El ejercicio económico que acaba de comenzar será el primero en el que tendrán vigencia unos presupuestos elaborados por la derecha, después de los años de gobiernos presidido spor
Felipe González. Aunque hay coincidencias significativas, destacan diferencias muy sustanciales.
Lo primero que se pondrá de manifiesto a lo largo del año será que, como ya es bien sabido, no existen cuestiones de principio para la derecha y los poderes económicos cuando se habla de
dinero. Ni se mantendrá la palabra dada en la campaña electoral (lo que, sin embargo, es un vicio general en nuestros regímenes demasiado partitocráticos), ni se podrá ocultar que los propios Presupuestos del Estado se han elaborado de manera poco transparente, con muchas contradicciones y bastante demagogia.
En términos generales, hay cuatro notas que caracterizan los Presupuestos de 1997. En primer lugar, que una vez más se renuncia a que los Prespuestos Generales del Estado tengan como objetivo principal la creación de empleo. Por el contrario, persiguen de manera prioritaria la reducción del déficit público con la intención de cumplir con los criterios de convergencia de
Maastricht, objetivo que se plantea de tal forma que agravará a medio plazo los problemas estructurales de la economía española.
En segundo lugar, que se realizan desde hipótesis de partida relativas a la evolución de las variables macroeconómicas que son completamente ilusorias y que no van a darse en la realidad.
Así, será imposible que se cumpla la previsión de crecimiento del PIB establecida para final de año, sencillamente porque el importante incremento previsto es contradictorio con la estrategia restrictiva que precisamente implica la política económica que impulsa el Presupuesto. Y lo mismo podría decirse de la previsión de crecimiento relativa al consumo privado, debido al contexto de paro y precariedad que no resuelven, de la del consumo público, cuando se limita la plantilla de funcionarios o se prevé disminuir el gasto en compra de bienes y servicios, o de la inversión privada.
La mejor prueba de que las grandes cifras del Presupuesto son el resultado de un quimérico juego malabar es que si se ha estimado el crecimiento del PIB en un 3% y el del empleo en un 2%, entonces el crecimiento de la productividad tendrá que ser del 1% Lo que choca rotundamente con el 2,5% de crecimiento que viene viene registrándose en los últimos años.
En tercer lugar, que la estrategia de reducción del déficit es extraordinariamente perversa, e incluso ficticia.
Por un lado, responde a lo que podríamos llamar la interpretación compulsiva o enfermiza de la convergencia. El Tratado de Maastricht exige reducir el nivel de déficit hasta el 3% del PIB, pero incluso en la letra radical del Tratado éste objetivo debe entenderse como la expresión de un proceso hacia el equilibrio estructural de las cuentas públicas. Entender este requisito como algo que debe ser conseguido en un año en concreto no sólo lleva a una estrategia traumática sino que provocará en el futuro desajustes más graves.
Sin embargo, el Gobierno ha emprendido la cruzada contra el déficit recurriendo a medidas de choque, como la congelación salarial, la venta de patrimonio público, o sencillamente aplicando la llamada contabilidad creativa» (consistente básicamente en diferir pagos en el tiempo o reducir el control sobre determinadas partidas de gasto), y no a procesos que condujeran con coherencia al saneamiento de las cuentas públicas.
Además, el Gobierno ha planteado la lucha contra el déficit como una batalla consistente principalmente en reducir el gasto público. De hecho, las previsiones menos asumibles son las
referidas al crecimiento de los ingresos públicos, lo que obligará a nuevos ajustes a lo largo del ejercicio.
Pero, al mismo tiempo que el Gobierno alardea de combatir con diligencia el incremento que considera despilfarrador del gasto público no ha tenido empacho en asumir las reivindicaciones
nacionalistas que llevarán a incrementos desconocidos del gasto, o a conceder todo tipo de satisfacciones a las administraciones territoriales que le son proclives, provocando, entre otras
cosas, un incremento notable en el gasto sanitario vinculado a los procesos de transferencias a comunidades autónomas.
De hecho, los actuales Presupuestos no consiguen reducir el peso de la totalidad del gasto público en el PIB, sino que tal y como ha sido típico de las políticas neoliberales lo que logran
(porque es lo que verdaderamente se proponen) es su reestructuración para favorecer que los intereses privados se aprovechen más fácilmente de los recursos generados por toda la sociedad.
En cuarto lugar, el Presupuesto es claramente antisocial, en el sentido de que el Gobierno no ha dudado a la hora de incorporar medidas cuyo coste será soportado con toda certeza por los
sectores sociales ya de suyo menos favorecidos.
No sólo se trata de unos Prespuestos claramente regresivos en los números, pues recortan el gasto en las áreas de mayor impacto colectivo, como educación, justicia, medio ambiente o
protección social, sino que su filosofía y la práctica de las medidas que le sirven de base implican pérdidas significativas de bienestar para la mayoría de la sociedad.
En relación con los ingresos públicos, se alcanza un nivel de regresividad desconocido hasta ahora en nuestra democracia, en virtud de la profundización en el tratamiento favorable de las
plusvalías o de la regularización de balances en el tratamiento de los fondos de inversión. A lo que debe unirse el mayor impulso de la imposición indirecta, la pérdida de progresividad y equidad en el impuesto sobre la renta, y la nula intención de promover una lucha efectiva contra el fraude o el delito fiscal (en este caso, procurando más bien todo lo contrario).
Desde este punto de vista, los Presupuestos de la derecha nacen con una voluntad explícita de renunciar a la política de ingresos públicos, único instrumento (junto con la reconsideración global del papel y naturaleza de las administraciones públicas) de evitar que los ajustes sobre el déficit recaigan principalmente sobre las rentas más bajas y los colectivos sociales más desfavorecidos.
En conclusión, lo más grave es que se trata de unos presupuestos virtuales, porque lo más dañino no es lo que dejan ver, sino lo que traerán consigo, como consecuencia del malestar social e incluso del deterioro en el equilibrio macroeconómoco que provocarán a medio plazo.