¿Dónde están ahora los defensores de la familia?

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Publicado en publico.es el 10 de abril de 1012

Mientras ha estado gobernando el PSOE la jerarquía de la Iglesia Católica ha organizado actos en defensa de la familia a los que se sumaban complacidos los dirigentes del Partido Popular. Unos y otros afirmaban que era necesario porque la secular institución estaba en peligro por los ataques que recibía del gobierno socialista.

Se trataba de una reacción cuanto menos curiosa porque lo cierto es que cuando gobiernan  las derechas que tanto defienden a la familia, como ha sucedido en el franquismo y luego con los gobiernos del PP y de algunos nacionalismos, lo que hacen no es precisamente mejorar las condiciones de vida de las familias. Una paradoja singular.

Las acciones que lleva a cabo el PP cuando está en la oposición, llenándose la boca de valores familiares, y cuando gobierna son buena prueba de esa contradicción. Como también lo es la actitud de los obispos de derechas ante la familia cuando gobiernan unos u otros.

En la anterior etapa de gobierno del PP, liderada por Aznar, los ingresos de la inmensa mayoría de las familias, los de rentas más reducidas, bajaron; aumentó su endeudamiento; el precio de la vivienda en donde viven se disparó; e incluso los puestos de trabajo que consideraban como la muestra del milagro español fueron en su mayor parte muy precarios y de bajo salario, lo que hacía aumentar el stress que sufren los distintos miembros de las familias trabajadoras y especialmente las mujeres. Y el gasto social destinado a cubrir las necesidades de las familias en educación, salud, cuidados a personas dependiente, pensiones, etc. bajó en relación al PIB hasta los niveles que había a la muerte de Franco, lo que hizo que la diferencia con Europa aumentara en 8,6 puntos de 1996 a 2004.

La consecuencia de ello fue que en la etapa de gobierno de Aznar aumentó la desigualdad y la pobreza, sobre todo, la de las personas mayores y la infantil.

En definitiva, cuando ha gobernado la derecha se ha hablado mucho de familia pero, al final, los datos muestran que no se dedican muchos recursos, o todos los necesarios, para ayudarlas de verdad y mejorar su condición y el bienestar de sus componentes. Las familias que en la época de Aznar vivían de los beneficios empresariales sí salieron bien paradas puesto que éstos aumentaron en un 73% en ese periodo, pero las que dependían de los salarios, la inmensa mayoría, no tanto, puesto que solo subieron un 3,7%.

Y ahora con Mariano Rajoy, después de tanto discurso y manifestaciones a favor de las familias españolas, resulta que parece que vamos a seguir por el mismo camino.

Los recortes sociales que se han llevado a cabo en solo 100 días, los que contemplan los Presupuestos y los que se anuncian ya casi sin disimulo para el futuro, pueden ser dramáticos para las familias españolas.

El gobierno se dispone a recortar el derecho universal a la salud, aún más de lo que ya han hecho las derechas de Cataluña y Valencia, ha reducido o incluso eliminado recursos destinados a servicios familiares básicos como los de atención a la dependencia, ha eliminado el fomento a la emancipación (que al fin y al cabo es lo que permite crear nuevas familias) mediante las ayudas al alquiler a jóvenes. Los Presupuestos contemplan recortar la partida destinada a la gratuidad o reducción del precio de la matrícula universitaria para familias numerosas de tres hijos y ha eliminado los programas de escolarización de los niños y niñas de 0 a 3 años, mientras contemplan una reducción del 42,6% en los fondos destinados a familia e infancia, del 38,6% en los que atienden a personas mayores, o del 21,3% en los destinados a prevenir la violencia machista.

¿No es eso un ataque en toda regla a la institución familiar española?

Me gustaría saber dónde están ahora los obispos y los fervientes defensores de la institución familiar que antes salían tan belicosos en las manifestaciones. ¿Por qué no condenan ahora su pérdida de bienestar y el sufrimiento de las que están padeciendo los recortes de derechos?

Si lo que quisieran de verdad fuese defenderla, estarían de nuevo en las calles clamando contra estos recortes. Si no lo hacen, no me queda más remedio que pensar que todo era un ardid, una excusa para atacar demagógicamente a otro gobierno que no les gustaba, que en realidad se trataba de una farsa simplemente montada para recuperar el poder y los privilegios, que es lo único que parece interesarle.

Vicenç Navarro es el quinto científico social español más citado en la literatura científica internacional

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Según el estudio “Los Diez Científicos Sociales Españoles Más Citados en la literatura científica internacional” realizado por el Lauder Institute of Management and International Studies de la Warthon School de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) y que analiza el impacto científico a nivel mundial de investigadores en las áreas sociales (tales como ciencias políticas y sociales, economía, sociología y otros), el Profesor Vicenç Navarro se encuentra en el quinto lugar entre los diez científicos sociales españoles más citados en la literatura científica en el mundo. Me congratulo de ello y lo felicito.

El listado puede verse aquí.

¿Hasta cuándo el engaño del recibo de la luz?

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Publicado en publico.es el 3 de abril de 2012

Una de las características más importantes de nuestra economía, y de la que no se suele hablar, es la gran influencia y poder político que los grandes grupos financieros y empresariales tienen sobre las instituciones. No es que eso sea algo propio solamente de nuestro país, pero sí es verdad que aquí está muy agudizado porque esos grupos se formaron en la dictadura y eso les dotó de una fuerza y de unos privilegios especialmente considerables.

Esos grupos extienden sus redes en toda la economía española pero tienen su asiento principal en los grandes sectores estratégicos, en la banca, la energía, las telecomunicaciones o los medios de comunicación, entre otros, tejiendo así una compleja red de intereses que les permite controlar mucho más de lo que a simple vista parece y que penetra en las propias administraciones públicas e incluso en las más altas magistraturas e instituciones del Estado.

El caso del sector eléctrico es paradigmático y ahora se vuelve a poner de evidencia cuando el gobierno de Rajoy vuelve a subir el recibo de la luz.

En la anterior etapa de gobierno de Aznar se reconoció un llamado “déficit de tarifa” que ha ido creciendo año tras año y que está proporcionando a las compañías eléctricas grandes beneficios a costa de los consumidores de luz.

A la opinión pública se le está diciendo desde entonces que las eléctricas tienen unos costes muy elevados y que la tarifa que pagamos es insuficiente para compensarlos porque los gobiernos la mantienen demasiado baja por razones de interés social.

Pero a la sociedad no se le informa que desde que Aznar (más tarde asesor externo de Endesa) lo reconoció, ese déficit está trucado. No es la diferencia entre la tarifa y los costes reales que soportan las empresas sino con los muy sobrevalorados que se inventan y que los sucesivos gobiernos (y los jueces que resuelven  las demandas de las eléctricas) aceptan sin problema.

Para lograr ese efecto las compañías recurren a diferentes procedimientos: asignar a la electricidad mucho más barata que producen centrales ya amortizadas los costes de otras más caras, aplicar el de la franja horaria de mayor precio, o registrar costes de inversiones realizadas o de otros gastos muy por encima de los realmente soportados.

Esa constante sobrevaloración es lo que permite hablar de déficit pero se trata, como acabo de señalar, de un déficit ficticio. Y que, además, no es la única circunstancia que vienen permitiendo a las compañías eléctricas obtener enormes beneficios en España, casi 29.000 millones de euros desde 2005.

Además de ello, facturan a los consumidores por tener derecho a conectar la potencia contratada (lo que no están en condiciones de asegurar porque la red es deficiente en muchos puntos) o los llamados costes de transición a la competencia, un invento de las propias compañías que les ha supuesto mas de 9.000 millones de ingresos extras, además de inflar el precio del alquiler de los nuevos equipos de medida, entre otros.

Y mientras las empresas eléctricas obtienen beneficios extraordinarios mediante estos procedimientos espurios, los consumidores de luz españoles hemos de pagar un recibo que es el tercero más caro de Europa, solo superado por el de Chipre y Malta.

Durante años, los gobiernos se vienen limitando a aceptar las condiciones que les ponen las grandes compañías eléctricas, en cuyas asesorías o consejos de administración entran y salen los mismos que antes o luego han de tomar decisiones sobre las tarifas y las condiciones de su negocio, como el mencionado Aznar, de Guindos, Elena Salgado o Felipe González, entre otros, en un vaivén vergonzoso e inmoral al que nadie pone coto.

Si en España hubiese una verdadera democracia las televisiones estarían explicando a la gente por qué suben tanto sus recibos de la luz y quién y por qué se lucra con ello. Y los gobiernos, en lugar de rendirle pleitesía, habrían disuelto ya el oligopolio eléctrico, nacionalizado las empresas y evitado el engaño. En lugar de eso, Rajoy vuelve a subir la luz y encima su gobierno afirma que está reduciendo los costes del sistema, como si hubiera tomado alguna medida encaminada a evitar su sobrevaloración artificial.

Los Presupuestos del PP

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El gobierno de Mariano Rajoy retrasó la presentación de los Presupuestos Generales del Estado hasta justo después de que se celebrasen las elecciones andaluzas con el evidente propósito de que seguir engañando a los ciudadanos diciéndoles lo contrario de lo que tenía pensado hacer. Como se sabe, no le sirvió de mucho y el Partido Popular no va a gobernar en Andalucía, que era lo que se buscaba. Ahora, por fin, sabemos lo que se propone hacer el Gobierno.

De momento solo conocemos las grandes líneas de los ingresos y gastos de Estado pero creo que son suficientes para llegar, en esta primera valoración de urgencia, a algunas conclusiones fundamentales.

Ingresos

A pesar de que se dice que su propósito principal es contener el déficit, el Gobierno actúa muy tímidamente sobre la recaudación de ingresos cuando en este aspecto estamos muy por debajo de los niveles potenciales que permitirían tener mucho más desahogo en los gastos. De hecho, los Presupuestos no contemplan subidas en el IRPF (ya se hizo el 30 de diciembre) ni en el IVA que son los impuestos con mayor capacidad recaudatoria (aunque no cabe descartar que lo hagan a lo largo del año). Tampoco contemplan subidas en impuestos sobre la gasolina que, además de mayor capacidad recaudatoria, pueden modificar pautas de consumo e incentivar el uso de otro tipo de transportes.

Los Presupuestos sí contemplan una serie de modificaciones en el Impuesto de Sociedades limitando las deducciones y reformando el sistema de pagos fraccionados orientadas a aumentar su recaudación. El inicio de una reforma de este impuesto puede considerarse positiva pero las medidas que prevé adoptar el ejecutivo son tímidas e insuficientes y pueden terminar por perjudicar a las pequeñas y medianas empresas cuando son las grandes y las entidades financieras las que evitan pagarlo en mucho mayor proporción.

Según los técnicos del Ministerio de Hacienda, este impuesto tiene “vías de escape” que permiten que las grandes empresas reduzcan el tipo nominal del 30% hasta el 17% o hasta el 16,08 que pagan de media las 105 mayores entidades de crédito, frente el 22% que pagan la mayor parte de las microempresas o el 20% de las pequeñas empresas.

Con los cambios en este impuesto que se han aprobado, el ejecutivo pretenden incrementar la recaudación en 5.350 millones de euros. Pero me parece una estimación muy posiblemente exagerada porque se basa en una previsión del crecimiento previa del PIB que está muy sobrevalorada y por encima del que realmente se registrará en 2012, sobre todo, después de estos presupuestos como después comentaré. Sin embargo, si se hubiera adoptado una medida como la que proponen los técnicos del Ministerio (un tipo impositivo del 35% para bases imponibles a partir del millón de euros de beneficios) se podrían recaudar 13.900 millones de euros. Es decir, más, solo con la reforma de un solo impuesto, de lo que el gobierno pretende recaudar reformando IRPF, Sociedades y otros especiales (12.314 millones de euros).

Otra de las medidas aprobadas para aumentar ingresos y reducir gastos es la subida y generalización de las tasas judiciales. Pero en mi opinión se trata de una medida que en términos relativos no tiene un gran efecto recaudatorio sino (como todos los mecanismos de copago), un menor recurso a la Administración de Justicia solo de las rentas más bajas, lo que es manifiestamente injusto. E incluso puede generar gasto adicional si impulsa la recurrencia al sistema de justicia gratuita que presenta muchas imperfecciones y lagunas y que quizá debería ser revisado para garantizar que se aplique con auténtico sentido de la justicia.

Finalmente, en el capítulo de ingresos el Gobierno ha aprobado una regularización que es una auténtica amnistía fiscal. Por cierto, del mismo tipo de la propuesta por Rodríguez Zapatero y que Rajoy y otros dirigentes del PP, con su habitual demagogia, descalificaron en su día.

Lo que se persigue con esta amnistía, según el Ministro de Hacienda, es que afloren capitales hasta ahora no declarados y para ello contempla dos vías o procedimientos. Una, destinada a las sociedades de mayor tamaño que hasta ahora viniesen tributando (o mejor dicho, que vinieran no tributando) en los llamados “países de reducida tributación”, es decir, en los paraísos fiscales, o que han obtenido allí dividendos o rendimientos del capital. El Gobierno ha aprobado que si se repatrían esos rendimientos solo tendrán que tributar al 8%.

La otra vía ofrece a las personas físicas o jurídicas que afloren rentas, bienes o derechos hasta ahora no declarados en el IRPF, Impuesto de Sociedades o Impuesto sobre la renta de no residentes una tributación al 10% y, además, que los puedan declarar con confidencialidad y discreción.

Por mucho que estas amnistías puedan traer de ingresos (que no los suelen traer en grandes cantidades porque solo suelen recurrir a ella los defraudadores minoristas y no los mayoristas del fraude) representan siempre una terrible injusticia, una rendición de los gobiernos ante los delincuentes, una falta de patriotismo y, en el plano económico y financiero, la renuncia a perseguir como se debe a quienes estafan a la sociedad e incumplen las leyes. Los ciudadanos deberían condenarla y repudiarla porque simplemente va a significar que el gobierno que la aprueba acepta como principio que unos hayan de cumplir con nuestras obligaciones fiscales y otros no.

Gastos

En el capítulo de gastos es donde se contemplan las medidas más drásticas (el Ministro de Asuntos Exteriores los calificó como “presupuestos de guerra”), y aunque de momento solo conocemos la magnitud general y algunas cifras concretas en algunas partidas generales, su cuantía y orientación nos permiten adelantar el efecto final que van a tener sobre la economía.

Solo en los presupuestos de los ministerios se contempla un recorte de 13.406 millones de euros lo que significa que algunas líneas de actuación política tan significativas como la cooperación al desarrollo (disminuyen el 71%), el apoyo a la automoción y coche eléctrico (disminuye un 87,5%) o las actuaciones de desarrollo rural (disminuyen el 85,9%) quedan en mínimos de mínimos. Y que otras tan decisivas como la atención a la dependencia o las políticas activas de empleo desaparecen por completo al disminuir el 100%, como le pasa al Fondo de integración de inmigrantes que desaparece, a pesar de que representa una cantidad muy pequeña en relación con el conjunto del Presupuesto.

Y a eso hay que añadir el recorte del 36,1% en inversiones públicas que habrá que conocer con más detalle y analizar con cuidado cuando se conozcan en toda su extensión los Presupuestos para poder evaluar su efecto concreto, aunque el general es indiscutible: una caída inmediata del PIB y de la creación de empleo.

Conclusiones

En mi opinión, y solo a tener de los datos que de momento ha anticipado el gobierno, en estos Presupuestos hay dosis diferentes de distintos ingredientes: recortes muy grandes de gasto que se harán efectivos, otras previsiones de austeridad que será imposible llevar a cabo, sobrevaloración en el incremento previsto de la recaudación impositiva y una renuncia a abordar  los problemas de fondo que ocasionan el déficit público.

Además de las valoraciones que he avanzado más arriba, yo creo que las implicaciones principales de estos primeros Presupuestos del gobierno de Rajoy son las siguientes

a) Suponen unos recortes de gasto excepcionales que van a afectar principalmente a las partidas que benefician a las rentas más bajas y a la promoción de la actividad empresarial y la actividad económica.

b) Precisamente por esto último, van a provocar una caída muy fuerte del ritmo de crecimiento, van a destruir miles de empresas y empleo y agudizarán la recesión en la que nuevamente se encuentra la economía española.

c) Ni siquiera van a poder reducir el déficit en las cifras en que se propone el Ejecutivo porque inflan las previsiones de aumento de ingresos y porque la reducción de gastos previstas en algunas partidos va a ser imposible que se lleven a cabo si no es con una buena dosis de contabilidad creativa de la que el Partido Popular tiene una gran dominio puesto que ya la utilizó abundantemente en su anterior etapa de gobierno. Salvo que haya complicidad de las autoridades europeas con los verdaderos objetivos que persiguen estos Presupuestos, y a los que más abajo me referiré, lo más probable es que los cuestionen poniendo en duda su realismo y que reclamen mayor disciplina aún en su intento suicida de salvar a la banca europea por encima de todo.

d) Estos Presupuestos responden al empecinamiento de las autoridades europeas, compartido por los dirigentes del PP, en creer que el problema que tiene la economía española es el déficit público cuando el verdaderamente grave es la deuda privada y la situación de la banca.

El error consiste en tratar de salir de la situación en la que estamos dando recursos sin límite a los bancos para que echen el peso de la deuda que han generado por su irresponsabilidad sobre las espaldas del resto de la economía y en exprimir a consumidores y empresas para que la paguen de sus bolsillos.

Pero eso, además de radicalmente injusto, es sencillamente imposible que llegue a buen término, incluso para la banca. Con presupuestos como este las economía se hunden inevitablemente. Y como los bancos españoles (como los italianos) están utilizando los billones que les da el Banco Central Europeo para colocarlos en los mercados financieros, lo que están provocando es atraer a los especuladores que los van a hundir sin remedio. Por eso las autoridades europeas empiezan a decir ya que hay que rescatar a los bancos españoles. Quieren acabar cuanto antes y obligar de una vez a que España reciba los préstamos que necesitan los bancos para que estos paguen pronto a sus acreedores europeos y dejen de desestabilizar la zona euro.

Los Presupuestos del PP hundirán a la economía española en una recesión más grave y dejan sin solucionar sus problemas auténticos.

El Jefe del Estado, Don Juan Carlos de Borbón, se dispone a sancionar un Real Decreto que supone una estafa a millones de empresas y familias españolas

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Según ha anunciado el Gobierno, un inminente Real Decreto procederá a subir las tarifas eléctricas que las grandes compañías cobran a empresas y familias. De esta manera se sigue sancionando una estafa colosal, urdida por las propias empresas con la complicidad de los sucesivos gobiernos, que les viene reportando miles de millones de beneficios extraordinarios gracias a las trampas en el cómputo de los costes que hacen que el recibo de la luz en España sea el tercero más caro de Europa, superado solo por el de Chipre y Malta.

Los detalles de esta estafa, su origen y el modo concreto en que se lleva a cabo pueden conocerse en la web del ingeniero Antonio Moreno que está aquí.

Carta a Canarias Semanal a propósito de los clichés

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Canarias Semanal es una publicación digital en la que suelen publicarse algunos de mis textos y en la que normalmente se hace referencia a mí con los clichés de “socialdemócrata” y “keynesiano”. No es que lo considere una ofensa pero sí una imprecisión que confunde a la gente. Es por eso que he enviado a la redacción la siguiente carta que han tenido la amabilidad de publicar. Sigue leyendo

Tiempo de cambio en Andalucía

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Publicado en El País Andalucía el 28 de marzo de 2012. Por Fernando Moreno Bernal, María Jesús Reina Fernández, Carlos Martínez García y Juan Torres López (miembros de la Junta Directiva de ATTAC Andalucía)

Antes de las elecciones ATTAC-Andalucía realizó un análisis de la situación y en este mismo diario reclamábamos el cambio de progreso que creíamos que nuestra tierra necesita. Nos parece que los resultados electorales del domingo pasado han mostrado que esa era la dirección que deseaba la mayoría del pueblo andaluz y quién prefiere que lo lleve a cabo.

Al respecto quizá sea oportuno tener ahora en cuenta algunas circunstancias principales.

La primera es que tanto el PSOE como Izquierda Unida se enfrentan a una enorme responsabilidad ante la ciudadanía. El PSOE no puede seguir repicando progresismo y al mismo tiempo estar en misa oficiando políticas neoliberales. Si va a preferir esto último, más nos valdría que formalizara un gobierno de concentración con el PP y se evitaran así innecesarios dimes y diretes. E Izquierda Unida debe comprender que las elecciones no se hacen para determinar quién tiene el programa más radical sino para generar mayorías que gobiernen y transformen la sociedad metiéndose si hace falta para ello en los charcos y llenándose de barro. No le vale, pues, con limitarse a dejar que los demás se manchen las manos ni abstenerse, salvo que desee convertirse de facto en una simple organización no gubernamental. Y a ambos les corresponde desde ya la responsabilidad de regenerar la vida política andaluza y de evitar para siempre que se produzcan más episodios de sinvergonzonería y corrupción.

La segunda es que la situación económica en la que estamos es extraordinariamente complicada y que los presupuestos de la Junta de Andalucía van a estar bajo mínimos en los próximos años, dificultando en grado extremo las políticas redistributivas que se han venido realizando. Por mucho que se puedan resistir o incluso frenar los recortes que se vienen imponiendo, como habrá que intentar, será inevitable actuar con severas restricciones de recursos y asumir muchos sacrificios, aunque será fundamental hacer que estos empiecen a recaer principalmente en quienes han originado los males que padecemos. Hay que saberlo porque eso significa que solo con una dosis excepcional de inteligencia colectiva, con total transparencia y con la máxima y constante complicidad de la sociedad se podrá evitar que esta legislatura termine mal y antes de tiempo.

De hecho, no podemos olvidar que la situación tan difícil que estamos viviendo no es exclusiva de Andalucía. Todo lo contrario. Con independencia de ciertas singularidades, lo que sufrimos aquí, como en el resto del mundo, son las consecuencias de una crisis más del capitalismo, un sistema que cada vez se muestra más incapaz de satisfacer las necesidades humanas y los equilibrios básicos del planeta. Y no es fácil hacer frente a esto. Tratar de salir de la crisis reforzando las relaciones de propiedad que lo sostienen y dando más libertad a los grupos de poder económico y financiero que lo dominan, como está ocurriendo, es una quimera y solo nos lleva a empeorar la situación. Pero también lo es limitarse a decir que hay que acabar con el capitalismo que causa la crisis y luego no ser capaz de dar pasos concretos en la transformación del día a día y en las condiciones de vida de las personas.

En tercer lugar, nos parece que la clave para salir adelante con éxito de esta nueva fase política es que en Andalucía aprovechemos las circunstancias tan críticas en las que nos encontramos, y también el renovado impulso político que han supuesto los resultados electorales, para modificar las inercias que nos vienen dominando. Cambiar el modelo productivo es algo que lleva mucho más que una legislatura pero en cuatro años sí se puede reorientar con otras bases que generen más recursos endógenos y nos hagan a todos menos dependientes y acomodaticios, fomentando la innovación y la creatividad, la creación de más y de nuevos tipos de empresas, sobre todo de economía social, y acabando con los pactos no escritos que han convertido a nuestra economía en esclava del urbanismo salvaje y de los pelotazos financieros.

Finalmente, creemos que si bien es cierto que la gobernación de esta nueva etapa debe recaer sobre el Partido Socialista e Izquierda Unida, la realidad es que éstos no podrán conseguir avances sustanciales si no favorecen lo más posible la participación y el debate social y la generación de un amplio bloque social de progreso que actúe de cortafuegos y como contrapoder frente a las tensiones a las que sin duda va a estar sometida Andalucía en los próximos años. Si los partidos que gobiernen se limitan a asumir la representación de la sociedad sin hacer que ésta sea la verdadera protagonista de la vida política en nuevos espacios y con nuevas formas de gestión y decisión, su liderazgo va a ser impotente, frustrante y muy efímero.

Otro 28-F en Andalucía

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Publicado en público.es el 27 de marzo de 2012

El 28 de febrero de 1980 se celebró un referendum en Andalucía con el que la extinta UCD trataba de impedir que Andalucía accediera al autogobierno por el artículo 151 de la Constitución, en las mismas condiciones que Cataluña o el País Vasco. Confiada en su histórico dominio de la voluntad popular, la derecha mintió y manipuló y terminó sufriendo una derrota histórica. No tanto por el resultado sino por lo que tuvo de auténtico levantamiento frente al poder oligárquico que el pueblo andaluz encontraba escondido entonces tras las maniobras de las derechas andaluza y madrileña, como en tantas otras ocasiones, confabuladas contra sus intereses.

Las elecciones del domingo me han recordado lo que sucedió aquel 28-F. La derecha andaluza estaba en los últimos meses tan segura de su victoria que ni por asomo pensaba que no llegase a gobernar porque pudiera ocurrir lo que ha ocurrido.

Los resultados electorales son sencillamente una respuesta bastante contundente al dar por hecho que las cosas en Andalucía han de ser necesariamente como digan los de siempre y un rechazo igualmente expreso a los recortes y mentiras del gobierno del PP que en menos de tres meses casi está haciendo bueno al de Zapatero.

A mi juicio, los resultados muestran muy nítidamente que una mayoría sustancial de la población desea un cambio de progreso y que sea la izquierda quien lo dirija a partir de ahora. La cuestión que está por ver es si el Partido Socialista e Izquierda Unida están dispuestos a sumar esfuerzos para regenerar la vida política y evitar que se vuelvan a dar los episodios de corrupción que se han producido en los gobiernos de Chaves y Griñán, para cambiar de modelo productivo y para avanzar en Andalucía hacia una auténtica democracia, participativa y abierta a la deliberación social.

A una mayoría importante de los dirigentes del Partido Socialista parece que les cuesta demasiado pensar y actuar en términos de izquierda, incluso en los de la socialdemocracia, y más bien actúan, como antes demostró la gestión del gobierno de ZP y ahora algunas de las propuestas que están haciendo en las Cortes, abducidos por el neoliberalismo. Si en Andalucía no son capaces de liberarse de esa servidumbre va a ser muy difícil que puedan responder al mandato popular que parecen encerrar los resultados electorales y que, en realidad, simplemente implica que los socialistas sean fieles a los principios y valores de los que hace gala su partido.

Izquierda Unida, por su parte, se debate también entre contradicciones. Líderes como José Manuel Sánchez Gordillo siguen renunciando a participar en un hipotético gobierno o incluso a llegar a pactos con el PSOE. Algo incomprensible en alguien de acción como él y que se reputa revolucionario porque renunciar al boletín oficial para escribir en él nuevas normas que consoliden cambios políticos, cuando se puede hacer y sobre todo en estos momentos de ofensiva neoliberal, es prescindir del instrumento que, junto a la presión ciudadana, hace firme cualquier transformación social.

Izquierda Unida tiene la oportunidad de demostrar en Andalucía que tiene alternativas y que sabe hacer las cosas de otro modo para cambiar la sociedad y, además, de ayudar a que el partido socialista deje de hacer políticas neoliberales y refuerce a sus dirigentes y militantes más progresistas, algo que no debe ver con temor sino, todo lo contrario, como el mejor refrendo social de que sus propuestas de izquierdas son más útiles y necesarias que ninguna.

El electorado progresista andaluz se ha expresado con claridad y ahora corresponde a las dos principales fuerzas de la izquierda estar a su altura. Al PSOE le toca demostrar que en su seno hay vida y no solo contaminación neoliberal y a IU que es una fuerza política en el pleno sentido de la palabra, capaz de hacer cestos con las mimbres existentes y de poner en marcha procesos de empoderamiento y cambio social efectivo. Lo ha hecho en otros niveles de gobierno y ahora le toca hacerlo en Andalucía.

La cuestión no es baladí. Generar en Andalucía un potente polo de resistencia frente a las políticas de recortes del gobierno de Madrid es hoy día una precondición para que se inicie en toda España la reconquista de los derechos sociales y personales en peligro. Algo que no será posible sin implicar en ese reto a un amplio bloque social de progreso que precisa del impulso conjunto de las fuerzas políticas de izquierda, de los sindicatos y de todos los movimientos y organizaciones empeñados sinceramente en decir No a las políticas neoliberales que es, en suma, lo que dijeron también los andaluces el pasado domingo.