El gobierno del Partido Popular se propone que todas las administraciones públicas alcancen un déficit cero en el año 2002, lo que sencillamente significa que ninguna de ellas, ni el Estado en general, podrá administrar sus recursos incurriendo en un volumen de gastos mayor que el de los ingresos correspondientes.
El Gobierno justifica este objetivo en los mandatos derivados de Maastricht y en las ventajasque de la desaparición del déficit público se van a derivar para la economía y la sociedad.
Parece que se trata de un objetivo muy razonable y los ciudadanos no suelen percatarse delo que verdaderamente implica.
Es obvio que ninguna economía, ninguna empresa ni ninguna familia puede soportar déficitsfinancieros de manera creciente y continuada, lo que justifica que la propia existencia de déficitspúblicos sea un problema que haya que considerar siempre como tal. Pero no es menos evidenteque cualquier agente económico puede resolver en determinados momentos su situación financiera,justamente, incurriendo en déficits que luego salda una vez que sanea adecuadamante su situación.Un razonamiento tan intuitivo y elemental, pero tan sumamente razonable, debe llevar a establecer que el asunto del déficit público hay que situarlo en el contexto real en el que se produce y, al mismo tiempo, partiendo del supuesto de que es bastante simple considerarlo como algo intrínsecamente negativo.
Se argumenta que suprimir para siempre los déficits públicos es la única forma de impulsar el crecimiento y el empleo, pero lo cierto es que estos han aumentado registrándose déficits. No se puede demostrar que sea la inexistencia de déficit lo que ha permitido mejorar la situación económica. Como es también indemostrable que lo mejor sea conseguir el déficit cero, en lugar de un déficit del dos o el tres por ciento sobre el PIB, o en lugar, sencillamente del superávit presupuestario. Como en tantas otras ocasiones, los economistas neoliberales elevan a la categoría de verdades absolutas lo que no son sino puros presupuestos ideológicos.
Lo que favorece el crecimiento, la acumulación de capitales y el empleo es el mantenimiento de ciertos equilibrios entre la oferta y la demanda globales que se generan en las economías y lo que más bien sabemos con cierta seguridad es que el déficit puede contribuir a favorecer ese equilibrio si se produce en los momentos y en las condiciones de financiación adecuados. Como es igualmente cierto, pues no se trata de negar este extremo, que puede generar graves problemas a corto y largo plazo si crece sin control y continuadamente, o si se produce innecesariamente en condiciones en las que el gasto es ya más que suficiente.
Por lo tanto, puede decirse que el obstinado empeño del gobierno para eliminar los déficits públicos puede convertirse en una severa limitación, en una renuncia fatal si la situación económica cambiase y se hiciera necesario recurrir a él, como en otras ocasiones, para sostener el crecimiento y la acumulación de capitales. Lo que ocurre es que el gobierno renuncia a considerar el déficit como un instrumento de política económica –necesario en unas ocasiones y completamente indeseable en otras- para limitarse a demonizarlo por las razones más profundas que apuntaré más abajo.
Se suele señalar también que la existencia de déficits va acompañada de un excesivo gasto público que compite con el privado y que provoca disminuciones globales en la eficiencia y en la productividad de la economía. Pero se olvida algo tan elemental como el hecho de que el déficit no tiene por qué estar vinculado sólo a un alto gasto público sino a ingresos públicos reducidos o insuficientes.
Lo que ocurre con el gobierno del Partido Popular es que se renuncia de forma expresa a alcanzar niveles de imposición que impliquen una redistribución efectiva de la riqueza, lo que entonces obliga a reducir gastos públicos para contener el déficit. A pesar del esfuerzo realizado en los últimos años, España está todavía muy por detrás de otros países europeos en niveles generales de bienestar social, lo que significa que la política fiscal del gobierno popular, lejos de hacernos converger con Europa, nos separa de sus niveles medios de calidad de vida. En realidad, sólo está logrando debilitar nuestras estructuras públicas de bienestar a costa de que nuestros ciudadanos ricos sean cada vez más ricos y los que menos contribuyen con sus impuestos al bienestar general.
El gobierno español no ha hecho expresión alguna de estos problemas. Se limita a dar por sentada la bondad de la estabilidad presupuestaria y renuncia a explicitar sus verdaderos objetivos estratégicos.
Es necesario preguntarse desde otros puntos de vista qué se puede estar pretendiendo cuando se demoniza el déficit, cuando se renuncia a su capacidad de estabilizar muchas situaciones económicas y, sobre todo, cuando, renunciando a la política impositiva, en realidad se está provocando que aparezca para inmediatamente condenarlo y evitar así que aumente el gasto público del que pueden beneficiarse todos los ciudadanos.