Políticas castizas

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Publicado en La Opinión de Málaga. 24-10-2004 

Cuando Zapatero nombró Ministro de Trabajo a Caldera algunos interpretaron que se le encomendaban funciones por debajo de su anterior protagonismo político. Con el tiempo, más bien parece que se trató de darle más nivel y realce a esa cartera ministerial.

 

Aún es pronto para hacer valoraciones definitivas pero por lo que se ha podido ver hasta ahora puede decirse que este Ministerio está abriendo caminos por donde otros gobiertnos casi no se atrevieron a circular, o lo hicieron con bastante timidez. Y creo que lo está haciendo bien.

 

En concreto, me parece una considerable paso adelante que Caldera no haya tenido problema en procurar que se visualice socialmente la exclusión social. Es verdad que aún no se ha avanzado todo lo que se puede y que todavía no están establecidas las líneas de actuación definitivas, pero el hecho de que el Ministro haya incorporado claramente en su agenda el problema de la exclusión social y, sobre todo, que se esté convirtiendo en un asunto al que se hace referencia bastante continuada me parece muy positivo.

 

Por regla general, los gobiernos suelen tener una gran aversión a mostrar la realidad innegable de la exclusión, la existencia de millones de personas que simplemente están al margen de los procesos sociales que llevan al bienestar y la satisfacción personal y colectiva, que ni siquiera tienen acceso al empleo menos cualificado. Son los que están en peores condiciones en nuestra sociedad porque, como decía Joan Robinson, en el capitalismo hay una cosa peor que ser explotado: no ser explotado por nadie. Pero, a pesar de ello, a los gobiernos ni siquiera les gusta echarles cuentas a los excluidos. El anterior gobierno del Partido Popular, por ejemplo, incluso modificó la Encuesta de Presupuestos Familiares de manera que será imposible cuantificar los niveles de desigualdad y pobreza que se habían obtenido a partir de encuestas anteriores. Una vieja práctica: ocultando el problema se hace creer que no existe o, lo que es peor, que ya se ha solucionado.

 

El actual Ministro de Trabajo, al menos, habla de los excluidos y está empezando a proponer políticas y propuestas que se propongan firmemente actuar sobre su situación.

 

Sobre este problema se sabe ya bastante en el mundo, entre otras cosas, porque la exclusión social se ha acentuado en los últimos años de políticas neoliberales. Aunque el hecho de que sepamos bastante sobre ella no quiere decir ni que las soluciones sean fáciles ni que se esté dispuesto a adoptar las medidas necesarias para resolver el problema.

 

Sabemos, por ejemplo, que la exclusión suele ser un fruto de la creciente desigualdad, del debilitamiento de las estructuras de bienestar colectivo, de la individualización de los comportamientos y prácticas sociales y de la menor capacidad de creación de riqueza que tienen  las políticas económicas que se viene  aplicando en los últimos años. Se gana mucho más dinero pero se genera menos actividad económica, se crea menos empleo y de peor calidad y se abre la brecha entre las personas con recursos de socialización y las que carecen de ellos. Por utilizar la expresión que utiliza el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, los «vectores de realización»  de los seres humanos, es decir, el haz de recursos y capacidades de los que depende su bienestar, son cada vez más desiguales y cada vez más personas sencillamente carecen de ellos, o al menos, no los tienen en el grado necesario como para poder insertarse activamente en los procesos sociales.

 

Otra cosa que sabemos claramente es que la inclusión social está estrechamente ligada a la capacidad de generar actividad económica y empleo de calidad.

 

Por eso es imprescindible que las políticas de empleo, las políticas sociales y la política económica general se conjuguen armoniosamente, se coordinen y complementen constantemente.

 

Pero tampoco es eso lo que suele ocurrir. En los últimos años predomina una concepción de la política económica que supedita los objetivos sociales de los gobiernos a un sacrosanto y nominal equilibrio macroeconómico cuyas virtudes reales sobre el bienestar de las personas (al menos de las que no tienen el privilegio de vivir a costa de grandes negocios) están todavía por demostrar.

 

En Andalucía, como en otras cosas, no vamos precisamente en la mejor dirección.

 

Aún cuesta trabajo asumir que visualizar la pobreza y la exclusión social no es una vergüenza, que hacer públicas las encuestas y estadísticas sobre estos temas no mancilla a los gobiernos.

 

En lugar de apostar por dar una definición propia y progresista de las políticas sociales se viene apostando en los últimos años por una privatización larvada que demasiadas veces no permite superar el asistencialismo social. Y que, para colmo, hace que la administración pública pierda el control último sobre los recursos, las estrategias y sobre el efecto final que generan sobre la sociedad.

 

A pesar de que nuestra administración autonómica ya lleva un relativamente largo camino recorrido no ha encontrado las formas de generar suficientes pasarelas y formas de cooperación que permitan optimizar los recursos y poder aplicar políticas que por definición son transversales.

 

En particular, esto es especialmente claro en la necesaria interrelación entre las políticas de empleo y las políticas sociales, algo que la Unión Europea considera un prerrequisito para lograr eficacia en cada uno de esos campos.

 

En lugar de estar a la vanguardia y apoyar lo que se realiza en la comunidad, la administración autonómica es a veces una rémora y un obstáculo que lastimosamente deben ir superando los municipios o diputaciones que están más avanzados en este tipo de políticas.

 

Hoy día se está produciendo una innovación constante en la formulación de las políticas sociales y de empleo más activas y eficaces. Andalucía no puede quedarse en la utilización más conservadora, anticuada y clientelar de los recursos. En lugar de ir por detrás de lo que incluso ya hacen algunos municipios o diputaciones la Junta debería liderar la aplicación de las políticas activas más avanzadas.

 

Me parece que en Andalucía hemos querido mantener una especie de falsa apariencia. Los problemas sociales necesitan ser conocidos socialmente y debatidos colectivamente. No se adelanta nada con ocultarlos. Por eso es importante visualizar y hablar de la exclusión, de la pobreza y del empleo de miseria que se está creando. Por eso deberíamos aprender de lo que se hace fuera de aquí. Claro que para ello hay que superar el estilo castizo de la política y creerse que eso de la modernización va en serio y empieza por cada uno de nosotros.

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