La brecha salarial entre mujeres y hombres

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Traigo aquí unos datos interesantes sobre las diferencias de ingresos entre mujeres y hombres. Se refieren a Estados Unidos pero creo que la discriminación que reflejan es perfectamente extrapolable a otros países, aunque lógicamente no coincidan exactamente en las cifras.

– Las mujeres ganan, de media, el 77% de lo que gana un hombre. Eso significa que deben trabajar 15,5 meses para ganar lo que los hombres ganan en 12. La diferencia es mayor si son negras o latinas: ganan el 58,7% y el 69,1%, respectivamente, de lo que gana, de media, un hombre blanco.

– Las mujeres suelen trabajar en sectores de salarios más bajos: el 68% de los empleos en educación y el 78% en salud y cuidados los ocupan mujeres. Pero incluso en esos sectores su salario es mucho menor que el de los hombres.

– Mayores estudios no mejoran la brecha salarial entre mujeres y hombres. La que se acumula a lo largo de la vida de las mujeres y los hombres que no han terminado secundaria es de 300,000 $, mientras que la de las mujeres que han terminado, al menos, bachiller, es de 723,000 $. Las mujeres con grado de doctora ganan 350.000 $ menos que los hombres con igual titulación a lo largo de sus carreras. Las directoras ejecutivas de empresas ganan el 69% que lo que ganan los hombres y las abogadas un 74%.

– Las mujeres con educación superior ganan, como media, el 80% que los hombres en el primer año de trabajo después de graduarse en las mismas carreras. Diez años después, ganan el 69%.

– El dinero que, como media, gana de menos una mujer respecto a un hombre a lo largo de su vida permitiría alimentar a una familia de cuatro miembros durante 37 años.

– Las mujeres solteras sufren una mayor discriminación: ganan el 78,8% de los que ganan las mujeres casadas y el 57% del ingreso de los hombres casados.

– El ingreso de las mujeres trabajadoras deja de crecer, como media, a los 39 años. En el caso de los hombres, a los 48.

– Para las mujeres de edades comprendidas entre 25 y 29 la diferencia anual media con el ingreso de hombres de esa misma edad es de 1.702 $. En los últimos cinco años de su vida activa, la diferencia ha subido a 14.352 $.

– En 1967, las mujeres ganaban, de media, un 58% de lo que ganaban entonces los hombres. De seguir con este ritmo, serán necesarios 45 años para lograr terminar con la actual diferenciación salarial.

En resumen, la brecha salarial entre mujeres y hombres y la discriminación que refleja es cuantiosa e innegable en Estados Unidos, como en casi todos los países. A  pesar de ello, hay quien piensa que hablar de diferencias o desigualdad «de género», es decir, la que se produce entre mujeres y hombres por causas que no tienen nada que ver con sus posibles diferencias biológicas, es algo gratuito y sin fundamento.

Fuentes:

Sarah Jane Glynn y Audrey Powers , The Top 10 Facts About the Wage Gap Women Are Still Earning Less than Men Across the Board.

Judy Goldberg, Dey and Catherine Hill, Behind the Pay Gap By.

Catherine Rampell, Mapping the Glass Ceiling.

Annie-Rose Strasser, Despite Growing Number Of Female Doctors And Lawyers, Women’s Pay Still Lags Behind.

Institute for Women’s Policy Research (IWPR), On 100th Anniversary of International Women’s Day, 45 More Years Needed to Close Gender Wage Gap in the U.S

La Troika destroza a Europa

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Publicado en Público.es el 1 de febrero de 2013

Una reciente investigación del Center for Economic and Policy Research de Estados Unidos (Mark Weisbrot y Helene Jorgensen Macroeconomic Policy Advice and the Article IV Consultations: A European Union Case Study), vuelve a demostrar que las políticas que viene imponiendo el Fondo Monetario Internacional a los países europeos se basan en juicios y análisis erróneos y que resultan muy perjudiciales no solo para la inmensa mayoría de la población sino también para la economía en su conjunto, puesto que provocan efectos contrarios a los que dicen perseguir.

Este tipo de conclusiones no son nuevas pero es muy importante tenerlas una vez más en cuenta para denunciar continuamente a los miembros de la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el propio FMI) como responsables directos de la nueva fase recesiva en la que han hecho entrar a Europa y, por tanto, de los sufrimientos de una gran parte de su población.

La investigación señala que hay dos grandes patrones de actuación en estas políticas. Uno, la reducción del gasto y el tamaño del sector público, en muchos casos con independencia de que eso sea apropiado, necesario o de si puede provocar una mayor caída de la actividad. El otro, disminuir la protección social a amplios sectores de la población y reducir la participación del trabajo en la renta nacional. El resultado de ambas cosas es la menor capacidad de los gobiernos para promover la actividad y el empleo y, por tanto, el incremento de la pobreza, de la exclusión social y de la desigualdad.

En relación con las propuestas de ese tipo que recomienda el FMI, la investigación subraya que no hay evidencias empíricas que demuestren su conveniencia y eficacia y que, en la mayoría de los casos, se hacen sin tomar en consideración factores que podrían producir otros resultados distintos a los previstos por los informes del Fondo. Así, indica que éste suele proponer en todos los países la subida de la edad de jubilación sin considerar la diferente esperanza de vida en cada uno de ellos. O que hace previsiones alarmistas sobre la evolución de la población jubilada para justificar recortes en las pensiones sin tener en cuenta el incremento en la productividad, que puede permitir (como ha pasado hasta ahora) que menos empleados puedan sostener a mayor población inactiva. Y también muestra lo poco razonable que resulta la constante predilección del FMI por hacer que incremente la oferta de trabajo con independencia de cuál sea la tasa de desempleo o de participación de la población en el mercado laboral que haya en cada país.

El estudio del CEPR subraya que las políticas que el FMI impone a Europa en materia laboral están abrumadoramente orientadas a reducir los salarios, bien directamente, bien por la vía de disminuir el poder de negociación de los trabajadores. Y demuestra que esa estrategia, unida a la consolidación fiscal por la vía de disminuir el gasto público, produce una caída de la actividad y del empleo que tiende a ser tanto mayor cuanto más debilitada esté la demanda, como ahora sucede en la Europa donde se está llevando cabo. Y este efecto procíclico (que básicamente consiste en empeorar las cosas cuando estas ya van mal) se agudiza con el debilitamiento de la protección al desempleo o con el aumento en la edad de jubilación.

El estudio de las propuestas del FMI en diversos países europeos (como la experiencia de otros en años anteriores) permite comprobar que se equivoca continuamente. Para poder justificarlas, recurre a infravalorar los efectos recesivos que tienen las medidas que propone ofreciendo perspectivas de crecimiento muy optimistas, pero que, cuando llega el momento, resultan siempre exageradas y nada acertadas.

En particular, el estudio señala también que es muy significativo que el FMI realice habitualmente propuestas semejantes en diversos países o momentos sin considerar las circunstancias concretas de cada uno de ellos, con un típico planteamiento de pensamiento único, uniforme a pesar de las obvias diferencias que se dan en cada caso.

Tal y como han demostrado otros informes, este del CEPR subraya que las autoridades europeas han adoptado estas políticas a sabiendas de que iban a producir una recaída de la actividad y del desempleo y la pobreza, pero que lo han hecho pensando que solo manteniendo esa presión sobre los gobiernos podrían lograr que éstos realizaran las reformas institucionales que en realidad son las que van buscando: privatizaciones que pongan en manos de los grandes grupos privados el patrimonio público, y reformas laborales que aumenten el poder empresarial, principalmente. Concretamente, señala que el Banco Central Europeo tenía en su mano haber frenado el daño que los mercados estaban produciendo a países como España e Italia, pero que se prefirió no hacerlo para mantener la presión sobre sus gobiernos y así garantizar que siguieran aplicando reformas privatizadoras y nuevos recortes, y aunque eso empeorase la situación de sus economías o aumentara su deuda.

Finalmente, la investigación señala que las medidas que promueve el Fondo en Europa son claramente contradictorias con otros objetivos que habían propuesto alcanzar las propias autoridades europeas. Así, hace ver lo difícil que será alcanzar los resultados previstos en investigación y desarrollo tecnológico o en erradicación de la pobreza e igualdad para 2020 mientras se sigan desarrollando estrategias fiscales tan restrictivas como las impuestas hasta ahora.

En definitiva, tenemos una prueba más de que las políticas que se están aplicando en Europa con la excusa de acabar con la crisis y hacer frente a la deuda son un fraude gigantesco. El informe de Mark Weisbrot y Helene Jorgensen vuelve a demostrar que los análisis del Fondo parten de una visión deformada de la realidad y que sus conclusiones y propuestas carecen de suficiente soporte empírico. Ratifica lo que ya puso de evidencia incluso una evaluación independiente de su conducta a la hora de analizar la llegada de la crisis y sus respuestas (IMF performance in the run-up to the financial and economic crisis: IMF surveillance in 2004–07): los analistas del Fondo sobrevaloran sus prejuicios y se refuerzan unos a otros las ideas preconcebidas, no tienen en cuenta lo que contradice sus puntos de vista y se refugian en un pensamiento de grupo que les impide ver la realidad cuando esta no es la que desean reflejar en sus documentos. Son un caso claro de “captura intelectual” (intellectual capture, dice esta evaluación que acabo de mencionar). Algo que sería impensable que pudiera suceder una vez detrás de otra si no fuera porque se hace al servicio de los poderosos, porque todo ese trabajo falseado es lo que permite justificar como si fueran científicas y favorables para todos las políticas que solo benefician a la minoría privilegiada de nuestras sociedades.

Argumentos liberales

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Desde hace tiempo envía comentarios a mi web un tal Libérrimo. Nunca da la cara, nunca da su nombre, ni el correo. Actúa siempre bajo el anonimato y tratando de combatir mi pensamiento copiando y pegando textos que salen en otras web. La fortaleza de sus argumentos es impresionante. Aquí dejo una muestra de ello.

¿Para qué sirven las privatizaciones?

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Publicado en Sistema Digital el 31 de enero de 2013

Las políticas neoliberales se presentan casi siempre revestidas de argumentaciones sofisticadas y bien difundidas gracias a la generosa financiación de los grandes grupos financieros y empresariales a grupos mediáticos y de investigación, a académicos, economistas y periodistas que se encargan de crear opinión favorable a las medidas que toman los gobiernos. Sin embargo, las evidencias empíricas que pudieran demostrar la veracidad de esos argumentos con prácticamente nulas en casi todos los casos. En estos momentos estamos sufriendo una nueva amenaza al bienestar social y a la eficiencia económica que igualmente se trata de justificar como imprescindible y positiva con argumentos que una vez más carecen de fundamento y realismo.

Me refiero a la nueva fase del proceso privatizador que en España comenzó a mediados de los años ochenta del pasado siglo, que ha ido dejando unas secuelas lamentables en nuestra economía y que ahora se dirige hacia servicios públicos esenciales en el sector sanitario y educativo.

De 1984 a 1996 se llevaron a cabo unas 70 operaciones de privatización de empresas públicas mediante distintos tipos de procedimientos, generalmente orientadas a abrir su capital a los intereses privados y casi siempre justificadas por la necesidad de ajustarse a lo establecido en las normas y directivas de la Unión Europea, a la que nos incorporábamos en esos años.

Más tarde, y hasta el final de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, se entró en una segunda fase, muy distinta, más radical y orientada a desmantelar la práctica totalidad del sector público empresarial español para ponerlo en manos del capital privado. Y ahora, como he dicho, se trata de hacer lo mismo con la sanidad y la educación públicas.

Esto último era algo difícil de justificar en años anteriores, dado el alto aprecio que la población tiene por esos servicios, pero ahora se puede utilizar la crisis y los problemas de la deuda pública para argumentar que es algo imprescindible para resolverlos.

Este argumento se une a los que siempre se han dado para llevar a cabo las privatizaciones: que hay que acatar las normas europeas, que es imprescindible vender para proporcionar recursos al Estado y que, además, al hacerlo se dispondría de los mismos bienes o servicios a menor precio y con mayor calidad y eficacia.

Los medios de comunicación e incluso muchas revistas académicas están llenas de textos dirigidos a justificar y desarrollar estas tres ideas pero, como señalé al principio, la evidencia empírica muestra claramente que no tienen mucho fundamento y que no reflejan la realidad de lo que sucede cuando se privatizan empresas o servicios públicos.

Es verdad que la Unión Europea ha impuesto un adelgazamiento del sector público (con el mismo objetivo que en España) pero no lo es menos que aquí se ha llegado más lejos innecesariamente, con el único propósito de satisfacer en mayor medida a los grupos privados interesados en quedarse con la antigua propiedad pública. Buena prueba de ello es que en otros países aún perviven empresas públicas en sectores estratégicos que en España han sido desmantelados.

Tampoco es verdad que las privatizaciones sean una fuente de ingresos netos para los Estados. Son, por el contrario, un negocio ruinoso. Las que se llevaron a cabo de 1984 a 1996 reportaron un total aproximado de 13.200 millones de euros, y las que se realizaron de este último año a 2007, unos 30.000 millones. La prueba de que fueron operaciones nefastas para los intereses del conjunto de la sociedad española es que solo cuatro empresas en su día privatizadas (Telefónica, Gas Natural, Endesa y Repsol) obtuvieron en un solo año, 2011, unos beneficios superiores a los 10.000 millones de euros, y todas las de energía y telecomunicación más de 12.000. Si a ello se le suman los que hubieran proporcionado los antiguos bancos públicos y las demás empresas privatizadas, es fácil deducir que lo que ha producido su traspaso a manos privadas es una extraordinaria merma en los ingresos del Estado.

Finalmente, tampoco es cierto que la privatización haya generado más competencia. En realidad, se ha reproducido el mismo mercado de carácter oligopolista, ineficiente y caldo de cultivo de grandes acuerdos para imponer precios a los consumidores. La prueba la tienen mes a mes todos los españoles cuando pagan las tarifas que suelen estar entre las más elevadas de toda Europa.

Y tampoco es cierto que la privatización vaya acompañada de mejor calidad en el servicio. Por el contrario, diversos estudios han demostrado que las política de privatizaciones están asociadas al aumento de la mortalidad por abuso de alcohol, enfermedades cardiovasculares, suicidios y homicidios, especialmente entre hombres. Y está bien demostrado que llevan consigo la disminución del número de médicos, dentistas y de camas cuando se llevan a cabo en el sector hospitalario.

Los estudios empíricos que se han llevado a cabo en España, como el de las profesoras Laura Cabeza y Silvia Gómez Ansón, demuestran que las antiguas empresas públicas no han registrado «mejora significativa en la rentabilidad, en la eficiencia, en el volumen de ventas y de inversión, ni cambios significativos en el nivel de endeudamiento o en el empleo» después de haber sido privatizadas («Los procesos de privatización en España: determinantes e implicaciones de la eficiencia empresarial», ‘Estudios de economía aplicada’, vol. 27-2, 2009, p. 20).

Los resultados de las privatizaciones han sido simplemente el beneficio de los grupos privados que adquirieron la propiedad pública a bajo precio. No hay rentabilidad social en ellas y en realidad constituyen un vergonzoso expolio al conjunto de la sociedad. Por eso urge que en España se lleve a cabo una investigación profunda de las privatizaciones realizadas, de las condiciones en que se efectuaron, de sus beneficiarios y de lo que éstos dieron a cambio a quienes las aprobaron y ejecutaron, que no ha sido poco, como puede comprobarse casi a diario cuando se tienen noticias de la corrupción tan generalizada en los partidos que las impulsaron. Ningún robo debe quedar impune y es un elemental deber de ejercicio democrático que la ciudadanía conozca lo que se ha hecho con su patrimonio, así como castigar a los culpables de su dilapidación en manos de grupos privados amigos.

Izquierda Unida no se entera: las mujeres también cuentan

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Estamos en 2013 y parece mentira que los dirigentes de Izquierda Unida no se hayan enterado aún de que más de la mitad de la población son mujeres y que la inmensa mayoría de ellas, con toda la razón, no se van a sentir representadas por fuerzas políticas en donde las mujeres no tengan visibilidad.

¿Hablamos claro?

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Hoy comienzo una colaboración semanal en El País Andalucía que aparecerá todos los domingos. En esta primera ocasión me pregunto si no deberíamos hablar claro y abrir ya un debate social amplio, transparente y participativo para abordar de otro modo los problemas de la economía y la sociedad andaluzas. Con más del 30% de paro no podemos echarle la culpa a los demás ni seguir con un modelo que a la vista está a donde nos lleva. Puede leerse en la web del diario: ¿Hablamos claro?