Reforma laboral: ¿Qué puede haber cambiado?

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Quien consulte las hemerotecas comprobará la opinión radical que los actuales líderes sindicales mantenían hace muy poco tiempo sobre el abaratamiento del despido y en general sobre la filosofía flexibilizadora que inspira las reformas laborales. De hecho, fue hace tres años cuando convocaron por esa causa nada menos que toda una huelga general contra el último gobierno de Felipe González.

 

Sin embargo, ahora acaban de suscribir con la cúpula empresarial un acuerdo que no es sino un evidente paso más en el proceso de reforma estructural del mercado y de la legislación
laboral que desde las posiciones más conservadoras se viene reclamando, y consiguiendo, en los últimos años.

 

Lo que algunos han llamado la «cuarta fase» de la reforma se concreta en un triple Acuerdo Interconfederal: sobre la negociación colectiva, sobre la cobertura de determinados vacíos
normativos y para la estabilidad del empleo.

 

Este último es el que más interés ha concitado, pues allí se contienen las propuestas de reforma más concretas y que pueden resumirse en dos: por un lado, la creación de un nuevo tipo de
contrato indefinido y, por otro, la modificación de las causas de extinción del contrato por razones objetivas. El nuevo contrato se puede aplicar a trabajadores con menos de 30 años o más de 45 y con más de un año en situación de paro. Tendría carácter indefinido y su gran novedad consiste en que su rescisión improcedente costaría a la empresa casi justamente la mitad (33 días de salario/año con un máximo de 24 mensualidades) de lo que cuesta actualmente rescindir con carácter improcedente un contrato fijo (45 días y un tope de 42 mensualidades).

 

A su vez, y gracias a la nueva redacción del artículo 52,c del Estatuto de los Trabajadores las empresas podrán justificar más fácilmente el despido por causas objetivas, pues éste se podrá
producir ahora a partir de circunstancias tan poco objetivables, cambiantes y siempre mejorables como su «posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda».

 

La única forma de comprobar sin sombra de duda los efectos de estas reformas es esperar el paso del tiempo. Pero a pesar de ello, es posible deducir dos consecuencias inmediatas y
elementales: por un lado, que el despido de quienes a partir de ahora sean contratados con carácter fijo (con arreglo al nuevo tipo de contrato) será mucho más barato. Por otro lado, es también seguro que las empresas podrán conseguir que muchos despidos que hasta el presente debían ser considerados por los jueces como claramente improcedentes, se declaren a partir de ahora como despidos justificados, ahorrándose así, y gracias a la reforma, cantidades importantes por esta causa.

 

En suma, puede decirse que el contenido sustancial de la reforma es sencillamente abaratar el despido. Algún periodista lo ha escrito con mayor sarcasmo: después de los contratos basura, el despido basura.

 

Nadie puede extrañarse de ello. Los economistas y políticos que sostienen las tesis neoliberales y que disfrutan de la mayor influencia pública sostienen machaconamente en los últimos
años que un prerequisito esencial para crear empleo es, en todos los lugares pero especialmente en España, flexibilizar las formas de contratación y en particular reducir el coste del despido.

 

Lo que debemos preguntarnos es si llevan razón los que afirman esto. ¿Se crearán más puestos de trabajo reduciendo la protección, abaratando el despido, disminuyendo salarios, en
suma, flexibilizando el mercado y la relación laboral?. Si la respuesta es afirmativa, hay que convenir que las reformas han sido positivas y coherentes con el objetivo aparente que persiguen, la reducción del paro.

 

El problema es que la respuesta es negativa. Aunque la realidad nada importe a los economistas liberales, lo cierto es que es bastante tozuda a la hora de desmentir sus tesis. Los más
pragmáticos de ellos, así como algunos importantes organismos internacionales, comienzan a ponerlas en duda.

 

El Informe sobre el desempleo de la OCDE del año 1996, siguiendo una linea ya expuesta antes en informes de la OIT entre otros, afirma que no hay correlación significativa entre los niveles de protección del empleo y la creación y destrucción de puestos de trabajo.

 

Pero en España se da un fenómeno curioso. Mientras que en el exterior se replantean las tesis más decididamente flexibilizadoras, e incluso se llega a conclusiones empíricas de signo
distinto, aquí comienzan a asumir la filosofía flexibilizadora quienes antes se oponían muy radicalmente a ella.

 

Dias antes de la última huelga general, N. Sartorius y D. López Garrido afirmaban que «no hay ninguna teoría económica ni práctica contrastada que relacione convenientemente flexibilidad laboral con aumento del empleo… Desregular el mercado laboral, eliminar derechos reconocidos y mantener, al tiempo, el poder omnímodo del capital en la empresa, es una ecuación inaceptable, retrógrada y, a la postre, ineficiente» (EL PAIS, 23.1.94, p.26). Después del último acuerdo flexibilizador (¿o es que tiene otra naturaleza?), el P.D. de Nueva Izquierda en el que militan afirmaba que era «una muestra de madurez y responsabilidad de los sindicatos, que beneficiará al conjunto de los trabajadores» (EL PAIS, 10.4.97, p.51).

 

Antonio Gutiérrez, Secretario General de CCOO, decía por aquel tiempo que «en ningún caso se va a admitir un toma y daca, es decir, racionalizar la contratación temporal a cambio de
facilitar el despido» (EL PAIS, 3.2.93, p.45). En ese caso, afirmaba, «no perderemos ni un minuto en responder contundentemente a las prisas de algún ministro». Cuatro años más tarde ya no hay ministros socialistas apresurados. Pareciera más bien que son ahora los dirigentes sindicales quienes tienen prisa por ofrecer pactos a los ministros de derechas.

 

Qué ha podido cambiar para que en tan poco tiempo se pase a aceptar lo que antaño se condenaba radicalmente?. La respuesta no es fácil desde luego. Pero quizá tenga que ver, por un
lado, con el acuerdo que precisamente a partir de ahora fortalecerá la posición negociadora y política de la dirección de las centrales más representativas (CCOO y UGT). Y, por otro lado, con un hecho evidente que la propia prensa ha reconocido con sagacidad: «el pacto ha sido posible tras la renovación ideológica en los aparatos sindicales en los últimos años» (CINCO DIAS, 9.4.97, p.I).

 Es una renovación legítima. Pero convendría recordar las palabras que el propio Gutiérrez dijera no hace mucho tiempo: «tener una clara referencia de izquierdas es la única manera de frenarla creciente derechización en España y en Europa» (EL PAIS, 31.3.93, p.47).

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