Del empleo como problema, al paro como solución

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Un economista nada sospechoso como H.G. Johnson decía hace quince años que la falta de puestos de trabajo tenía que atribuirse a una decisión deliberada de las autoridades económicas.

 Hoy día cabe reafirmar con todo rigor que la generalización del desempleo es una consecuencia inevitable de la política económica neoliberal aplicada con mayor o menor disciplina en los países avanzados. Como ha dicho Mishra, lo que ha sucedido es que el paro ha pasado de ser un problema a convertirse en la solución; una solución necesaria para hacer posible el profundo cambio en la distribución de las rentas a favor del beneficio que persiguen las políticas neoliberales. 

La estrategia neoliberal

 

Como es sabido, a lo largo de los años sesenta se fue produciendo una quiebra progresiva del modelo de crecimiento expansivo de la posguerra que se manifestó, fundamentalmente, en tres
grandes aspectos.

 

En primer lugar, en el agotamiento de la base tecnológica del sistema (a mitad de los años setenta, más del 50% de las máquinas herramientas existentes en Estados Unidos tenían más de diez años). Con la técnica disponible en aquellos momentos no se podía hacer frente al nuevo tipo de competencia a través de la diferenciación necesaria para actuar con éxito en mercados ya saturados. De ahí, que casi las dos terceras partes de la inversión en I+D se dedicara a diseño de producto, drenando recursos que eran necesarios para la reconversión tecnológica. En segundo lugar, en el endeudamiento generalizado y, consecuentemente, en la hipertrofia de la circulación monetaria. De este fenómeno da idea el que en un sólo año, 1971, el volumen global de reservas de dólares se incrementase un 43%, cuando en 1951 sólo había crecido un 1,1%. Mientras que la producción industrial de Estados Unidos había aumentado el 200% de 1945 a 1970, los recursos vinculados a la intermediación financiera lo hicieron un 750%.

 

Este fenómeno no sólo provocó una inestabilidad monetaria permanente, sino también, y sobre todo, que la circulación financiera se fuese convirtiendo en un ámbito privilegiado de ganancia, en el lugar donde se podían realizar las operaciones más rentables, lógicamente en detrimento de la inversión productiva.

 Finalmente, se produjo un aumento significativo de las reivindicaciones obreras y de las demandas de mayores salarios facilitadas por la confianza que da la seguridad en el empleo existente en aquel tiempo. De ello se derivaba, sin embargo, una pérdida progresiva de productividad del trabajo (que sólo aumentaría el 1,5% entre 1975 y 1988, cuando en los veinte años anteriores crecía a un promedio del 4,2% anual). 

Todas estas circunstancias terminaron por provocar un caída espectacular en las tasas de beneficio y en la participación de la remuneración del capital en el total de las rentas.

 

En Estados Unidos la tasa de beneficio neto (después de amortizaciones e impuestos) cayó del 12,7 en 1966 al 3,5% en 1975. Para el conjunto de los siete países más importantes de la OCDE la parte de los salarios en el total de la renta llegó a ser en 1982 del 73%, frente a un 27% para el beneficio.

 

En este contexto, las políticas keynesianas de la época anterior no sólo eran inservibles (porque ahora había que actuar básicamente sobre la oferta y la moneda), sino además contraproducentes para los intereses del capital, puesto que se basaban en un gran pacto de rentas que tendía a mantener el satus quo distributivo, y su inercia favorecía a los asalariados.

 

Se hacían necesarias otras políticas, orientadas a resolver sobre todo los tres problemas anteriores: la recomposición de la base tecnológica, la regulación macroeconómica que respetara el nuevo estadio de la circulación financiera y asegurase buenas condiciones de rentabilización de los capitales en ese ámbito y, por último, que se dirigiese rotundamente a favorecer un cambio de tónica en la distribución de la renta, ahora a favor preferentemente de los beneficios.

 

El neoliberalismo ha resuelto esta necesidad con dos lenguajes. En el de la retórica, propugna la eficiencia, la competencia y la vuelta a los mercados libres con el propósito de lograr a su través más crecimiento económico.

 

Pero, en la práctica, consiste en una serie de estrategias, muy coherentemente urdidas, cuyos resultados son bien diferentes a las pretensiones que se quieren vender a los ciudadanos. Un consejero tatcheriano del Banco de Inglaterra reconocía expresamente que «descubrir a la opinión pública los objetivos (de las políticas adoptadas) sería un ejercicio muy peligroso…serían inaceptables para la opinión pública…».

 

En realidad, ha provocado una profunda depresión económica, como demuestra el que ni tan siquiera en la segunda mitad de los años ochenta se alcanzaran los ritmos de crecimiento anteriores, no ha logrado mayor competencia en los mercados, como prueban los mayores índices de concentración, no ha renunciado a la regulación estatal de la economía, sino cuando ésta se orienta a la protección social o a salvaguardar el bienestar colectivo, ni tampoco ha fraguado un orden comercial más libre, puesto que ha aumentado el proteccionismo de los países o grupos países más ricos. En suma, tratar de vincular la consecución de una mayor eficiencia económicacon la aplicación de las políticas neoliberales sólo es sólo es una quimera sin reflejo alguno en la realidad de las cosas.

 

Las causas del paro masivo

 

En particular, la situación del empleo en los países occidentales donde estas políticas neoliberales han sido protagonistas es hoy día una muestra evidente de su fracaso para generar bienestar y de los efectos profundamente perversos que ha traído consigo su estrategia para lograr una mejor remuneración de las rentas del capital.

 

El punto de partida de la política económica neoliberal consistió, precisamente, en provocar una profunda deflación, con un incremento brutal del desempleo en todos las economías, y, al mismo tiempo, en suprimir el pleno empleo de entre el abanico de objetivos que se persiguen. Esto puede ser controvertido, pero no por ello deja de ser una evidencia que, a la hora de formular los objetivos de la política económica, la creación de puestos de trabajo ha quedado supeditada a otros como combatir la inflación o reducir el déficit público.

 Gracias a ello ha sido posible que las medidas adoptadas en relación con el trabajo y los mercados laborales pudieran contribuir al objetivo final de recuperar las rentas del capital, objetivo sobradamente conseguido: en España, por ejemplo, la participación de las rentas del trabajo en el total de las remuneraciones es la más baja de los últimos veinticinco años. Por su lado, los beneficios recuperan el nivel que tenían en 1.971. 

La concreción de todo lo anterior como detonante del desempleo generalizado se manifiesta en tres grandes aspectos.

 

En primer lugar, recuperar la productividad del trabajo para lograr aumentar la tasa de beneficio. Esto se viene resolviendo mediante la implantación de nuevas formas de organización del trabajo industrial (más descentralizadas, flexibles y versátiles en medio de gran autonomía en los talleres). Su consecuencia evidente ha sido la menor necesidad de horas de trabajo para obtener incluso mayores volúmenes de producto y, lo que no es menos importante desde el punto del fortalecimiento empresarial, la desmembración de los movimientos obreros y su dispersión espacial que contribuye a su desorganización.

 

En segundo lugar, facilitar la movilidad del capital y la reducción de los costes salariales. Ello ha sido posible gracias a la incorporación de una base tecnológica que permite una mayor desestructuración de los procesos productivos, a la amenaza constante que significa la posibilidad de pérdida del puesto de trabajo, y a la «flexibilidad» introducida en los mercados de trabajo mediante reformas laborales regresivas. Su consecuencia más importante ha sido el proceso de desindustrialización selectiva, allí donde no se disfruta de ventajas notables para competir por vías diferentes a la reducción de costes, en favor de los espacios donde es posible conseguir mayores ventajas de salariales, así como la generalización del empleo precario y temporal.

 

Finalmente, fomentar el crecimiento económico a través del fortalecimiento de las rentas del capital, en perjuicio de las del trabajo. Las políticas macroeconómicas potenciadoras del empleo han sido paulatinamente sustituidas por aquellas con capacidad principal para incrementar la tasa de beneficio.

 

El nivel de empleo es una variable real claramente identificada con el grado de bienestar alcanzado en un momento dado en las economías. Sin embargo, el pilotaje de los «cuadros macroeconómicos» no la contempla en primer plano, como sucede paradigmáticamente en los programas de convergencia europeos. Los macroeconomistas neoliberales, por el contrario, definen un marco de variables que sólo son una expresión virtual de los que sucede en la realidad y que nunca podrán expresar nítidamente la verdadera dimensión del bienestar. Reducen así la regulación macroeconómica a un ejercicio puramente contable y por demás deficiente, pues su falta de acierto es memorable.

 

El protagonismo subsiguiente de las decisiones encaminadas sobre todo a lograr mayores ganancias (como el gobierno de los tipos de interés con la vista puesta en los tenedores de recursos financieros más que en los generadores de actividad productiva) lleva consigo un desincentivo permanente para la creación de riqueza, y ésta llega a ser sustituída por la ingeniería financiera o los servicios improductivos a la hora de servir de locomotora al crecimiento. La permanente destrucción de tejido industrial y de actividad económica generadora de riqueza no puede concluir sino en la incapacidad para generar los empleos necesarios para proporcionar ingresos a la población.

 

No puede extrañar, pues, que el paro masivo sea una connotación ya inseparable de las políticas neoliberales. Quizá sólo sorprende el empecinamiento con que los neoliberales rechazan cualquier intento de dar un cambio de rumbo a estos presupuestos a pesar de su evidente fracaso.

 

Ni tan siquiera intentos tímidos de contemplar al empleo en el centro de los objetivos de política económica merecen la más mínima atención, como sucedió con el Plan Delors, que provocó un rechazo inmediato de los ministros europeos de finanzas hasta que lograron desvirtuarlo.

 

Pero la insensibilidad de los economistas y políticos neoliberales hacia los efectos devastadores que sus políticas provocan en el empleo, preocupados como tan sólo están en salvaguardar los beneficios, no evita que nos preguntemos algo elemental: hasta qué punto es posible mantener permanentemente una situación de deterioro en los ingresos de los que menos tienen sin provocar, antes o después, una crisis social de extremada envergadura.

 

La enorme redistribución a favor del beneficio que se ha llevado a cabo en los últimos años ha dado lugar, entre otras cosas, a que la atonía del consumo privado sea ahora una rémora para la reactivación económica, como, igualmente, la destrucción de actividad productiva hará que la crisis de mañana sea más dañina, poniéndose de relieve que la política económica neoliberal sólo puede alcanzar un sólo resultado: hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, como denunciara el Premio Nobel de Economía R. Solow.

 Si no es esto lo que sinceramente se desea hay que partir del presupuesto de que nuestras sociedades no pueden vivir de la retórica macroeconómica, de la ingeniería financiera y de la precariedad en el empleo, como si los recursos para cubrir las necesidades de todos fueran simplemente un botín de guerra para unos pocos.

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