Escuela de formación de Attac Sevilla

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¿Qué hacer con nuestro dinero?. ¿Podemos vivir sin la banca?
Mesa redonda con José Antonio Carbonell, Director de Triodos Bank en Andalucía y representantes de FIARE, de Oikocredit y de Coop57

Fecha: 16 de abril de 2012. De 18,30 a 21 h.
Lugar: Casa de Provincia. Sevilla

Actúa

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La Editorial Debate acaba de sacar a la calle el libro ACTÚA, una nueva llamada a la acción de maestros como José Luis Sampedro y Federico Mayor, analistas de la talla de Rosa María Artal o Ignacio Escolar, personalidades como Baltasar Garzón y políticos tan rompedores como Juan López de Uralde, entre otros. Esta vez no tengo el honor, como en REACCIONA, de formar parte de ese grupo (evidentemente no por decisión propia) pero Angels Martínez Castells, Carlos Berzosa y Albert Recio analizan los aspectos económicos mucho mejor de lo que yo pudiera haberlo hecho.

Recomiendo leerlo, difundirlo y, sobre todo, poner en marcha su mensaje principal: ¡actuar!

¿Cómo y con quién salir de la crisis?

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Publicado en En Lucha, marzo 2012

Cualquiera que haya estudiado con cierto rigor al capitalismo sabe que las crisis son intrínsecas a su funcionamiento. Y a poco que se haya profundizado en su evolución durante los últimos treinta años se podrá comprobar que ha sido justo entonces —cuando el capital está operando más libremente que nunca— cuando ha habido más crisis o situaciones de perturbaciones graves. Eso tiene que ver con bastantes factores muy diversos que no puedo analizar aquí pero, sobre todo, con un hecho fundamental: la incompatibilidad que se da entre la búsqueda constante del beneficio privado (que además lleva a que los propietarios del capital traten de concentrar cada vez más su poder) y la satisfacción de las necesidades sociales. Una incompatibilidad que no solo produce desigualdad e insatisfacción crecientes, sino la inestabilidad de las propias relaciones capitalistas. Sigue leyendo

Contra los Presupuestos del Estado, más justicia y nuevas formas de actividad económica

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Comunicado de las Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción (Abril 2012)

Los Presupuestos Generales del Estado que acaba de presentar el Gobierno del Partido Popular han sido calificados por el Ministro de Asuntos Exteriores como “de guerra”, aunque se le olvidó señalar que son, efectivamente, de guerra pero contra las clases trabajadoras, contra los pensionistas y jóvenes, contra la inmensa mayoría de las familias, contra las pequeñas y medianas empresas que crean empleo, contra los trabajadores autónomos y contra la propia economía española en su conjunto, que una vez más queda sometida a los intereses de los grandes poderes empresariales y financieros.

Se trata de unos Presupuestos que recortan los gastos destinados a financiar el bienestar social y también los que necesitan las empresas y los trabajadores para generar actividad económica y empleo, de manera que con toda seguridad van a llevar a la economía española a una recesión aún más fuerte y a una pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo.

El Gobierno los justifica como necesarios afirmando que con ellos se podrá saldar en mejores condiciones el déficit público y de esa manera recobrar la senda de crecimiento económico pero lo cierto es que esto último será imposible con los recortes de gasto que contemplan y que las previsiones de ingresos que plantea van a ser insuficientes para generar recursos suficientes que alivien la carga de la deuda.

Los Presupuestos conllevan recortes de gasto brutales en partidas esenciales no solo para el bienestar sino para que la economía funcione. Sin necesidad de reproducir aquí el análisis exhaustivo que han hecho diversos analistas y organizaciones sociales y políticas, podemos simplemente señalar que se reducen casi al completo partidas como las de las políticas activas de empleo, los servicios de dependencia o los planes de creación de escuelas infantiles y que otras tan decisivas para nuestra economía y sociedad como las de impulso de la investigación, la educación, la salud, el apoyo a pequeñas y medianas empresas, o la lucha contra la violencia de género sufren recortes de incluso más del 30% en algunos casos, que van a hacer prácticamente imposible que se puedan mantener los niveles esenciales de provisión de esos servicios.

El Gobierno ha renunciando de nuevo, como ya sucedió con el anterior del Partido Socialista, a llevar a cabo una reforma fiscal que mejor el sistema impositivo en la línea de la equidad y la eficiencia recaudatoria, a pesar de que nuestro nivel de ingresos fiscales en relación con el PIB está muy por debajo de la media de las naciones de nuestro entorno a las que dicen que hemos de parecernos. En cuanto a política impositiva, además del aumento en el IRPF que aprobó en diciembre pasado y que en un 75% recaerá sobre las rentas del trabajo, el Gobierno prácticamente se ha limitado a realizar algunas modificaciones de segundo orden en el Impuesto de Sociedades que de ninguna manera evitan su problema principal: ser un gravamen que recae principalmente sobre las pequeñas y medianas empresas que crean empleo mientras que las grandes se benefician de deducciones que les permiten tener una carga mucho menor. Y, sobre todo, ha aprobado una vergonzosa regularización que es en realidad una amnistía fiscal para los defraudadores que no solo viola los principios más elementales de la igualdad de trato y de la justicia sino que, para colmo, ni siquiera va a suponer un incremento efectivo de la recaudación.

Además, las previsiones del Gobierno están claramente sobrevaloradas, de modo que se puede afirmar que con toda seguridad no se van a cumplir las estimaciones de ingresos previstas, precisamente porque las medidas de recorte del gasto van a producir una caída del PIB y, por tanto, una disminución de la recaudación mucho mayor de la estimada.

El hecho evidente de que ni siquiera sean unos Presupuestos que vayan a poder conseguir mejores condiciones para reducir el déficit, porque a la postre y a medio y largo plazo van a a hundir a la economía española en la depresión, nos lleva a denunciar lo que verdaderamente representan: la cesión vergonzosa de un gobierno ante la gran patronal y los poderes financieros que simplemente desean disponer de nuevos negocios privados donde antes había provisión de servicios públicos y, además, dejar aún más de contribuir a las finanzas públicas.

La prueba evidente de que estos Presupuestos no responden a un análisis serio de lo que necesita la economía española sino a la cobarde sumisión del gobierno ante los grandes poderes económicos es que una semana después de haberlos presentado y de manera improvisada se anunció un hachazo adicional de 10.000 millones de euros al gasto en sanidad y educación.

La promotora Estatal de las Mesas de Convergencia y Acción denuncian una vez más y ahora con motivo de la presentación de los Presupuestos las mentiras reiteradas que se lanzan a la población para ocultar los motivos reales de las políticas que se vienen llevando a cabo. No es verdad que se orienten a salir de la crisis sino a utilizarla como excusa para satisfacer aún más los intereses de los grupos oligárquicos que han adquirido un poder político decisivo y que están utilizando al Gobierno no solo para aplicar estas medidas de política económica tan lesivas para la inmensa mayoría de la sociedad sino para acabar lo más rápidamente posible con los ya de por sí escasos resortes democráticos existentes para canalizar la protesta y la rebeldía social.

Precisamente por ello llamamos a rechazar con urgencia estas medidas y concretamente los Presupuestos Generales del Estado. Reclamamos la voz de todas las personas “de abajo” de nuestra sociedad para generar una oleada de convergencia y acción en las calles, en los puestos de trabajo, en los centros de enseñanza, en los barrios y en todas las instituciones en donde puedan oírse para manifestar el rechazo a la injusticia y la inutilidad que suponen estos Presupuestos. Y también para difundir entre la ciudadanía las alternativas existentes: la reforma fiscal que haga pagar a las grandes empresas y patrimonios, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, el repudio de la deuda ilegítima, la nacionalización de la banca que garantice la financiación de la actividad empresarial y la creación de empleo, la actuación del Banco Central Europeo como un auténtico banco central que nos evite ser esclavos de los mercados, la inmediata puesta en marcha de programas de estímulo de la actividad económica basados en la promoción del desarrollo sostenible y en el equilibrio con la naturaleza, o la promoción de nuevos tipos de actividades y fórmulas empresariales que signifiquen un auténtico cambio en nuestro modelo productivo, entre otras.

La traición

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Publicado en publico.es el 13 de abril de 2012

Imaginemos que por cualquiera de nuestras fronteras penetran unos cuantos batallones de tanques destruyendo a su paso fábricas y locales de empresas, hospitales, escuelas… y todo tipo de instalaciones e incluso produciendo daños personales a miles de individuos.

¿Qué pensaríamos si el Gobierno, en lugar de tratar de frenarlos disponiendo frente a ellos a los militares que juraron defender siempre la integridad de la Patria, se sometiera a sus dictados y permitiera que siguieran destruyendo nuestra riqueza?

Sin duda, creo yo, lo condenaríamos por felón y el pueblo tendría entonces todo el derecho a levantarse contra él y a imponer otro fiel y no traidor a la Nación y a los intereses de sus ciudadanos.

Salvando las distancias, eso es lo que viene pasando desde hace meses, no solo desde que Rajoy es Presidente del Gobierno.

No nos engañemos. Todo el mundo sabe que son intereses extranjeros y algunos nacionales espurios quienes están imponiendo medidas que destruyen nuestra riqueza. Solo una ingenuidad infinita puede hacer creer que esas medidas son el resultado del ejercicio libre de nuestro poder soberano como Nación. Por mucho que se disimule, como hace el Ministro de Guindos, cuando dice que se toman “por convicción”, es muy evidente que responden a una extorsión continuada de especuladores que ha llegado a ser calificada, con toda la razón, como “terrorismo financiero” por el Presidente de la Junta de Andalucía. Ex presidentes europeos nada sospechosos como Delors, Schmidt, Santer… han reconocido que son los mercados financieros quienes nos gobiernan. Y el propio Rajoy declaraba hace unos días que ni a él ni a sus ministros les gustaban los Presupuestos que han presentado.

Es una evidencia: nuestra Nación está siendo sometida a un ataque inmisericorde desde el exterior que viene produciendo un daño gigantesco. El Inspector de Hacienda, Interventor y Auditor del Estado Agustín Turiel acaba de demostrar que la deuda ilegítima que soporta el Estado español (excluyendo la de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales) como consecuencia de tener que hacer frente a compromisos derivados de las políticas que se le imponen desde “los mercados” es nada más y nada menos que 120.842 millones de euros. Una cifra fabulosa a la que habría que añadir la del coste incalculable que producen la pérdida de millones de puestos de trabajo, la destrucción de miles de empresas y de los patrimonios de otros miles de empresarios y trabajadores como consecuencia también de las reformas sucesivas y de los recortes de gasto asociados a las políticas mal llamadas de austeridad y de apoyo a la banca que imponen los mercados.

Nadie, ningún país, ningún ejército, ningún general, ningún gobierno, ningún ser humano tiene nunca la garantía de ganar todas las batallas que se le ponen por delante pero todos ellos tienen la obligación de darlas cuando él mismo o la Nación a la que representa es atacada y dañada. Y es traidor quien en lugar de servirla se somete sin más a quien la ataca y destruye y quien en lugar de defender a su población la somete a severos e innecesarios sacrificios para satisfacer a quienes solo desean vencerla para aumentar sus riquezas a su costa.

Los gobiernos de España, el anterior y el actual, han tenido y tienen ante sí una doble opción, la de la dignidad o la de la rendición cobarde. Y están optando por esta última para simple beneplácito de los bancos y de los grandes capitales. Nuestro gobierno podría dar un golpe en la mesa de Europa y gritar “¡Basta ya!” con firmeza y afirmar con fuerza que ya está bien de imposiciones absurdas que están condenando a  toda a Europa a un dramático futuro de depresión y malestar. España no es una mota de polvo en la Unión Europea y podría hacer valer con éxito su presencia, entre otras cosas, porque sus intereses coinciden con los de otros muchos socios. Nuestro gobierno podría reclamar que el Banco Central Europeo actúe como un auténtico banco central y garantice la financiación a los Estados y a la economía sin someter a los gobiernos, a los ciudadanos y a las empresas que crean empleo a la esclavitud insensata de los bancos que provocaron la crisis y que se muestran incapaces de cumplir con la función que les corresponde. Podrían exigir un programa paneuropeo de estímulo y, en fin, las soluciones alternativas que hasta los propios expertos liberales están empezando a pedir ante la insensatez de las autoridades europeas, presas del poder financiero, y que permitirían hacer frente con más fortuna al abismo ante el que nos encontramos.

En lugar de eso, como he dicho, siguen prefiriendo obedecer a los poderosos y sacrificar los intereses nacionales incluso de la manera tan vergonzosa y chapucera con que anunciaron el recorte adicional de 10.000 millones de euros en servicios esenciales de salud y educación, tan solo una semana después de haber presentado los Presupuestos y al dictado de los especuladores.

No vale con que el Gobierno de Rajoy se ponga gallito ante otro país para defender a una multinacional tan poco ejemplar como Repsol y que en realidad tiene muy poco de española para hacer creer que se tiene dignidad y fortaleza. No. El gobierno español debe ponerse firme, como le exige la Constitución, para defender al Estado y no a los intereses particulares, por poderosos que sean.

Renunciar a defender a España y limitarse a dar por buenos los recortes y las reformas que imponen los mercados para que se llenen los bolsillo los grandes propietarios de capital, los banqueros y los especuladores a costa de sacrificios cada día más grandes para la inmensa mayoría de los españoles, como viene ocurriendo, es traicionar a la Patria a la que dicen amar y estar dispuestos a defender hasta el último suspiro… pero parece que solo desplegando banderas y con la boca pequeña.

Chapuza, mentira y traición

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Publicado en Sistema Digital el 12 de abril de 2012

A nadie le puede extrañar que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saliera por la puerta del garaje del Senado para no tener que dar cuentas a los medios de comunicación de las últimas medidas económicas que ha adoptado y concretamente del recorte adicional de 10.000 millones de euros en educación y sanidad. No extraña porque hasta el truhán más descarado sentiría vergüenza si tuviera que justificar una chapuza tan grande, una mentira tan evidente y una traición a los intereses de la Nación tan cobarde.

Es una chapuza monumental que una semana después de haber presentado los Presupuestos Generales del Estado, y después de haber negado por la mañana que se iría en esa dirección (por no hablar de las promesas que se lanzaban cuando se trataba de criticar al anterior gobierno) se anuncie un gigantesco recorte presupuestario adicional en sanidad y educación.

Si hubieran transcurrido unos meses quizá se podría argumentar que se trata de un cambio de coyuntura, de una necesidad adicional, pero ¿cómo justificar una rectificación tan grande cuando casi se puede contar en horas el tiempo transcurrido desde la presentación de las cuentas del Estado? ¿Cómo puede seguir en su puesto sin morirse de la vergüenza y dimitir un Ministro de Hacienda que ha preparado nada más y nada menos que los Presupuestos Generales del Estado con semejante falta de perspectiva y de rigor? ¿Qué se puede esperar de un Ejecutivo que actúa con una estrategia tan errada, con una percepción tan alicorta de las necesidades de la economía y la sociedad española? ¿Cómo se puede sostener un Gobierno que de una semana a otra considera que la educación y la sanidad española necesitan 10.000 millones de euros menos?

Salvo, claro está, que ese Gobierno no se esté pensando en lo que necesita el Estado y la población a la que sirve, sino lo que le exigen intereses extranjeros o particulares que actúan a la sombra incluso de los propios agentes que, por lo que se ve, mantienen en ese Consejo de Ministros.

El anuncio del recorte responde también a una mentira que es bastante fácil descubrir.

Reducir los presupuestos de educación y sanidad en esa cifra tan extraordinaria no va a  contribuir decisivamente a reducir el déficit público.

Docenas de estudios empíricos han demostrado que una disminución del gasto público supone una caída prácticamente inmediata y muy importante del Producto Interior Bruto, cuya magnitud depende del tipo de economía y de las partidas concretas en que se materialice pero que en el caso español y dándose en materia de educación y salud podría ser de entre el 60 y el 75 u 80%. También sabemos que al caer el PIB disminuye lógicamente la recaudación impositiva porque hay menos actividad económica, menos beneficios, menos sueldos y menos transacciones que gravar. La magnitud final de esta disminución también depende de diversas circunstancias (de la estructura impositiva, del peso de los impuestos en el PIB) pero no sería exagerado decir que en un país como España la disminución del PIB producida por un recorte de 10.000 millones de euros en el gasto en sanidad y educación podría suponer una disminución de más de 4.000 millones en los ingresos fiscales del Estado. Y no solo eso, sino que al aumentar el desempleo, aumentarán los subsidios del paro y posiblemente otras transferencias a las familias, en una cantidad más difícil de estimar pero que seguramente no fuese inferior a 1.000 o 1.500 millones de euros.

Es verdad que, al disminuir la provisión pública de servicios de educación y salud que conlleva ese recorte, un determinado porcentaje de la población optaría por adquirirlos en el sector privado, de modo que el efecto que acabo de señalar ser vería compensado, aunque es evidente que no sería realista pensar que lo hiciera en la misma magnitud. En definitiva, y dejando aparte el efecto distributivo y la connotación ética que sin duda tendría el recorte, lo cierto es que su efecto final sobre el déficit es bastante más reducido del que pretende alcanzar el gobierno. Digamos que aunque es buena noticia para los proveedores privados de servicios educativos y sanitarios, es una medida que seguirá siendo insuficiente para los especuladores que lo que están haciendo es apostar con ventaja y a tiro fijo sobre el hecho evidente de que con estas políticas de austeridad (y con formas de actuar como las del Partido Popular en la oposición y en el gobierno) no se va a poder reducir decisivamente el déficit público español.

Y es precisamente esta última circunstancia la que me lleva a una consideración final, pero que no es la menos importante. La actuación del gobierno me parece que supone una auténtica traición a la Nación a la que debería defender. ¿Para qué diablos sirve que nos gastemos miles de millones de euros en el Ministerio de Defensa si resulta que los verdaderos ataques que sufre nuestra población no vienen de fuerzas militares sino de los mercados, y nuestros gobiernos, en lugar de hacerles frente para defenderla, se pliegan ante ellos de manera tan cobarde?

Se podría argumentar con razón que recurrimos a los mercados para financiar nuestros gastos (e incluso que algunos de estos han sido innecesarios e injustificables y que nuestra economía necesita reformas profundas para evitar que se repitan en el futuro) y que es lógico que los mercados sean los que impongan entonces sus condiciones pero ¿hemos de aceptar sin más que los grupos financieros que dominan los mercados los manipulen para alzar artificialmente el precio de la deuda o que impongan los derechos que puedan o no disfrutar nuestros ciudadanos y las medidas de política económica que ha de adoptar nuestro gobierno?, ¿no han generado así una deuda odiosa e ilegítima a la que tenemos el derecho de repudiar?, ¿no tienen nuestros gobiernos el deber moral y político de denunciar lo que está ocurriendo, de reclamar a las autoridades europeas que igualmente la condenen y la repudien, en lugar de limitarse a aceptar los dictados de los terroristas financieros? ¿Debemos limitarnos sin más a pertenecer a un club que permite que eso suceda, que nos arruina y que institucionaliza el saqueo de las arcas públicas por los bancos y los especuladores privados, como sucede cuando se permite que el Banco Central Europeo prácticamente regale a los bancos todo el dinero que quieran para que resuelvan sus quebrantos patrimoniales especulando y comprando deuda de los gobiernos dejando sin financiación a las economía, en lugar de que lo proporcionen a los Estados y estos garanticen el funcionamiento normal de las empresas y de la economía en su conjunto? Las enciclopedias y diccionarios dicen que traicionar a la Patria es colaborar o asociarse con elementos non gratos o enemigos defraudando así a los nacionales y perjudicando sus intereses, ¿no es evidente entonces que la traiciona el Gobierno que renuncia a defender la soberanía nacional y que daña a sus ciudadanos con tal de contentar a quienes dominan los mercados?

Gobierno felón

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Si defraudo docenas de millones al Estado incumpliendo las leyes, el gobierno de Rajoy me amnistía. Si convoco un acto de resistencia pacífica contra el fraude fiscal me va a considerar miembro de una organización criminal y me encarcelará. ¡Gobierno felón!

¿Dónde están ahora los defensores de la familia?

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Publicado en publico.es el 10 de abril de 1012

Mientras ha estado gobernando el PSOE la jerarquía de la Iglesia Católica ha organizado actos en defensa de la familia a los que se sumaban complacidos los dirigentes del Partido Popular. Unos y otros afirmaban que era necesario porque la secular institución estaba en peligro por los ataques que recibía del gobierno socialista.

Se trataba de una reacción cuanto menos curiosa porque lo cierto es que cuando gobiernan  las derechas que tanto defienden a la familia, como ha sucedido en el franquismo y luego con los gobiernos del PP y de algunos nacionalismos, lo que hacen no es precisamente mejorar las condiciones de vida de las familias. Una paradoja singular.

Las acciones que lleva a cabo el PP cuando está en la oposición, llenándose la boca de valores familiares, y cuando gobierna son buena prueba de esa contradicción. Como también lo es la actitud de los obispos de derechas ante la familia cuando gobiernan unos u otros.

En la anterior etapa de gobierno del PP, liderada por Aznar, los ingresos de la inmensa mayoría de las familias, los de rentas más reducidas, bajaron; aumentó su endeudamiento; el precio de la vivienda en donde viven se disparó; e incluso los puestos de trabajo que consideraban como la muestra del milagro español fueron en su mayor parte muy precarios y de bajo salario, lo que hacía aumentar el stress que sufren los distintos miembros de las familias trabajadoras y especialmente las mujeres. Y el gasto social destinado a cubrir las necesidades de las familias en educación, salud, cuidados a personas dependiente, pensiones, etc. bajó en relación al PIB hasta los niveles que había a la muerte de Franco, lo que hizo que la diferencia con Europa aumentara en 8,6 puntos de 1996 a 2004.

La consecuencia de ello fue que en la etapa de gobierno de Aznar aumentó la desigualdad y la pobreza, sobre todo, la de las personas mayores y la infantil.

En definitiva, cuando ha gobernado la derecha se ha hablado mucho de familia pero, al final, los datos muestran que no se dedican muchos recursos, o todos los necesarios, para ayudarlas de verdad y mejorar su condición y el bienestar de sus componentes. Las familias que en la época de Aznar vivían de los beneficios empresariales sí salieron bien paradas puesto que éstos aumentaron en un 73% en ese periodo, pero las que dependían de los salarios, la inmensa mayoría, no tanto, puesto que solo subieron un 3,7%.

Y ahora con Mariano Rajoy, después de tanto discurso y manifestaciones a favor de las familias españolas, resulta que parece que vamos a seguir por el mismo camino.

Los recortes sociales que se han llevado a cabo en solo 100 días, los que contemplan los Presupuestos y los que se anuncian ya casi sin disimulo para el futuro, pueden ser dramáticos para las familias españolas.

El gobierno se dispone a recortar el derecho universal a la salud, aún más de lo que ya han hecho las derechas de Cataluña y Valencia, ha reducido o incluso eliminado recursos destinados a servicios familiares básicos como los de atención a la dependencia, ha eliminado el fomento a la emancipación (que al fin y al cabo es lo que permite crear nuevas familias) mediante las ayudas al alquiler a jóvenes. Los Presupuestos contemplan recortar la partida destinada a la gratuidad o reducción del precio de la matrícula universitaria para familias numerosas de tres hijos y ha eliminado los programas de escolarización de los niños y niñas de 0 a 3 años, mientras contemplan una reducción del 42,6% en los fondos destinados a familia e infancia, del 38,6% en los que atienden a personas mayores, o del 21,3% en los destinados a prevenir la violencia machista.

¿No es eso un ataque en toda regla a la institución familiar española?

Me gustaría saber dónde están ahora los obispos y los fervientes defensores de la institución familiar que antes salían tan belicosos en las manifestaciones. ¿Por qué no condenan ahora su pérdida de bienestar y el sufrimiento de las que están padeciendo los recortes de derechos?

Si lo que quisieran de verdad fuese defenderla, estarían de nuevo en las calles clamando contra estos recortes. Si no lo hacen, no me queda más remedio que pensar que todo era un ardid, una excusa para atacar demagógicamente a otro gobierno que no les gustaba, que en realidad se trataba de una farsa simplemente montada para recuperar el poder y los privilegios, que es lo único que parece interesarle.