neonazi que los banqueros y grandes industriales siempre han azuzado en épocas de crisis.

No hay ninguna experiencia histórica ni evidencia empírica que permita afirmar que se puede salir de una crisis como la que estamos (de racionamiento financiero y falta de demanda efectiva) con menos gasto, de modo que insistir en reducirlo sin tomar al mismo tiempo medidas que garanticen de nuevo la financiación y que proporcionen ingresos adicionales a la población consumidora es una vía que solo lleva a la depresión y al desastre.

La ceguera ideológica de las autoridades políticas y de los economistas que marcan el camino les impide reconocer esta realidad. Y su sumisión a los poderes financieros (solo interesados ahora en aprovechar la crisis para acrecentar sus privilegios) les lleva a insistir en nuevos recortes, que solo sirven para que los bancos, especuladores y grandes empresas aumenten su beneficios y un poder ya omnímodo que está liquidando a las de por sí débiles democracias que se permite el capitalismo de nuestra época.

Los recortes en educación, investigación, innovación, en infraestructuras vitales y en prestaciones sociales solo van a traer años de atraso y una inestabilidad social de terribles precedentes en Europa.

Tan rotunda es la evidencia de todo ello, que desde hace semanas se empezaron a abrir grietas en los bloques políticos dominantes y a filtrarse la idea de que es imprescindible poner fin a esta barbaridad política y económica. La presión de movimientos sociales, de economistas críticos o incluso de las personalidades más sensatas del propio establishment ha contribuido decisivamente a ello y la victoria del socialista Hollande en las elecciones francesas posiblemente sea lo que definitivamente obligue a poner en cuestión las políticas de austeridad.

Pero la alternativa que se está difundiendo frente a ellas es insuficiente e inadecuada: la del crecimiento. Una estrategia que ya ha demostrado que puede ser muy perversa y poco útil si no se matiza claramente lo que implica y a dónde queremos que nos conduzca.

Frenar los recortes de gasto público y en general todas las políticas de austeridad que están impidiendo que se regenere el privado y se recobre el pulso económico es una precondición indispensable para que en Europa se vuelva a crear empleo y para garantizar estándares mínimos de bienestar y protección a toda la población. Pero se trata solo de una precondición para evitar el desastre. Para conseguir que no vuelva a producirse otra crisis mayor y con peores perturbaciones y daños que los que ahora estamos sufriendo hacen falta más cosas.

No basta con hacer que crezca el Producto Interior Bruto de cualquier forma ni con inyectar más dinero aún de cualquier modo.

Aunque la crisis se desencadenó en su superficie por la desregulación financiera y por las estafas continuadas que cientos de bancos llevaron a cabo con la anuencia de las autoridades, sus causas profundas (las que la hicieron sistémica) y las que volverán a provocarla de nuevo si no se resuelven, son otras: la gran desigualdad que deriva rentas sin cesar a la especulación financiera, la utilización intensiva y despilfarradora de recursos naturales y energía que rompe la armonía básica y los equilibrios imprescindibles entre la sociedad y la naturaleza, y una progresiva degeneración del trabajo que empobrece a la población y al tejido empresarial y que frena la innovación y el incremento de la productividad.

Sin afrontar todo eso, promover de nuevo el crecimiento del producto interior “a lo bruto”, a base de gasto público e inyectando recursos para la creación de más infraestructuras y para la provisión de más servicios públicos puede frenar la deriva a la depresión en la que nos encontramos, como ya ocurrió con los planes de estímulo, pero será sin duda algo insuficiente y que terminaría provocando problemas aún más graves que los que tenemos.

El crecimiento entendido como un objetivo en sí mismo, sin más matizaciones, medido a través de un indicador tan perverso como el PIB y sin tener en cuenta los costes sociales, ambientales y antropológicos que lleva asociados, favorece la acumulación y volverá a dar buenos beneficios a ciertas ramas del capital, además de generar algo más de empleo y bienestar. Pero, en esas condiciones, éstos últimos no serán los suficientes para alcanzar niveles mínimos de estabilidad y satisfacción social, como demuestra la experiencia vivida en los últimos treinta años, ni con ello se podrá evitar volver a las andadas más pronto que tarde.

Lo que Europa necesita no son planes de crecimiento del PIB sino una estrategia global para la igualdad, el bienestar y la responsabilidad ambiental basada en la promoción de nuevos tipos de actividad, de propiedad y de gestión empresarial, en la generalización del empleo decente, en el uso sostenible de las fuentes de energía y de los recursos naturales que modifique radicalmente el actual modelo de metabolismo socioeconómico, y en la promoción de una ciudadanía democrática, plural, protagónica y cosmopolita. Y también, valga la paradoja, basada en la austeridad pero en lo que ésta tiene de respeto al equilibrio natural y personal y al buen uso de los recursos, y de rechazo al despilfarro; pero no de renuncia a los derechos sociales y a la igualdad, como la entienden los neoliberales.

Y además de ello, son imprescindibles reformas políticas e institucionales que frenen el poder de los grandes grupos oligárquicos y que permitan que las autoridades representativas sean quienes de verdad adopten las decisiones en función de los mandatos de la mayoría social en un marco de una auténtica democracia. Sin crear un auténtico poder público en Europa, sin someter la actuación del Banco Central Europeo a las exigencia de los intereses sociales y sin acabar con su complicidad con los intereses bancarios privados, sin sanear el sistema financiero europeo declarando la financiación de la vida económica como un servicio de interés público esencial, nacionalizando los bancos que no se sometan a él y fomentando nuevos tipos de finanzas descentralizadas y de proximidad, sin disponer de un auténtica hacienda europea y sin replantear el diseño de la unión monetaria, por no mencionar sino las cuestiones más urgentes, Europa seguirá balanceándose irresponsablemente al borde del precipicio y las llamadas al crecimiento solo servirán, si se me permite la expresión, poco más que para marear a la perdiz y engañar otra vez a los pueblos.

La cuestión que hay que poner sobre la mesa en Europa no es si recortamos un poco menos los gastos e inyectamos algo más de recursos a las mismas actividades e infraestructuras de siempre (otra vez carreteras, viviendas, más trenes de alta velocidad… y siempre casi todo en masculino), sino si rompemos o no con el poder de las finanzas privadas y de las grandes corporaciones empresariales y oligárquicas que nos dominan y que son las que nos han llevado a la situación en la que estamos.

NO A LA DESTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

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Declaración de universitarios españoles contra los ataques a la universidad pública

LA SIGUIENTE DECLARACIÓN HA SIDO PROPUESTA INICIALMENTE POR UN GRUPO DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA A MIEMBROS DE LA LISTA DE CORREOS UNICRISIS, A LA ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA ADIUS Y A LA PLATAFORMA ANDALUZA POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA QUE ESPERAMOS LA SUSCRIBAN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS Y AHORA LO HACEMOS A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS.
RECLAMAMOS LA FIRMA DEL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS COMO EXPRESIÓN DEL COMPROMISO UNIVERSITARIO PARA DEFENDER LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE LA GRAN AMENAZA QUE SUPONEN LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO Y COMO MANIFESTACIÓN DE NUESTRA VOLUNTAD DE MOVILIZARNOS CONTRA ELLAS.
QUEREMOS VUESTRA FIRMA, PERO NO SOLO ESO.
NECESITAMOS VUESTRO APOYO ACTIVO Y VUESTRA PRESENCIA EN LAS MOVILIZACIONES QUE PERMITAN DEROGAR EL DECRETO Y PONER FIN A UNOS RECORTES QUE DESTRUYEN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA QUE, SOBRE TODO, PRECISAN LOS SECTORES DE MENOR RENTA DE NUESTRA SOCIEDAD.
FÍRMALA Y DIFÚNDELA
Quienes firmamos este escrito, miembros de la comunidad universitaria de todas las universidades españolas manifestamos nuestro más absoluto rechazo a las medidas de recorte presupuestario tomadas por el gobierno porque entendemos que suponen un atentado gravísimo y sin precedentes que amenaza la supervivencia del servicio público de la enseñanza superior.
1. Las medidas acordadas por el Consejo de Ministros responden a una grosera improvisación. No son el resultado de un análisis detenido de los problemas que pudiera tener la universidad española, sino la consecuencia de dar el hachazo primero y luego tratar de encontrar argumentos que puedan justificarlo. Una prueba palpable de ello es que los recortes de gasto, la reducción de efectivos y el cambio de normas se realizan antes de que ni siquiera comience a funcionar la comisión nombrada por el Ministerio para que haga propuestas de reformas. Una comisión que igualmente rechazamos de plano porque, con independencia de la muy alta categoría profesional de todos y todas sus componentes, no refleja el pluralismo ideológico de nuestra sociedad y sobrevalora la influencia de los intereses bancarios privados a la hora de definir el mejor ordenamiento de la universidad pública española.
2. Para abrir paso a esas medidas y para apoyar los recortes, el propio Ministro y otros dirigentes políticos del Partido en el Gobierno han dado datos incorrectos o han dicho mentiras que confunden y engañan a la opinión pública:
• Para argumentar que en España hay demasiadas universidades el Ministro ha manifestado que en California hay 10, cuando en realidad hay 146. En contra de lo que dice el Gobierno, es fácil deducir que en España más bien hay pocas universidades: los dos países que tienen mayor número de centros universitarios de investigación de excelencia entre los mejores del mundo son Estados Unidos y el Reino Unido, y en ellos hay una universidad por cada 94.000 y 253.000 habitantes, respectivamente; mientras que en España hay una por cada 582.000 (Estos datos y los siguientes en José Antonio Pérez García y Juan Hernández Armenteros, Reforma universitaria: preguntas erróneas, respuestas incorrectas. El País, 16-4-2012).
•  Para hacer creer que es baja la calidad de nuestros centros universitarios, que combinan la docencia y la investigación, el Ministro los compara con rankings en los que la inmensa mayoría son solo centros de investigación y, sobre todo, sin hacer mención a que 99 de los 100 primeros están en países que casi doblan el gasto en I+D+i sobre el PIB de España.
•  Para exagerar el coste del fracaso escolar el Ministro ha afirmado que el 30% del alumnado abandona la universidad sin terminar, cuando la realidad es que ese 30% se refiere al cambio de titulaciones y que el abandono definitivo solo es del 12%. Y tanto el Ministro como la Secretaria General del Partido Popular han difundido la idea falsa de que el coste de ese abandono (exagerado) es de 3.000 millones de euros, una cifra equivocada y sin fundamento empírico ninguno.
3. Denunciamos que lo que viene haciendo el gobierno para justificar los recortes de presupuesto es simplemente una campaña contra la universidad pública que solo puede calificarse, cuando menos, como desleal. El Ministro se empeña en decir a la ciudadanía que nuestra universidad es ineficaz, cara e inútil para crear empleo y le oculta la realidad:
• Los estudios internacionales muestran que nuestra docencia y productividad científica son equiparables a la de los países de la OCDE a pesar de que aquí invertimos anualmente un 20% menos en recursos.
•  El 79% de quienes obtienen su título en España lo hacen en la “edad típica” de obtenerlos, frente a un 70% de la OCDE y a pesar de que aquí dedicamos a becas la tercera parte que la media de los países de esa organización y con menor gasto por estudiante.
•  La tasa de paro de los y las egresadas universitarias es la mitad que la del resto de la población y todo ello se consigue en la universidad pública con un coste por estudiante que es un 25% más bajo que el de la privada.
 4. A los recortes realizados en los Presupuestos Generales del Estado en las partidas destinadas a la investigación, ahora se suman las consecuencias del Real Decreto Ley de racionalización de gasto público en el ámbito educativo que van a impedir desarrollar con la necesaria calidad el servicio público de la enseñanza superior tan necesario para el progreso de nuestra sociedad. Denunciamos en particular que las medidas adoptadas por el Gobierno son un atentado gravísimo contra el desarrollo de la actividad investigadora, que es uno de los motores más potentes del progreso de una nación y de la competitividad económica que tanto reclama. Unos motores que se resienten cuando se aumentan las obligaciones docentes al mismo tiempo que se recortan recursos para la investigación. O cuando se encarece el precio de los másteres y se anula a la vez el sistema de préstamos renta y se disminuyen las becas, porque eso dará lugar a que no sean las personas de mayor talento quienes puedan acceder a la carrera investigadora, sino solo las de más ingresos. Y denunciamos que son un golpe brutal al principio de igualdad de oportunidades porque el aumento indiscriminado de las matrículas, sin estudiar previamente los efectos de otras distintas posibilidades más justas y eficientes de fijar sus precios, disminuyendo al mismo tiempo las becas, solo dará lugar a que las personas de rentas más bajas tengan más difícil acceder a los estudios universitarios.
El aumento de las dedicaciones docentes, en función de los criterios establecidos en el RD, elude las consecuencias a corto y largo plazo de tales medidas: se toman antes de revisar o consensuar con la comunidad docente/investigadora los criterios y baremos establecidos para la obtención de tramos investigadores en función de la naturaleza variable de la producción científica de las diversas disciplinas; así, la mayor carga de docencia recaería en quienes “menor investigación realizan”, con lo cual cabe pensar en que la docencia no se beneficiaría de la lógica retroalimentación del avance científico;  por último,  se da un golpe a la promoción de la investigación y de los investigadores e investigadoras, pues con más contratos precarios y mayor actividad docente tendrán más dificultades para lograr tramos de investigación.
5. Quienes firmamos esta declaración sabemos que en nuestra institución hay problemas, que se pueden y se deben optimizar los recursos que la sociedad nos proporciona, y estamos dispuestos a contribuir con nuestro esfuerzo a que el servicio público universitario funcione mejor y con mayor ahorro de recursos. Tenemos la convicción de que hay que mejorar la adecuación de la oferta a la demanda de estudios, hoy día muy desequilibrada, coordinar mejor los mapas de titulaciones o acoplar las plantillas de profesorado a las necesidades reales de la docencia y la investigación, entre otras cosas. Pero eso no puede llevarnos al engaño. Nada de eso se puede conseguir con menos recursos, poniendo en peligro lo bueno que han tenido las reformas de los últimos años, cerrando el paso a cualquier estrategia de diálogo y dificultando el acceso a la universidad y a la carrera universitaria a las personas de rentas más bajas.
De esta manera, disminuyendo recursos a un sistema ya de por sí necesitado de ellos, y sin propuestas que realmente supongan una mejora de su uso, por mucho que se hable de “racionalización”, el gobierno solo va a conseguir deteriorar el sistema universitario español y, en consecuencia, la evolución negativa de nuestra economía y el empleo, la situación de las empresas y el bienestar social. La evidencia histórica nos indica que eso es lo que sucede cuando se adoptan medidas como las aprobadas por el Gobierno español. Y esa evidencia, junto a las crecientes facilidades que se vienen dando a los centros privados, es lo que nos lleva a denunciar que la estrategia que en realidad se viene persiguiendo en este como en otros servicios públicos es su privatización progresiva para convertirlos en simples negocios privados con independencia de que así queden millones de españoles y españolas sin poder acceder a ellos.
Por todo esto, llamamos a todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria, con independencia de sus ideas políticas y simplemente amantes y defensores de la universidad pública, a que suscriban este escrito con su firma, a que lo divulguen y a que asistan a las convocatorias que se harán en todas las universidades frente a los rectorados para reclamar a nuestros máximos representantes que defiendan estas ideas y rechacen de plano los recortes del gobierno por suponer un atentado gravísimo y de efectos terribles para el futuro inmediato de la sociedad y de la economía española. Y en concreto, para que con su firma exijan firme y directamente al Presidente del Gobierno la dimisión del Ministro de Educación y Cultura y la retirada inmediata del Real Decreto de “racionalización” del sistema educativo porque simplemente significa la destrucción del sistema público que con tanto esfuerzo y siempre con insuficientes recursos hemos podido levantar en los últimos años con una calidad y alcance social de la que, a pesar de todo, nos sentimos orgullosos y orgullosas.

Abril 2012

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La improvisación de Rajoy considerada como una de las Bellas Artes

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Publicado en publico.es el 2 de mayo de 2012

Mariano Rajoy ha inventado el Bálsamo de Fierabrás. Lo ha dicho claro y sin tapujos: de aquí al final de legislatura, una reforma todos los viernes; como Dios manda, con la misma disciplina estricta que requiere el cumplimiento de las fiestas de guardar de las personas de bien.

Si el mal de todos los males es que la gente se de cuenta de adónde nos lleva cada una de ellas, el agua milagrosa que puede curarlo no puede ser mejor que el hacerlas una detrás de otra, sin solución de continuidad, de modo que el dolor de la nueva haga olvidar el daño de la anterior. ¿Quién se acuerda ya de las primeras subidas de impuestos si luego han venido, ay Dios, los Presupuestos, el hachazo suplementario posterior en educación y sanidad, y ahora, poco a poco, su concreción y las privatizaciones que conlleven aumentos de tarifas, la subida del IVA y vaya usted a saber qué otras más?

Además, ¿qué mejor forma de tener contento al Gran Jefe Alemán que la de presentarle un golpe de efecto cada semana, la de mostrar cada siete días que el gobierno está dispuesto a ir cada vez más lejos y a donde digan en cada momento que debe ir?

¿Que la Señora que todo lo puede manda a su Ministro de Hacienda a Santiago de Compostela para que revise nuestras cuentas? Pues aprovechamos para anunciar que privatizamos lo que haga falta, para que vayan preparando la cartera y nos compren otro más de los pocos recuerdos de familia que nos van quedando.

– ¿Qué quiere, Ministro Shäuble, dígame qué quiere? ¿Loterías?, ¿Renfe?, ¿AENA?, ¿ADIF?, ¿los puertos?, ¿gestión de hospitales, de colegios, o quizá también las universidades? Tranquilo, dígale a Frau Merkel que el viernes próximo están a su disposición y no se preocupe por la cuenta que ya haremos números cuando les venga bien. ¿Algo más? Sí, claro, algo de trigo para los pollos: que, por supuesto, como dice el alemán, que hemos de ir a una economía del conocimiento. Con menos maestros y escuelas, con perores universidades y cerrando centros de investigación, eso sí, ¡qué le vamos a hacer! ¡A ver!, los investigadores que aprovechen y aprendan de paso a emprender: a buscar por ahí unos miles de euros si quieren acabar sus proyectos. Y si no, que los anulen todos, eso, como la Cospedal, que lo cierren todo. ¿Investigar?… ¡qué sabrán de eso!

Se podría decir que la estrategia de Rajoy es pura improvisación, que si de verdad tuviese un proyecto reformista serio, profundo y consistente lo presentaría como se presentan siempre los auténticos proyectos de reforma, en un paquete y de una tacada y no a base de pildorazos cuyo contenido nadie conoce ni siquiera dos o tres días antes de que se anuncien.

Es posible que sea así pero hay que reconocer que Rajoy ha conseguido hacerlo como quien ejecuta un arte singular, como un maestro del ingenio y la creatividad capaz de distraer la atención y encerrar la realidad en unas cuantas frases que pueden con todo. Rajoy ha hecho un arte de la improvisación y del disimulo para aparecer cada viernes como el autor de una obra previamente trazada. No sé si lo está logrando del todo, ni lo que pensarán de él y de su gobierno los amos a los que intenta complacer o las gentes más corrientes a las que quiere engañar, pero en todo caso me recuerda mucho lo que nos enseñó uno de mis grandes clásicos preferidos, Thomas de Quincey. En unas pocas pero sublimes líneas de su opúsculo El asesinato considerado como una de las Bellas Artes (Alianza, 1994) nos indica lo que suele suceder a quienes abusan de lo malo, como, salvando todas las distancias que haya que salvar, quizá podría pasarle a nuestro Presidente si insiste en seguir improvisando con tanto denuedo como disimulo: “Si uno empieza por permitirse un asesinato -dice de Quincey-, pronto no le da importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente. Una vez que empieza uno a deslizarse cuesta abajo ya no sabe dónde podrá detenerse. La ruina de muchos comenzó con un pequeño asesinato al que no dieron importancia en su momento”.

Es por ello, por cierto, que de Quincey subraya la importancia que tiene oponerse desde el principio a lo que no nos conviene (principiis obsta, nos dice recordando los Remedia Amoris de Ovidio). Deberíamos tomar nota porque, aunque conmueve el arte de Rajoy, preocupa mucho cómo puede terminar y adónde nos puede llevar.

Acabar con la universidad pública a base de mentiras

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Publicado en Sistema Digital el 26 de abril de 2012

Después de conocer las medidas adoptadas por el gobiernos para “racionalizar” el gasto educativo en la universidad no sé bien qué es peor, el ataque a la universidad pública que suponen o las mentiras que el Ministro y los dirigentes del PP están diciendo para justificarlas.

La universidad española tiene problemas objetivos que son muy bien conocidos porque han sido puestos de manifiesto por muchos estudios empíricos realizados desde todos los enfoques ideológicos.

Sabemos que está mal financiada. No solo porque recibe menos recursos que la media de los países de nuestro entorno y mucho menos que los sistemas universitarios de vanguardia a los que siempre nos comparan (las práctica totalidad de las 100 mejores universidades a las que refiere el Ministro para decir que ninguna española está entre ellas, están en países en donde se invierte en I+D el doble que en España). También lo está porque la financiación que reciben las universidades no se dirige suficientemente bien y porque no hay suficientes mecanismos de evaluación de su impacto, de su equidad, eficacia y rendimiento.

En casi la totalidad de nuestras universidades hay un claro desacople entre demanda y oferta de titulaciones, y por supuesto también a nivel global. Tanto las autoridades académicas como las políticas han asumido el ineficaz e insensato criterio de que una universidad es mejor si dispone de un completo abanico de titulaciones, lo que ha dado lugar a duplicidades muy caras e inútiles y ha dificultado la especialización que hubiera permitido utilizar mucho mejor los recursos.

La universidad española tiene también un problema grande porque no está inserta en un auténtico sistema de enseñanza superior. En la práctica no existe la formación profesional de máximo nivel, o la enseñanza superior solo consagrada a la docencia más orientada a la formación laboral de excelencia, y eso ha masificado también inútilmente los centros universitarios con alumnos y profesores que deberían encontrarse realmente en la enseñanza superior no universitaria. Los intentos de acercar los estudios superiores a las demandas del mercado laboral incidiendo solo en la actividad universitaria sin desarrollar la enseñanza superior no universitaria es una barbaridad porque desnaturalizan a la primera que, por definición, no debe funcionar solo para satisfacer a las demandas de los mercados o las empresas sino, precisamente, para proporcionar la inteligencia colectiva que permita el progreso, que no es otra cosa que el cambio constante de las inercias dominantes.

En gran parte, estos problemas subsisten porque el sistema de control social ideado a través de los consejos sociales no ha funcionado. Y no se puede decir que eso haya ocurrido por culpa de los universitarios. Entre las presidencias y secretarías que ocupan dirigentes de partidos gobernantes que estaban en el dique seco (por cierto con sueldos desorbitados que se deberían hacer públicos) y que son muy poco operativas y las personalidades que los conforman en otros casos sin apenas capacidad ejecutiva sobre el funcionamiento de la universidad, solo se ha conseguido que los consejos se dediquen a dar unos cuantos premios, a ponerle unas algunas trabas sin importancia a los presupuestos para hacerse notar y a muy poco más.

Para proponer soluciones a problemas como estos y a otros más que puedan ponerse sobre la mesa, el Ministerio ha creado una comisión de expertos formada por personas todas ellas de indudable mérito y capacidad y del más alto nivel profesional o académico, pero de una gran homogeneidad ideológica. Es fácil prever que si se dejan fuera del análisis y de la posibilidad de hacer propuestas a quienes representan sensibilidades y preferencias diferentes y que responden también a los intereses de una buena parte de la población, las conclusiones a las que se llegue estarán sesgadas y nunca responderán a las necesidades del conjunto de la sociedad.

En cualquier caso, el gobierno no ha esperado a disponer de propuestas para dar el hachazo y ha adoptado medidas que llama de racionalización pero que simplemente representan un ataque sin precedentes a la universidad pública española.

Ha modificado la dedicación docente del profesorado en virtud de un supuesto criterio de dedicación a la investigación que no lo es y que lo que va a conseguir es un doble efecto perverso: que sea todavía más difícil que los profesores compaginen la docencia y la investigación y que se puedan atender con eficacia las nuevas necesidades que plantea el sistema de Bolonia que así va a perder lo único bueno que podía haber traído consigo. Paralelamente el Ministerio ha dado un tajo brutal en los Presupuestos Generales del Estado a los recursos destinados a financiar la investigación, lo que se va a traducir en docenas de proyectos paralizados, en mucha menos movilidad y en una menor presencia de los investigadores españoles en la vanguardia de la ciencia internacional. Y la disminución en el número y variedad de becas va a impedir que los mejores talentos se dediquen a la actividad investigadora si no disponen de recursos propios. Más o menos lo que va a ocurrir si la subida de tasas no se hace racionalmente,  con mayores criterios de equidad y con más becas o sistemas alternativos de financiación de las matrículas.

Y, como decía al principio, el Ministerio ha tomado estas medidas difundiendo una serie de datos erróneos, que realmente entran en la categoría de mentiras cuando se repiten conscientemente, y que solo se orientan a desprestigiar a la universidad pública española con el fin de justificar el daño que se le hace. El Ministro Wert ha hecho referencia, por ejemplo, a que en España hay un excesivo número de universidades, cuando lo cierto es que hay menos por habitante que en los países que están en la vanguardia del conocimiento (en España hay casi el doble de alumnos por universidad pública que en el Reino Unido y casi seis veces más que en Estados Unidos; y prácticamente la mitad de universidades de las que hay en California, en donde se inventó que había solo 10); ha hecho mención erróneamente a los datos de abandono de estudios (confundiendo la salida de la universidad con el cambio de titulación) y ha exagerado sin fundamento el supuesto coste de ello; utiliza los datos de desempleo de universitarios para afirmar la ineficacia de las universidades públicas pero no los compara con la tasa de paro general; y no tiene en cuenta que otros indicadores de eficacia y rendimiento académico muestran que la universidad pública española prácticamente está a la altura de las demás de nuestro entorno aunque dispone de muchos menos recursos para la docencia y la investigación o cuando gastamos la tercera parte en becas (Ver José Antonio Pérez García y Juan Hernández Armenteros en Reforma universitaria: preguntas erróneas, respuestas incorrectas. El País, 16 de abril de 2012).

No puede ser casualidad que se estén difundiendo tantos datos falsos y opiniones negativas sobre la universidad española justo cuando, en lugar de abordar los problemas que tiene de verdad, se adoptan recortes que son los que realmente van a impedir que cumpla con eficacia sus funciones. Yo creo que no es ni mucho menos casualidad, porque desde hace tiempo sabemos que lo que está haciendo el Partido Popular en política universitaria y educativa en general es lo que mismo que hace en el conjunto de los servicios públicos: disminuir sus recursos, dejar así que empeore su gestión y funcionamiento y propiciar de esa manera que se vaya consolidando la provisión privada.

Si lo dijeran claro, al menos podríamos pensar que quienes lo están haciendo son políticos transparentes y honrados.

¿Argentina es quien perjudica a España?

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En un artículo anterior (Repsol no es España) escribía en este mismo diario que el intento de confundir los intereses de la multinacional con los del conjunto de los españoles es un ardid demasiado forzado. Hubiera dejado ya el tema si no fuera porque los dirigentes del Partido Popular se empeñan en utilizar el contencioso entre el gobierno argentino y Repsol como un velo que oculta los verdaderos problemas y enemigos que tenemos los españoles.

El  Ministro de Asuntos Exteriores ha afirmado que la decisión argentina perjudica a nuestros intereses y a los del conjunto de las empresas españolas. Una afirmación que me parece igualmente desenfocada y que busca encontrar enemigos donde yo creo que no están los de verdad.

Vaya por delante que no me pronuncio sobre la conveniencia o no de que el gobierno argentino defienda sus intereses nacionales nacionalizando YPF. Y que entiendo que los propietarios de esta última traten de sufrir el menor quebranto económico posible. Pero eso es una cosa y otra que todo un gobierno se equivoque a la hora de determinar quiénes son los enemigos que verdaderamente perjudican nuestros intereses con tal de ayudar a los propietarios de la multinacional, que no somos precisamente todos los españoles.

Por eso me parece que no estaría de más que el gobierno se planteara y respondiese con sinceridad ante la opinión pública a algunas preguntas elementales.

¿Quién perjudica a España y a sus empresas? ¿Argentina, o los tratados europeos que impiden que el Banco Central Europeo financie a los gobiernos, lo que ha ocasionado que solo en 2008, 2009 y 2010 España haya tenido que soportar una deuda ilegítima de 120.842 millones de euros?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los especuladores financieros, las agencias de calificación y los banqueros que manipulan los mercados para alterar artificialmente el precio de la deuda y obtener pingües beneficios?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los grandes poderes europeos, encabezados por su cómplice principal, el gobierno alemán de la Señora Merkel, que se empeña en imponer a toda Europa políticas que inevitablemente nos llevan a la depresión económica?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o las grandes fortunas y grandes empresas cuyo fraude a la hacienda española supuso 42.711 millones de euros en 2010?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o las empresas que utilizan paraísos fiscales para evadir impuestos y no cumplir con todas sus obligaciones fiscales en España, como Repsol, que es la empresa del IBEX-35 que mantiene más sociedades ubicadas en paraísos fiscales.

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que no luchan decididamente contra el fraude fiscal y hacen que España sea el país europeo que menos gasta en perseguirlo?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que aprueban amnistías fiscales para legalizar el comportamiento de los defraudadores?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los bancos que para obtener beneficios extraordinarios dando crédito financian burbujas inmobiliarias insostenibles y que influyen en los gobiernos para imponer políticas económicas que endeuden a las familias y a las pequeñas y medianas empresas?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los bancos españoles que reciben del Banco Central Europeo todo el dinero que pidan al 1% y sin embargo obligan a miles de pequeñas y medianas empresas a financiarse mediante tarjetas de crédito a más del 29% de interés porque no les dan otro tipo de financiación?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que indultan a banqueros delincuentes y a políticos corruptos que roban el dinero público, mientras hacen que las leyes caigan con todo su peso sobre los trabajadores y pequeños empresarios que cumplen con sus obligaciones?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los ministros que imponen recortes en servicios sociales básicos recurriendo a mentiras y datos falsos para justificarlos, como viene haciendo particularmente el de Educación y Cultura?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que permiten que las compañías eléctricas estafen a las familias y empresas españolas inventándose ellas mismas el déficit de tarifa o mediante engaños como el de los costes de transición a la competencia o los relativos a los contadores de la luz, haciendo que nuestra factura eléctrica sea la tercera más cara de Europa solo para que ganen más que en ningún otro país?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que no hacen frente con dignidad a las imposiciones que llevan a nuestra economía a la depresión, reducen a mínimos la inversión fundamental en materias como investigación, educación y formación, o apoyo a las empresas que crean empleo para subsidiar a bancos y grandes corporaciones?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina. o los gobiernos que privatizan empresas públicas a bajo precio para dárselas a sus amiguetes?

Deberíamos obligar a que los gobiernos hablaran claro y se dejaran de tanto engaño y de tanta demagogia.