Alfonso Guerra y la izquierda

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Leo una entrevista en la que Alfonso Guerra afirma que no identifica a Baltasar Garzón con la izquierda. Cada vez le doy menos importancia a los encasillamientos nominalistas pero la verdad es que me resulta chocante esa afirmación. Salvo que Guerra identifique la izquierda con los recortes brutales, la reforma constitucional y las demás medidas «contra» la crisis que tomó Zapatero y que él apoyó y permitió que salieran adelante con su voto en el Parlamento.

Todos tenemos incoherencias pero a algunos se les nota mucho más que a otros.

Crímenes económicos contra la humanidad

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Publicado en Sistema Digital el 27 de mayo de 2013

En la doctrina internacional hace tiempo que están tipificados los delitos contra la humanidad, o de lesa humanidad. Se entiende que son «diferentes tipos de actos inhumanos graves cuando que reúnen dos requisitos, su comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, que producen sufrimientos graves o daños físicos o mentales a las personas (Joana Abrisketa, Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo).

Se considera que este tipo de ataques son criminales cuando se realizan por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, o bien por otros que sean universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional.

Sin embargo, quedan fuera de esa consideración las conductas que tienen naturaleza económica a pesar de que no sería difícil apreciar que algunas de ellas pueden entrar claramente en el tipo de las que habitualmente son consideradas como crímenes contra la humanidad.

¿Cómo podría calificarse, por ejemplo, la hipotética conducta de un Gobierno que concede el servicio de agua a un monopolio que aprovecha su dominio del mercado para subir extraordinariamente los precios, provocando así la muerte de miles de personas por carencia de agua potable? ¿Cómo tipificar el hecho de que un fondo de inversión manipule los precios de una determinada materia prima alimentaria, con el único fin de lograr ganancias con ello, y provocara una hambruna que matara de hambre a cientos de miles de personas? ¿Cómo podría definirse una decisión gubernamental que privatizara servicios públicos sanitarios en un contexto de gran pérdida de poder adquisitivo y como consecuencia de ello empeorase la salud, o incluso perdieran la vida miles de personas? ¿Cómo tipificar una estafa bancaria generalizada, que provocara en cadena una crisis financiera que llevara consigo el desempleo y la ruina de millones de personas, el cierre de miles de empresas y la quiebra de sociedades y economías enteras, con los daños humanos subsiguientes?

Soy plenamente consciente de que estos casos, y otros muchos parecidos que se podrían poner sobre le mesa, son más difíciles de encajar en el concepto habitual de crímenes contra la humanidad que otros que se manifiestan en torturas, ataques militares, persecuciones, deportaciones, etc., porque determinar su naturaleza exacta y sus motivos o incluso la secuencia que provoca los daños es más complicado y menos explícito. Pero creo que esa dificultad no justifica que se deje de lado su estudio y que se avance hacia una tipificación internacional de los crímenes de lesa humanidad, que se pueden estar cometiendo por razones o mediante acciones de tipo económico.

Sin ánimo ninguno de entrar en la problemática jurídica que eso puede comportar, simplemente quisiera señalar que hay una serie de connotaciones asociadas a determinadas conductas o políticas de naturaleza económica que a mi modo de ver permiten que éstas puedan ser consideradas como verdaderos crímenes de lesa humanidad.

Las principales me parece que son las siguientes:

– Producen daños directos y también indirectos o colaterales.

Hoy día sabemos o podemos saber con toda certeza que hay políticas de ajuste, de austeridad, de privatizaciones, de reformas estructurales, o como queramos llamarlas, o estafas, engaños bancarios y decisiones empresariales, entre otras acciones o conductas, que producen sufrimientos innegables y efectos muy negativos, e incluso perfectamente cuantificables, en la vida, la salud física o mental, o el bienestar de las personas.

– Son daños a grandes masas de población.

Es decir, sufridos no por estar en una determinada situación personal sino como víctima de una estrategia de intervención amplia y a veces global sobre grandes grupos de personas o sobre actividades que le afectan directa o indirectamente. Es difícil asumir, por ejemplo, que quienes se suicidan cuando van a ser desahuciados lo hacen como consecuencia simplemente de un impulso o condición personal y no de un estado de cosas social, que es el resultado de las políticas que se llevan a cabo.

– Los daños que se producen se pueden conocer de antemano y a pesar de ello se llevan a cabo.

En la mayoría de las ocasiones incluso renunciando expresamente a realizar y mostrar a la sociedad la evaluación del impacto que van a tener -que se sabe que van a tener- las conductas o decisiones políticas que los provocan. Sabemos, como he dicho, que recortes en el gasto social de una determinada magnitud producen efectos que se pueden evaluar con bastante precisión en la mortalidad, en los suicidios, en la expansión de determinadas enfermedades, en la tasa de pobreza, etc.

– Los daños forman parte de un balance de efectos muy asimétrico.

Las medidas o conductas económicas que podrían ser susceptibles de ser consideradas crímenes contra la humanidad nunca producen solo un efecto (negativo) sobre una parte de la sociedad o la población, sino que al mismo tiempo proporcionan beneficio a otro, y de hecho es fácilmente deducible que es la persecución de este último lo que las provoca. Siempre dan como resultado una alteración en la distribución de la renta o la riqueza a favor de una parte, normalmente ya privilegiada, de la sociedad. Por tanto, no pueden considerarse como una especie de tratamiento neutro que accidental, indeseable o lamentablemente produzca daños a parte de la población.

– Las conductas y políticas económicas que producen este tipo de daños son el resultado de presupuestos ideológicos.

En contra de lo que se dice, no las avalan análisis científicos indubitados, que aseguren su inexorable conveniencia y prácticamente nunca hay contrastación empírica indiscutida o indiscutible que asegure su bondad o que justifique la necesidad de aplicarlas. Precisamente porque se busca el efecto anterior, se presentan con una retórica de aparente rigor pero cuyas consecuencias ni pueden ni quedan demostradas ‘ex ante’. Y de hecho, es fácilmente comprobable ‘ex post’ que casi siempre producen efectos muy contrarios a los que se presentan como justificantes de su adopción. Eso significa, por tanto, que se trata de conductas basadas o asociadas a una gran dosis de engaño consciente a la población. De hecho, es fácil comprobar que este tipo de medidas están asociadas a una evidente carencia de debate plural y transparente sobre su naturaleza, conveniencia y consecuencias y a una clara marginación de las instituciones más representativas de las preferencias sociales a la hora de tomar las decisiones que las ponen en marcha.

– Se llevan a cabo con premeditación y con conciencia del daño que producen.

Hay multitud de testimonios que demuestran que este tipo de acciones, decisiones particulares o políticas se llevan a cabo tratando precisamente de vencer los obstáculos que se sabe que dificultan su aplicación por ser muy contrarias a los deseos y preferencias ciudadanas. Y es bien sabido que para ello se utilizan no solo estrategias ‘ad hoc’ de diferente tipo sino a un gran número de funcionarios que en muchísimos casos han testimoniado la forma en que se preparan las condiciones necesarias para poder aplicarlas.

– Son conductas o decisiones de carácter político y no técnicas.

Todo lo anterior indica que cuando se producen daños como consecuencias de acciones o decisiones económicas no es por razones técnicas, como cuando se arregla un aparato o un mecanismo de ingeniería que falla, sino, políticas, como resultado de que se imponen a la sociedad unas determinadas decisiones que benefician a unos grupos en perjuicio de otros, a los que se ocasiona daños de todo tipo.

Hombres de negro: el crimen del dinero organizado

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Publicado en Público.es el 21 de mayo de 2013

Hoy martes llegan a España los llamados hombres de negro, los inspectores de la troika que vienen a dilucidar si todo marcha como se debe para que los bancos españoles puedan seguir recuperándose en beneficio final de los de Alemania y de otros países europeos.

Revisten su visita como una evaluación del ajuste que precisa nuestra economía a través de las reformas que, como ya es bien sabido, consisten en dar facilidades y ayudas a la banca, en salarios y pensiones más bajos, gasto social más reducido y privatizaciones de servicios públicos. La crisis es la excusa, y como con esas medidas será imposible que salgamos de ella, ya lo estamos viendo, dirán que las medidas adoptadas van por el buen camino pero que son aún insuficientes y que hay que seguir profundizando en ellas. Más de lo mismo para conseguir lo de siempre, que ganen los de arriba a costa de casi todos.

Actúan al unísono y siempre que hablan concitan el aplauso y el apoyo de las grandes patronales y de los banqueros. Es lo normal, cada uno son una cosa pero todos ellos vienen a ser lo mismo: el dinero organizado. De quien dijo el presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, que no era precisamente un izquierdista, que estar gobernado por él era más peligroso que estarlo por el crimen organizado.

Y llevaba razón, como podemos comprobar fácilmente en nuestros días contemplando lo que las autoridades europeas están llevando a cabo entre nosotros, un verdadero crimen del dinero organizado contra los pueblos.

¿Cómo calificar de otro modo, por ejemplo, a permitir que bancos privados como Citigroup, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bank of America, Barclays PLC, Bear Sterns, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse, Lehman Brothers, Bank of Scotland, BNP Paribas, Santander, BBVA…, entre otros, pudieran llegar a financiarse cuando estaban en dificultades al 0,01% mientras que los países se arruinan porque sus gobiernos tienen que hacerlo incluso al 50%, es decir, con intereses 5.000 veces más caros?

No exagero. La Reserva Federal de Estados Unidos llegó a proporcionar en secreto, entre el 1 de Diciembre de 2007 y el 21 de Julio de 2010, 1,2 billones de dólares (digo bien, 1,2 millones de millones) al 0,01% a algunos de los principales bancos del mundo. Y al 50% tuvo que colocar Grecia deuda pública a dos años en septiembre de 2011.

Incluso con tipos más reducidos la desproporción es abismal.

Hace unos días, el Tesoro español colocó en el mercado títulos al 4,45%. Un interés que ahora se considera bajo pero que, incluso así, es 445 veces más elevado que el 0,01% mencionado o 9 veces más caro que el 0,5% al que el Banco Central Europeo da actualmente a los bancos privados todo el dinero que le pidan.

¿Cómo no va a ser astronómica la deuda pública de gobiernos que se tienen que financiar a esos intereses tan elevados?

¿Y cómo calificar, sino como un crimen, que se les obligue a hacerlo llevándolos a la ruina, cuando podrían financiarse, al menos, en igualdad de condiciones que los bancos privados?

Si dicen que la deuda pública es tan perjudicial ¿por qué dejan que suba y suba a base de añadir intereses y de más deuda para pagarlos, cuando los déficits primarios (es decir, la diferencia entre ingresos y gastos del estado sin los intereses) son realmente reducidos, si es que se registran?

¿Cómo no calificar de crimen las sanciones y medidas que condenan a la miseria a países que han visto subir por las nubes su deuda pública simplemente por el hecho de tener que pagar intereses mucho más elevados que los bancos privados, y al mismo tiempo regalarle el dinero a éstos, que son los que  provocaron la crisis que hundió los ingresos de los estados?

Acabemos ya con las mentiras y engaños y hablemos claro. La deuda pública no es el resultado de los gastos excesivos que obliga a recortarlos para poder hacerle frente y purgar nuestros excesos, al haber vivido por encima de nuestras posibilidades, como nos vienen diciendo.

Si los saldos presupuestarios primarios de los países europeos se hubieran venido financiando con la misma generosidad con que se financia a los bancos privados la deuda pública sería hoy día mínima y no supondría problema alguno para casi ningún país. Ha crecido tanto solo y exclusivamente por la cuantía de los intereses financieros que hay que pagar desde que los gobiernos dejaron de ser financiados por los bancos centrales a interés nulo o minúsculo.

La deuda pública de ahora en Europa (como antes en otros pueblos), no es sino el crimen contra los pueblos cometido por el dinero organizado del que hablaba Roosevelt. Se acordó que los gobiernos no se financiaran por los bancos centrales (que podrían financiarlos a interés prácticamente nulo como a la banca privada) para que poco a poco estallara la deuda pública, justificando las privatizaciones, al mismo tiempo que los bancos privados hacían el agosto prestando a los estados (reciben actualmente en concepto de intereses más de 350.000 millones de euros anuales en Europa).

Para cubrir las espaldas de esa estafa, los economistas neoliberales afirman que si los bancos centrales hubieran seguido financiando sin coste a los gobiernos la inflación se hubiera disparado. Un juicio sin fundamento. Equivale a decir que una deuda del 90% del PIB, o mucho más, al 5% o incluso a tipos más elevados no crea inflación y otra del 5% del PIB (la que tendría ahora Francia si se hubiera seguido financiando por su banco central desde 1973) o del 15% del PIB (la que tendría España si desde 1989 lo hubiera hecho al 1%) sí la genera. Una patraña.

Financiando sin interés, o al interés reducido al que se presta a la banca privada, la deuda pública sería hoy minúscula incluso con el mal gasto que hayan podido realizar los gobiernos. Y lo sería mucho menor si, además, se gastase todo lo bien que se debe y sin ningún tipo de despilfarro. Y mientras que el crecimiento del gasto primario se mantuviese dentro de los márgenes del crecimiento de las economías y se asegurase demanda efectiva suficiente, no tendría que llevar consigo inflación. No hay, pues, nada que impida financiar sin interés a los gobiernos, una vez establecidas medidas elementales de cautela muy diferentes de las establecidas en la Unión Europea para justificar el status actual de la banca privada. Nada, salvo el querer mantener el privilegio que tiene ésta última.

Por eso es claro que seguir obligando a que los estados se financien con intereses elevados solo es una estrategia destinada a justificar el control salarial, la privatización progresiva de los servicios públicos y, en suma, a esclavizar a los pueblos. Es un proyecto perfectamente urdido para aumentar artificialmente la deuda que destroza sociedades y acaba con miles de vidas humanas. Un auténtico crimen organizado que perpetran, entre otros, los hombres de negro que hoy nos visitan.

Otra farsa: la reforma local

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En mi artículo de hoy en El País otra farsa más del gobierno de Rajoy: con la excusa de que los ayuntamientos gastan mucho, abren la puerta a la privatización de los servicios públicos municipales y se cargan un espacio básico de convivencia, identidad y participación democrática. Puede leerse aquí.

Apuntes para una estrategia de cambio. Artículo de Vicenç Navarro

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Por su importancia reproduzco aquí un artículo de Vicenç Navarro

Apuntes para una estrategia de cambio

Este artículo subraya la necesidad y urgencia de que se establezca un movimiento popular de carácter político que, sin transformarse en un nuevo partido político, presione para un cambio profundo de las instituciones representativas españolas (incluyendo las autonómicas), para que pueda desarrollarse una democracia más completa, que permita el necesario mejoramiento del bienestar de la ciudadanía y evite la regresión democrática y el retraso social que está ocurriendo en España.

Como he indicado en varias ocasiones, estamos viendo el final de la Primera Transición de la dictadura a la democracia, Transición que se realizó con un enorme dominio de las fuerzas conservadoras (en realidad, ultraconservadoras) que controlaban los aparatos del Estado y la mayoría de los mayores medios de difusión y persuasión. Este dominio quedó reflejado en el sistema político que se estableció durante aquel proceso de Transición, el cual, aún cuando se define como democrático, se caracteriza por su escasísima sensibilidad y calidad democrática. Varios indicadores, entre otros muchos, reflejan tales limitaciones. Uno de ellos es el diseño y composición del Estado y sus políticas públicas, en las cuales las fuerzas conservadoras (de varios signos políticos) tienen gran protagonismo. Otro indicador de la baja calidad democrática es la ley electoral, la cual está profundamente sesgada en contra de amplios sectores de las izquierdas.
Esta situación ha generado un sistema representativo que es distante de la opinión popular, siendo esta última, por lo general, más progresista que las políticas públicas llevadas a cabo por la clase política gobernante. La distancia entre gobernantes y gobernados es enorme en España. La democracia en este sistema llamado representativo se limita a votar cada cuatro años dentro de un contexto sesgado en el que el voto útil y las leyes electorales reproducen un bipartidismo que se considera por la población gobernada como insuficiente y conservador, pues limita las posibilidades de participación en el proceso de decisión. Este conservadurismo explica el enorme retraso social de España (con uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15) y su inhabilidad de admitir que el Estado español es un Estado plurinacional. Estos grandes déficits democráticos se han acentuado con las crisis financieras y económicas actuales, donde las enormes limitaciones de la democracia española aparecen con toda intensidad. La crisis de legitimidad del sistema político hoy existente en España es enorme.

¿Qué puede hacerse?

La mayor causa de esta crisis de legitimidad es la amplia percepción de que el Estado español (sea central o autonómico) no está realizando las políticas que la mayoría de la ciudadanía desea. De ahí el amplio apoyo al eslogan del 15-M de que “no nos representan”. ¿Qué puede hacerse ante esta realidad?

Una medida muy urgente es romper con el fatalismo que parece haberse adueñado de amplios sectores de la población de que no hay nada que pueda hacerse para cambiar tales políticas. El abusivo control de los medios de mayor difusión del país (controlados por la estructura del poder, y muy en especial del financiero) hace que el mensaje procedente del establishment de que “no hay alternativas”, esté calando en la percepción popular. A esta percepción está contribuyendo el mensaje extendido en algunos sectores de las izquierdas radicales de que, a no ser que todo el capitalismo desaparezca y se establezca el socialismo, no hay nada que hacer. Todo lo demás es, como decía una de estas voces, “humanizar el capitalismo”. Y puesto que no se ve que el capitalismo vaya a desaparecer pronto, el mensaje que se transmite es que no hay nada que, mientras tanto, se pueda hacer.

Lo peor de tal postura, sin embargo, es que no entiende como el cambio ocurre. Si el proyecto transformador es ir hacia un proyecto en el que cada persona reciba los recursos según su necesidad, y que éstos se financien según las habilidades y posibilidades de cada persona (lo que solía llamarse socialismo), entonces hay que darse cuenta de que el socialismo se construye y/o destruye cada día en el seno de las sociedades capitalistas. Cuando se crea o refuerza un servicio público de salud universal financiado progresivamente, por ejemplo, se está construyendo el socialismo. Cuando se privatiza su financiación, se está destruyendo. Pues bien, bajo este criterio, e independientemente de cómo se defina el proyecto, hay un enorme potencial de movilización. En realidad, varias encuestas han mostrado que la mayoría de la población en España está de acuerdo con tal principio.

De esta observación deriva la gran importancia de que las fuerzas progresistas utilicen un lenguaje y unos ejemplos de intervenciones públicas con las cuales las clases populares puedan identificarse. Y también es importante referirse a casos concretos dentro y fuera de España de experiencias exitosas (como múltiples ejemplos de cooperativismo, por ejemplo). Hay que mostrar que, en contra de lo que se nos dice, sí que hay alternativas en cada caso y en cada momento. Adoptar posturas totalizantes indicando que los cambios no son posibles a no ser que haya un cambio total del sistema (el fin del capitalismo) es paralizante. No es por casualidad que tales propuestas aparezcan entre intelectuales académicos que tienen sus necesidades inmediatas cubiertas. Las personas con necesidades exigen, con razón, que se les resuelva su problema, no en un futuro lejano, sino ahora. Y las izquierdas tienen que darles una solución ahora, y no sólo en el futuro.

La necesidad de un movimiento político

Hoy la sociedad civil está enormemente agitada. Pero las derechas continúan fuertes, y las izquierdas débiles. ¿Por qué? Una de las razones es la excesiva centralidad de la vida política en la lucha parlamentaria dentro de las instituciones del Estado donde dominan las fuerzas conservadoras. Se necesita que la riqueza de acciones reivindicativas se traduzca en un movimiento político, que no tiene porqué significar un nuevo partido político. En realidad, ya hay demasiados partidos políticos de izquierda. Las izquierdas están atomizadas en España. Lo que se necesita es una movilización de protesta y de promoción de propuestas factibles y reales para cada uno de los problemas que la ciudadanía presenta. La PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) es un ejemplo de ello. Hay que cambiar el centro de la actividad política, sin sustituirla. Es necesario crear la presión para que los partidos realicen lo que la ciudadanía desea, presión que debe ser continua y no limitarse a la esfera legislativa. El movimiento 15-M es un buen ejemplo de ello. Ha tenido un enorme impacto en cambiar la temática y narrativa política del país .

Este movimiento político debería ser la coalición de fuerzas y movimientos sociales, incluyendo también sindicatos e incluso miembros y simpatizantes de los partidos políticos (aún cuando éstos, los partidos políticos, no deberían ni instrumentalizar ni liderar tal movimiento político). Y la movilización debería crear un programa real, factible (que, por definición, la estructura de poder definirá como “utópico”, es decir, irrealizable), siendo responsabilidad de tal movimiento documentar y mostrar que sí, que es realizable. Por ejemplo, tiene que mostrarse que es factible, incluso hoy, en la situación actual, crear agencias públicas de crédito que lo ofrezcan a bajos intereses a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, o que es factible garantizar la vivienda en un país con cuatro millones de viviendas vacías, y así un largo etcétera.

Este movimiento debería ser político, es decir, debería presionar para cambiar el sistema político (desde los aparatos del Estado hasta los propios partidos políticos) para hacerlo auténticamente democrático, con unas leyes electorales proporcionales, con una representatividad mayor y no única, complementada y en ocasiones sustituida por otras formas de democracia que incluyan desde referéndums vinculantes a fórums asamblearios de decisión. Y con cambios de los sistemas de información públicos y privados, condicionando la utilización de un recurso público (las ondas radiotelevisivas en el aire) a su diversidad ideológica, puesto que la escasez de tal diversidad es uno de los mayores problemas que tiene la democracia española.

Ni que decir tiene que existirá una enorme resistencia a estos cambios. Pero estos cambios son posibles. Y la propia experiencia española así lo muestra. El problema de la Primera Transición es que los partidos de izquierda abandonaron la movilización popular (en realidad, la desmovilizaron), adaptándose rápidamente a las instituciones del Estado dominadas por las fuerzas conservadoras. Pero hay que ser conscientes de que lo que forzó el fin de la dictadura fueron las movilizaciones populares, lideradas por el movimiento obrero. Y la estructura de poder favoreció su desmovilización dando excesivo protagonismo a los partidos, y dentro de ellos a las élites gobernantes de tales partidos. Esta Segunda Transición no debería caer en el mismo problema. Los partidos políticos son importantes y fundamentales en una democracia. Pero su función (muy acentuada en los partidos auténticamente democráticos y progresistas) es la de transmitir en el lenguaje legislativo lo que exija el movimiento político avalado por la participación popular, en lugar de ser instrumentos de poderes fácticos (tanto religiosos como financieros y económicos) que violan y corrompen el proceso democrático.

Por ello seria aconsejable que se establecieran asambleas en las que se denunciaran las enormes limitaciones de la democracia existente en España y en sus CCAA, con presentación de alternativas factibles y reales que, sin lugar a dudas, crearan una enorme resistencia, hostilidad y represión, como está ocurriendo ya. Pero los jóvenes de todas las edades tienen que ser conscientes de que son los herederos de las movilizaciones de las generaciones anteriores que consiguieron establecer y expandir los derechos políticos, sociales y laborales que ahora nos están sustrayendo.

Este movimiento debería ser muy amplio, abarcando un gran abanico de sensibilidades políticas y sociales, que tuviera como objetivo realizar una segunda Transición que nos llevara de una democracia tan incompleta y de un bienestar tan insuficiente como existe hoy en España a una democracia más desarrollada, que tuviera componentes de representatividad (basada en la proporcionalidad), así como componentes de democracia directa, como referéndums vinculantes (incluyendo derechos a decidir a nivel estatal central, autonómico y local), y formas asamblearias de decisión, expuestas a un amplio abanico de medios de información abierto a todas las sensibilidades. Tal democracia facilitaría la resolución de los enormes problemas sociales y económicos que la mayoría de la población experimenta, pues tales problemas –por difícil que parezca- son de fácil solución científica, aunque de imposible resolución dentro de las estructuras políticas hoy existentes. Así de claro.